Bajo el ojo de Pekín: El futuro sombrío de 45 prominentes activistas prodemocráticos sellado en silencio judicial

La Alta Corte de Hong Kong, bajo la estricta supervisión de Pekín, no ha mostrado clemencia alguna hacia la disidencia. Al concluir el mayor juicio político desde la entrega de Hong Kong a la República Popular China el 1 de julio de 1997, tres magistrados del tribunal de West Kowloon condenaron el martes a 45 destacados activistas pro-democracia a penas de prisión que oscilan entre cuatro y diez años. Tras más de tres años de detención, la oposición fue declarada culpable de "conspiración para subvertir el poder del Estado" por su participación en primarias opositoras no oficiales durante el verano de 2020, un acto de desafío en un contexto marcado por la reciente imposición de una controvertida ley de seguridad nacional.

El presidente del temido tribunal, acompañado por dos jueces designados por un gobierno local sometido al control del régimen de Xi Jinping, tomó la sorprendente decisión de no leer las 82 páginas que contenían las sentencias que determinarían el futuro de la oposición. Este acto, que sugiere un desdén hacia el procedimiento judicial, se inscribe en un contexto de creciente represión, donde la lucha por las libertades enfrenta un horizonte sombrío. Los imputados, detenidos en operativos masivos en 2021, incluyen a algunas de las figuras más prominentes del movimiento pro-democracia: políticos, activistas, periodistas, académicos y líderes estudiantiles que en su momento alzaron la voz contra la erosión de los derechos en la ciudad semiautónoma. La omisión de un análisis a viva voz detallado de las condenas, en un momento tan delicado, resuena entre los críticos como un símbolo de la deshumanización del sistema judicial en un entorno cada vez más autoritario.

Entre los condenados se encuentra Benny Tai, abogado y académico de 60 años, quien fue sentenciado a una drástica pena de diez años de prisión por su papel como "cerebro" en la organización de las primarias no oficiales, consideradas un acto de subversión en el marco de las crecientes restricciones impuestas por Pekín. Asimismo, Au Nok-hin, Andrew Chiu y Ben Chung, quienes colaboraron con la acusación durante el juicio, recibieron penas de seis años y nueve meses, siete años y seis años y un mes, respectivamente. Este trío, junto a Benny Tai y Gordon Ng, condenado a siete años y tres meses por su rol organizador, ejemplifica la fractura interna generada por la represión estatal.

La segunda condena más severa recayó sobre el activista Owen Chow, quien enfrentará siete años y nueve meses de prisión. En contraste, figuras como Kwok Ka-ki, Jeremy Tam, Claudia Mo, Andy Chui y Gary Fan fueron sentenciados a penas más leves, de cuatro años y dos meses. Esta disparidad sugiere una estrategia del régimen para desincentivar la resistencia y fomentar divisiones entre los opositores, exacerbando así la polarización en un contexto de creciente autoritarismo.

El veredicto del Tribunal de Primera Instancia fue emitido el pasado mayo, donde se declaró culpables a 14 figuras prodemocráticas tras un proceso iniciado después de que China introdujese en junio de 2020 la Ley de Seguridad Nacional en la miniconstitución de la ciudad, pasando por alto el poder legislativo local. Otros dos acusados fueron absueltos, mientras que 31 admitieron los cargos: en total, eran 47 los implicados.

A pesar de las contundentes advertencias de las autoridades, 610.000 ciudadanos decidieron participar en aquellos comicios extraoficiales, lo que equivale a casi una séptima parte de la población con derecho a voto. Este significativo ejercicio democrático reflejó la resistencia de muchos residentes ante las estrictas restricciones impuestas por el régimen. No obstante, las autoridades optaron por cancelar las votaciones a la Asamblea, y finalmente Pekín instauró un nuevo marco político que impone un control riguroso sobre los representantes electos del territorio.

Los fiscales sostuvieron que los activistas habrían urdido un plan para "paralizar" al gobierno al obtener el control del Consejo Legislativo de la ciudad. Esta estrategia les permitiría bloquear presupuestos y, en última instancia, forzar la renuncia de la líder del territorio, Carrie Lam. Tal alegación refleja la percepción del régimen de que cualquier intento opositor por influir en el proceso legislativo constituye una amenaza directa a la estabilidad del gobierno.

La resolución judicial ha suscitado profundas inquietudes sobre el eventual declive del movimiento pro-democracia, así como sobre la integridad del sistema judicial y la salvaguarda de los derechos fundamentales en el territorio semiautónomo. En el transcurso de este año, cinco jueces extranjeros han abandonado la corte suprema, destacando entre ellos el exjuez del Tribunal Supremo del Reino Unido, Lord Jonathan Sumption, quien advirtió en junio que la ciudad se estaba “convirtiendo lentamente en un estado totalitario”.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, aseveró que los países occidentales, críticos fervientes del reciente juicio, estaban "profanando y pisoteando" los principios del Estado de Derecho. A su vez, el ministro de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, subrayó que las sentencias "reflejan la gravedad de los delitos" perpetrados por los activistas y "demuestran que los crímenes que amenazan la seguridad nacional deben ser sancionados con rigor".

En respuesta, Estados Unidos, Australia, Taiwán y diversas organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch y Hong Kong Democracy Council, emitieron condenas contundentes e inmediatas. Estas entidades exigieron la liberación de "los prisioneros políticos", considerando las sentencias como un claro indicador de la erosión de las libertades políticas en Hong Kong desde que Pekín asumió el control.

Precisamente, este será el núcleo temático de la audiencia que se llevará a cabo este miércoles, en la que se reexaminará judicialmente el caso del asediado empresario católico y activista pro-democracia Jimmy Lai, de 76 años. Este proceso se inscribe en el contexto de su juicio por "colusión con fuerzas extranjeras", iniciado a finales de 2023, a raíz de artículos publicados en su medio que no solo respaldaban las masivas manifestaciones antigubernamentales de 2019, sino que también formulaban críticas incisivas hacia los dirigentes de Pekín.

El magnate, de nacionalidad británica, ha optado por mantener el silencio durante sus recientes juicios, acumulando casi cuatro años de encarcelamiento. Enfrenta la posibilidad de una condena a cadena perpetua, lo que subraya una vez más la gravedad de la represión estatal que se cierne sobre aquellos que se atreven a abogar por los derechos civiles y políticos en la urbe.