La Fiscalía vuelve a alinearse con García Ortiz: reclama archivar la causa porque no hay "ninguna prueba" contra él

La Fiscalía también pide el archivo de la investigación contra Álvaro García Ortiz por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Ángeles Sánchez Conde, "número dos" de la Fiscalía y persona de confianza de García Ortiz, asegura en el escrito remitido al alto tribunal que a pesar de la "exhaustiva investigación" no ha aflorado "ninguna prueba" que permita atribuir un delito de revelación de secretos al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada.

Sin embargo, añade, "sí se han obtenido pruebas" de que el correo remitido a la Fiscalía por la defensa de González Amador del 2 de febrero del pasado año -en el que se mostraba dispuesto a cerrar un acuerdo reconociendo el fraude fiscal que se le atribuye- "estaba en poder de diversos medios de comunicación con anterioridad a que dichos investigados tuvieran conocimiento del mismo". Algo que, subraya, "minimiza el hipotético éxito de las diligencias aún pendientes de cumplimentar".

Entre esas diligencias destaca la petición a Google y WhatsApp de los mensajes que García Ortiz borró de su móvil, según defiende en aplicación de un protocolo interno de seguridad que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, afirmó desconocer en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo.

Un informe de "indudable trascendencia"

De esta forma, el Ministerio Público se adhiere al recurso de apelación que la Abogacía del Estado ha presentado contra la decisión del instructor, el magistrado Ángel Hurtado, quien el pasado 26 de febrero acordó seguir adelante con la investigación al apreciar indicios suficientes contra los dos imputados. En ese recurso, los Servicios Jurídicos del Estado denuncian el "sesgo" de la instrucción al considerar que el juez está dando preferencia a la petición de pruebas de las acusaciones frente a las de las defensas de los investigados.

La teniente fiscal del Supremo también hace referencia al dictamen pericial que incorpora el recurso de la Abogacía del Estado sobre un correo remitido ese mismo 2 de febrero de 2024 por el entonces abogado de González Amador a un abogado del Estado "con la misma información" que contenía el correo enviado diez minutos después -sobre el que gira la investigación por revelación de secretos, una filtración en cuyo epicentro tanto la UCO como el instructor sitúan a García Ortiz- al fiscal Julián Salto, a cargo de la investigación por fraude fiscal contra el novio de Ayuso.

Sánchez Conde pide que ese dictamen pericial se incorpore a la causa principal a tenor de su "indudable trascendencia" para la investigación en la medida en que -recalca- ni en la querella ni en sus escritos ante el Supremo ni González Amador ni su defensa "ha hecho ninguna referencia a que un correo similar, o idéntico, al enviado a la Fiscalía" ese 2 de febrero "había sido remitido" el mismo día a la Abogacía del Estado. Algo que, sostiene, "debería ser objeto de explicación, dado que "el número de destinatarios" y su "identidad" -subraya- difiere de lo que consta en las diligencias.

El informe, hace hincapié, es igualmente "relevante" para "analizar las divergencias existentes" entre los correos remitidos al fiscal Julián Salto y a la Abogacía del Estado y "el documento que apareció publicado en diversos medios de comunicación en las primeras horas del 14 de marzo de 2024".

"Inexistente colaboración"

No es la primera vez que la Fiscalía reclama el archivo. Pero hasta el momento su cuestionamiento de la instrucción -y el de la Abogacía del Estado han pinchado en hueso porque la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha respaldado a Hurtado, quien recientemente ha ampliado el plazo de instrucción tras constatar la "inexistente" colaboración de García Ortiz en el esclarecimiento de los hechos.

El magistrado ha reprochado al fiscal general que haya eliminado sus mensajes y, también, las copias de seguridad, lo que le ha obligado a pedir la colaboración de la Justicia irlandesa para intentar que Google y WhatsApp recuperen esas comunicaciones. Este fue, precisamente, el principal motivo para alargar el procedimiento hasta septiembre.

El instructor solo reconoce a García Ortiz una "total colaboración" durante el registro de su despacho por la Unidad Central Operativa (UCO) el 30 de octubre del pasado año, porque a partir de entonces considera que su predisposición a esclarecer esa supuesta filtración "ha sido inexistente".