El «conseguidor» de Koldo inquieta al PSOE

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos se paseó ayer por la comisión de investigación del Senado sobre el «caso Koldo» como si fuera cabeza de cartel de una corrida en Las Ventas. En parte, por su destreza como parlamentario; y en parte, también, por la impericia o poca preparación de algunos de los portavoces de los grupos, que tenían como tarea haberse estudiado el sumario de la causa y haberse preparado unas preguntas que fueran más allá de las obviedades de los resúmenes de prensa ya conocidos sobre esta presunta trama de corrupción por la venta de mascarillas durante la pandemia.

Los trabajos de las comisiones de investigación, de Senado y Congreso, no están sirviendo, como era de esperar, para hacer ningún descubrimiento que trascienda lo ya conocido, y tampoco están ofreciendo grandes titulares, opacados, por otra parte, por la campaña de las elecciones catalanas. Lo relevante de esta trama no está en las Cortes, sino en el avance de la investigación judicial y en los movimientos que se han ido haciendo en la sombra para «ordenar» todo lo posible las comparecencias parlamentarias y contener los daños de las declaraciones de los citados, sobre todo en el Senado, donde el PP controla los trabajos con su mayoría absoluta.

El exministro y su «mano derecha», su asesor Koldo García, han coincidido en desentenderse de todo, y negarlo todo, desde una situación penal también completamente diferente, porque Ábalos no aparece en el sumario ni está imputado.

En este movimiento de control de daños, que afecta a Moncloa y al PSOE, la pieza que se antoja más débil, y que, al menos de momento, más preocupa, es la de Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y considerado como uno de los cabecillas de la trama por su presunta prevalencia en el Ministerio de Transportes. Por ello se cree que influyó para que los contratos acabaran siendo adjudicados a Soluciones de Gestión, empresa asociada a la trama. Por cierto, Aldama también estuvo con Ábalos y su asesor Koldo en el aeropuerto para recibir a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y se le conoce en la investigación como mediador en nombre de Air Europa.

Fue detenido por la Guardia Civil el 20 de febrero y está investigado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Por su grado de implicación, posee información privilegiada del caso y su colaboración con la Justicia podría ser determinante, y a él servirle para eludir un posible ingreso en prisión al no tener antecedentes.

La alarma entre algunos de los implicados, y también dentro del Partido Socialista, viene del lado de la defensa que ha contratado: el exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, abogado conocido por su tendencia a llegar a acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción para conseguir la situación más ventajosa para sus clientes, a costa de lo que comúnmente se conoce como «tirar de la manta».

Choclán ya ha llevado otros relevantes casos de corrupción en los que optó por colaborar con el Ministerio Público. Y en este hipotético escenario, el riesgo para los implicados es que dentro del «pacto encubierto» para protegerse lo máximo posible unos a otros, por el interés de todos, haya alguna pieza que se salga del acuerdo en su propio beneficio y rompa los equilibrios establecidos en la relación con los investigadores para conseguir medidas atenuantes.

De momento, sí que puede decirse que los nombres que han comparecido ya en el Senado se han mostrado leales a la estrategia de evitar inculpar al PSOE y de garantizar su silencio. Sobre Aldama, el exministro Ábalos se limitó a destacar su papel como asesor de Air Europa y apuntó que tenía muchas relaciones con Venezuela, tanto con el Gobierno como con la oposición.

La Agencia Tributaria remitió el pasado mes de febrero un informe a la Audiencia Nacional en el que indicaba que las negociaciones para el rescate público de Air Europa fueron el origen del «caso Koldo». Hacienda indicaba que Aldama se convirtió en «consultor» en la sombra de la aerolínea, lo que le permitió establecer una cercanía con funcionarios que después usó para cerrar los contratos sometidos a investigación.

De momento, cabe decir que en la dirección socialista respiran con cierta tranquilidad porque valoran que el «caso Koldo» no ha incidido en las elecciones vascas ni tampoco creen que vaya a hacerlo en las catalanas. E incluso, al contrario, opinan que con la contraofensiva que ellos han puesto en marcha en el Congreso, al final lo que se está creando es «cierto ambiente» de que los dos principales partidos vuelven a estar enzarzados en el «y tú más» y esto puede acabar beneficiando a Vox.

No temen sustos del ámbito parlamentario, ni esperan sorpresas a corto plazo del judicial: confían en que no haya más novedades sobre este escándalo hasta que pasen las próximas elecciones europeas del día 9 de junio. «No ha habido ninguna revelación que vaya más allá de las informaciones periodísticas ya conocidas».

El PP, sin embargo, sostiene que los trabajos están siguiendo el orden «lógico» y que su agenda acabará dando frutos.

Las cuentas de su mujer siguen bloqueadas

El juez de la Audiencia Nacional (AN) rechazó el recurso de apelación en la que la mujer de Víctor de Aldama, Patricia Ramos, solicitaba el desbloqueo de sus cuentas. El magistrado Ismael Moreno señala en el auto que su decisión se basa en los indicios de instrumentalización por parte de su marido de esas cuentas en el marco de las actuaciones delictivas por las que está siendo investigado.

Según la sección segunda de la Sala de lo Penal, existen elementos que apuntan a que Aldama pudo «cometer delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en relación con los contratos de emergencia formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional», informa EFE.

Y añade que el comisionista habría utilizado esas dos cuentas ahora bloqueadas para cometer los delitos con los que obtuvo un beneficio económico de 5,5 millones de euros. La Sala quiere evitar una posible sustracción de bienes.