El PP logra rebajar la protección del lobo ibérico en España pese a las críticas

El Partido Popular ha conseguido sacar adelante en el Congreso una enmienda al proyecto de ley contra el desperdicio alimentario que rebaja la protección del lobo ibérico. La disposición –que también cuenta con el apoyo de Vox, PNV y Junts– permite excluir a las poblaciones lupinas del norte del Duero del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre). El objetivo final de extender la exención al sur del río a lo largo del año y, así, devolver la gestión de este predador a las comunidades autónomas.

Para los colectivos ecologistas, la maniobra popular «cuela» una modificación legal «por la puerta de atrás» y «desprotege» al lobo. Mientras, el PP defiende la medida y argumenta que «los ataques de fauna silvestre» han provocado la muerte de cerca de 6.000 reses en el último año y esto ha generado un desperdicio de aproximadamente «cuatro millones de kilos de carne» en España.

Ese razonamiento atiende, en realidad, a lo que para los populares es la cuestión de fondo: en los últimos años, el aumento de estas poblaciones ha supuesto un «problema creciente» para los ganaderos, especialmente en las regiones más «loberas», como Castilla y León, Galicia y Asturias. La tesis del PP es que los ataques a cabezas de ganado se han incrementado desde que, en 2021, se incluyó al lobo a nivel nacional en el Lespre, generando pérdidas económicas en la ganadería local.

«Desde que se blindó al lobo en toda España, hay 71 manadas más en nuestro país», argumentó Milagros Marcos, diputada del PP, durante el debate en el Congreso. «Lo que tenemos que hacer es una gestión responsable; no hay que elegir entre el lobo y la ganadería», añadió.

Así, la modificación el PP permitirá a los Ejecutivos Autonómicos «intervenir de manera estricta y técnica sobre el cánido». Es decir, realizar controles poblacionales a través de planes de gestión cinegética. En Cantabria, de hecho, la consejería de Medio Ambiente ya ha anunciado «extracciones» (es decir, la caza) de unos 40 ejemplares al año.

Pero lo cierto es que existe una gran disparidad en los datos poblacionales y de ataques de lobo que manejan los Ejecutivos autonómicos y el Ministerio. Por eso, Luis Suárez, director de Conservación de WWF, señala que «una de las cosas que pedimos desde la organización, es claridad en los datos sobre daños y en el número de lobos, así como trazabilidad en los 20 millones de euros que, desde 2022, se destinan para que las comunidades con presencia del predador destinen a su gestión, ya que ha sido imposible rastrear en qué se invierten».

Suárez señala que «es complicado argumentar que en cuatro años se hayan incrementado los ataques de lobo y, asumiendo los datos generales y los proporcionados por organismos oficiales de las CCAA, no ha habido ese repunte poblacional que justifique que los daños han aumentado. Lo que sí sabemos, es que ha habido un incremento de menos del 8% de población de lobo en 10 años, lo que nos advierte de un estancamiento».

La reacción de los ecologistas

Las organizaciones ecologistas han criticado con dureza la decisión del Congreso, advirtiendo de que supone «un grave retroceso» en la conservación del lobo ibérico. Recuerdan que la inclusión del lobo en el Lespre hace tres años fue una medida basada en criterios científicos y en la necesidad de garantizar la supervivencia de la especie que «en la Península Ibérica, continúa en un estado de conservación desfavorable, según la normativa», analiza el biólogo.

Se espera que el rebaje de la protección se expanda por debajo del Duero cuando la Comisión Europea modifique el estatus de prevención del lobo, medida que puede haberse aprobado antes de verano. A partir de ahí, a los ecologistas les quedan pocas vías que agotar: «Volveremos a intentar que la especie entre en el Lespre, pues nos han hurtado ese debate», achaca Suárez.

Por lo pronto, tratarán de impulsar «medidas de coexistencia para apoyar a la ganadería, como ayudas para compra y mantenimiento de perros mastines, vallados para proteger al ganado o apoyo a la contratación de pastores en horario nocturno». Asimismo, mantendrán la «vigilancia» ante la intención de las CCAA de retomar los «controles poblacionales a través de la caza».