Función Pública

CSIF denuncia que el Gobierno deja fuera del compromiso de jubilación parcial a funcionarios y personal sanitario

Amenaza con llevar al Gobierno a los tribunales y denuncia que la tasa adicional de empleo "no llegará a tiempo"

Apenas 24 horas después de que el Gobierno se haya comprometido con los sindicatos a implantar una tasa adicional de empleo público que garantice la jubilación parcial del personal laboral del sector público, que no computaría sobre el porcentaje de tasa de reposición que se haya acordado, para que se saquen más plazas y pueda aplicarse la jubilación parcial, el sindicato mayoritario de la Administración General, CSIF, ha denunciado que el Gobierno ha dejado fuera de este compromiso al personal funcionario y al estatuario -correspondiente al personal sanitario-, pese a haber asegurado que modificaría la normativa vigente para que no se perdiera este derecho entre los funcionarios.

Desde CSIF también ha advertido de que esta medida es "insuficiente" porque la tasa adicional de personal laboral "no llegará a tiempo", ya que los cambios deberían hacerse efectivos antes del próximo 1 de abril, que es cuando entra en vigor la modificación de la Ley General de la Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores sobre jubilación parcial, por lo que ha exigido que se proceda de manera "inmediata" a la regulación de este derecho para todo el personal funcionario, estatutario y laboral, así como la convocatoria de la Mesa de Negociación. Por ello, ha avisado de que de que pondrán los servicios jurídicos del sindicato a disposición de los afiliados para "la defensa de este derecho" en los tribunales si el Ministerio de Función Pública no rectifica.

El acceso a la jubilación parcial anticipada lleva años aplicándose con normalidad entre el personal laboral del conjunto de las administraciones, pero con este nuevo compromiso han avisado de que la nueva regulación pone en riesgo la continuidad de este derecho. Así, desde la publicación del último real decreto sobre la mejora de la jubilación parcial y activa, varias administraciones, tanto autonómicas como locales, ya han manifestado que paralizarán las solicitudes sobre jubilaciones parciales con contrato de relevo, amparadas en una interpretación restrictiva de la norma, a la hora de compatibilizar esta modalidad de contrato con la regulación y las garantías de acceso al empleo público, según ha denunciado CSIF.

Tras la reunión de ayer, CSIF alertó sobre que si no se concretan las mejoras trasladadas por el ministro de Función Pública, Óscar López, "no descartamos seguir con las movilizaciones". El sindicato que lidera Miguel Borra defendió en su reunión con López una subida salarial automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y ha emplazado al Ministerio a negociar lo antes posible un nuevo acuerdo salarial.

El sindicato, que no firmó el actual acuerdo salarial al considerar que condenaba a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo, ha vuelto a reclamar que se deben abordar sin demora la recuperación de la estructura salarial, con el cobro íntegro de la paga extra, la adecuación de los grupos profesionales, la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 (eliminando la tasa de reposición) o la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo, además de exigir la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, la mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y, por supuesto, que la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.

Los sindicatos lograron que López adquiriera el compromiso para la apertura de una mesa de negociación para buscar un nuevo acuerdo marco, de carácter plurianual, que incluya, entre otras medidas, una subida salarial "por encima del IPC real" para ganar y recuperar poder adquisitivo. CC OO y UGT abogan por repetir una fórmula similar a la del anterior acuerdo, que contemplaba una subida salarial fija y otra variable, ligada a elementos como el IPC armonizado o la evolución del PIB. El sistema retributivo de parte fija y variable empleado en el primer acuerdo marco ha permitido elevar los sueldos de los funcionarios en el periodo 2022-2024 en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que ha implicado un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.

No obstante, queda pendiente de ejecutar una subida adicional y consolidable del 0,5% del año 2024, por lo que han emplazado al Gobierno a hacerla efectiva de inmediato. Ambos sindicatos quieren que el segundo acuerdo marco pivote sobre la creación de más empleo, más derechos, y la rebaja de la temporalidad en el sector público, con la supresión de la tasa de reposición de vacantes como una de sus principales demandas.

En este sentido, CSIF ha exigido aprobar cuanto antes la subida de este año y el 0, % pendiente de 2024 y, partir de ahí, que la subida salarial "se produzca de manera automática" todos los años, al igual que las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la recuperación del poder adquisitivo perdido y que se concreten mejoras en un calendario de negociación que incluya temas como las ofertas de empleo sin tasa de reposición, la jornada de 35 horas, la equiparación salarial o el teletrabajo.