Víctor de Aldama y Patricia Ramos, la vida de lujo de un matrimonio ya roto

El nombre de Víctor de Aldama, uno de los principales cabecillas de la trama Koldo, se repite estos días en todas partes. Para los ciudadanos corrientes, este empresario y presunto comisionista, con varios problemas con la Justicia que ahora tira de la manta poniendo en jaque a Pedro Sánchez, era hasta ahora un auténtico desconocido. No en Moncloa, claro. Y si él era un extraño en nuestras vidas, mucho más su ya exmujer, Patricia Ramos, otro nombre a añadir a nuestras crónicas como figura clave en el blanqueo de capitales de la trama.

¿Quiénes son y qué papel ha jugado cada uno en este matrimonio roto recientemente? De Aldama, abogado y empresario, nació en Madrid en 1979. Fue asesor de Air Europa y presidente del Zamora CF, equipo de fútbol que compró cuando estaba en la ruina. El pasado mes de junio vendió sus acciones a Javier Páez, sobrino del expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera.

Ramos y De Aldama son padres de una niña de seis años, Martina, que estudia en un exclusivo colegio británico de Madrid, al que asisten los hijos de importantes políticos y empresarios. La pareja, que hasta ahora convivía en la privilegiada urbanización Ciudalcampo, al norte de Madrid, ha puesto fin a su relación en medio de las turbulencias políticas. Según ha publicado el diario Vozpópuli, Aldama podría estar saliendo actualmente con una peluquera colombiana.

Afán de ostentación

El alto nivel de vida de la familia nunca ha sido un secreto, puesto que el empresario se jactaba a menudo de su Ferrari Portofino negro, alquilado a través de una de las empresas en las que figura como titular. Con el nombre de su hija bautizaron Martina 2017 Real Estate SL, fundada en octubre de 2017, un año antes del nacimiento de la niña. Patricia Ramos es su administradora única y única socia. Fue también administradora única de Original London SL, de octubre de 2015 a junio de 2018, apoderada de Businesscity SL de abril de 2014 a mayo de 2015 y administradora única de Deluxe Fortune SL de septiembre de 2012 a marzo de 2013.

En mayo de 2021, el matrimonio ahora ya disuelto posaba para los medios tras recibir el Zamora C.F, que entonces presidía De Aldama, el premio al Mérito Fútbol por la Paz de la Organización Mundial por la Paz. Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el marido realizaba una serie de donaciones periódicas que sumaron un valor de 730.000 euros, procedentes, de acuerdo con este informe, de la trama de las mascarillas. Ramos empleó este capital en incrementar su patrimonio.

Con tal cantidad, de acuerdo con lo que dice la UCO, habría comprado una vivienda dúplex y dos plazas de garaje cerca del Hospital Isabel Zendal, en Madrid, además de un Porsche Macan GTS. El informe incluye también la adquisición por parte de la exmujer de un inmueble por valor de 2 millones a la sociedad portuguesa Atmosferaudaz, "titulada por su pareja". Lo habría hecho con la sociedad Martina 2017 Real Estate SL.

La empresa con la que Aldama transfería ese dinero estaba registrada bajo el nombre de Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL, que alcanzó operaciones por valor de 6,7 millones a través de contratos de compraventa de material sanitario durante la pandemia. A Patricia Ramos se le imputa un delito de blanqueo de capitales como administradora de la empresa Martina 2017 Real Estate.

De Aldama ha operado en estos últimos años en el mercado inmobiliario, hostelería, publicidad, tecnología, enseñanza, motor y servicios médicos, entre otros sectores. También se interesó por la compra de varios equipos, especialmente el de Córdoba. Según el sumario, habría tratado de ocultar a través de terceros una urbanización en la Moraleja, varias viviendas en Madrid y un Ferrari F12, entre otros.

En mayo de 2024, la Audiencia Nacional desestimó un recurso interpuesto por Patricia Ramos solicitando que se impugnaran dos medidas cautelares que el juez llevó a cabo el pasado 19 de febrero, poco después de destaparse el caso. En ese auto, el magistrado ordenó el bloqueo de dos de sus cuentas bancarias, a modo de embargo preventivo. También pedía a la unidad encargada de llevar a cabo el bloqueo que comunicase el saldo existente en ese momento, así como revocar cualquier transferencia pendiente de tramitación, excluyendo los cargos habituales de gastos corrientes como teléfono, luz o gas. Ramos pedía que se anulase la medida alegando que ella no se encontraba citada entre las personas que se relacionaban como posibles responsables de los delitos.