El CGPJ estudia la reclamación de García Ortiz y Delgado por la revelación de sus domicilios en un informe de la UCO

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia la reclamación que remitió el fiscal general del Estado después de que el Tribunal Supremo diera traslado a las partes del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre su registro de llamadas, incluyendo información del domicilio particular de todas las personas con las que habló del 8 al pasado 14 de marzo.

El alto tribunal reclamó a la Guardia Civil sus comunicaciones telefónicas de aquellos días porque son en los que se fraguó la presunta filtración del correo de la defensa del novio de Ayuso con el fiscal Julián Salto, por la que se investiga a Álvaro García Ortiz.

El fiscal general se queja ante el Poder Judicial de que se hayan aireado las direcciones de particulares, otros miembros del Ministerio Público e, incluso, de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como ha conocido LA RAZÓN.

García Ortiz alertó al órgano de gobierno de jueces de que va contra la legislación de protección de datos en el ámbito judicial que no se hayan omitido estos datos por parte del Supremo a la hora de dar traslado del informe policial a la defensa de Alberto González Amador y las cuatro acusaciones populares (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa y el Ilustre Colegio Profesional de la Abogacía de Madrid).

El fiscal general recuerda, citando la Ley Orgánica del Poder Judicial, que las actuaciones procesales deberán contener los datos personales que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para la instrucción.

Por otro lado, expone, en base a estar norma, que los jueces, magistrado y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) deben adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de datos personales de las resoluciones y documentos a los que puedan acceder las partes durante el procedimiento.

La "injustificada" actuación del Supremo, señala García Ortiz, podría suponer una infracción muy grave dado que -defiende- ha puesto en riesgo su seguridad personal y la de su familia, así como la de sus escoltas, compañeros fiscales y otras personas de su entorno. La alerta es tal, denuncia el fiscal general ante el CGPJ, que se ha instando a la adopción de medidas de protección en las residencias de todos a los que llamó o le llamaron en aquellos días del pasado marzo.

Por su parte, la exministra Dolores Delgado, fiscal de Sala coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha presentado una reclamación en similares términos al ser una de las afectadas.

Delgado señala en su escrito al CGPJ que el pasado lunes a las 12:45 horas un periodista le contactó para informarle de que su número de teléfono profesional aparece en el informe de la UCO y que este ha pasado a manos del denunciante (el novio de Ayuso) y las acusaciones populares sin adoptar cautela alguna para evitar -señala- su previsible filtración.

La ahora fiscal de Memoria Democrática pide, como García Ortiz, amparo al Poder Judicial tras haber recibido reiteradas llamadas anónimas que le generaron zozobra e intranquilidad, así como inseguridad para su persona y la responsabilidad que desempeña. Delgado lo vincula directamente con que no se hayan adoptado "medidas mínimas de prevención" y, con ello, se ha visto obligada a cambiar de móvil.

La Dirección de Supervisión y Control de Datos ha iniciado actuaciones previas a fin de estudiar si es procedente la toma de medidas de protección personal y de la intimidad de las personas con las que se comunicó García Ortiz y que han visto cómo la dirección de su domicilio apareció recogida en el informe de la UCO que llegó a las partes.