Delgado se apresura en aclarar por qué llamó a García Ortiz en los días clave de la filtración

Dolores Delgado, ahora fiscal de Sala de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ha aprovechado la reclamación que interpuso ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la difusión de sus datos personales para aclarar la razón de las dos llamadas que hizo a Álvaro García Ortiz en los días clave (8 al 14 del pasado marzo) de la supuesta filtración del mail de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Delgado defiende que telefoneó en dos ocasiones al fiscal general del Estado por cuestiones estrictamente profesionales relativas a sus respectivas responsabilidades como miembros del Ministerio Público.

La primera vez, el día 12, expuso la exministra socialista que se comunicó por vía telefónica con García Ortiz para darle cuenta del primer curso formación inicial de la 62ª promoción de la Carrera fiscal, que se iba a celebrar pronto, del 19 al 20 de ese mismo mes.

Al día siguiente, el día 13 del pasado marzo, Delgado volvió a llamar al fiscal general, también para una dación de cuenta, pero, esta vez, del acto al que había acudido en esa jornada en su representación. La fiscal de Memoria Democrática fue en su nombre a la entrega de los premios de Derechos Humanos que presidió el Rey en la Universidad de Alcalá de Henares.

Nada que ver con el caso fiscal del novio de Ayuso que ya conocían y sobre el que tenían los mails y la denuncia de Hacienda desde el 7 de marzo en el seno de la Fiscalía General del Estado.

De hecho, se conoció por primera vez públicamente el día 13 por un medio que publicó la denuncia de la Agencia Tributaria y en el que Delgado sí que llamó a García Ortiz, pero por otros motivos, como explicó al Poder Judicial.

Pero la verdadera razón de la reclamación que presentó para pedir amparo al órgano de gobierno de jueces, como ya informó este diario, fue que este pasado lunes un periodista le contactó para informarle de que su número de teléfono profesional aparece en el informe de la UCO sobre el registro telefónico de García Ortiz que ordenó recabar el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado.

La que antecesora del actual fiscal general en este cargo puso de relieve que la información está, por tanto, en manos tanto del denunciante (la pareja de la presidenta madrileña) y las cuatro acusaciones populares (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa y el Ilustre Colegio Profesional de la Abogacía de Madrid). Denunció que ocurrió porque el alto tribunal no ha adoptado cautela alguna para evitar su previsible filtración.

Delgado, como García Ortiz, advirtió al CGPJ que esta actuación del Supremo se tradujo para ella en la recepción de reiteradas llamadas anónimas que le generaron zozobra e intranquilidad, así como inseguridad para su persona y la responsabilidad que desempeña. Delgado lo vincula directamente con que no se hayan adoptado "medidas mínimas de prevención". Se ha visto obligada a cambiar de móvil.

La Dirección de Supervisión y Control de Datos del Poder Judicial ha iniciado actuaciones previas a fin de estudiar si es procedente la toma de alguna medida y el juez Hurtado, por su parte, ha dado traslado a las partes de la causa contra García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid para que tomen posición sobre las dos quejas.