La Policía recibió una petición de "asesoramiento" de la Fiscalía en pleno cerco al móvil de García Ortiz y luego la modificó

El pasado 10 de enero la Policía Nacional recibió una "solicitud de asesoramiento" de la Fiscalía General del Estado. La petición se dirigió expresamente al comisario jefe de la Brigada de Seguridad Informática, Juan Carlos Sancho, y se produjo tras la solicitud por parte del Tribunal Supremo del tráfico de llamadas del fiscal general Álvaro García Ortiz. Días después, la base de datos que registra las peticiones estaba modificada y solo figuraba 'Escrito de Fiscalía'.

Así se desprende de los documentos policiales a los que ha tenido acceso LA RAZÓN y que evidencian que la palabra "asesoramiento" desapareció del sistema interno de la Policía Nacional. No variaron, por el contrario, ni la fecha del asiento del registro (10 de enero) ni tampoco la hora (12:31 de la mañana). La petición proveniente de la Fiscalía General del Estado se tramitó desde el Ministerio de Justicia. En concreto, la gestionó una funcionaria de este departamento que dirige Félix Bolaños, tal y como consta en dichos documentos.

En el correo enviado a la Unidad de Investigación Tecnológica, se determinó que la solicitud de asesoramiento se hizo "siguiendo indicaciones del Excmo. Fiscal general del Estado". En el mismo se adjuntaron seis documentos, según fuentes de toda solvencia. Por su parte, fuentes policiales explican a este medio que los cambios registrados en el asiento no implicaron modificación alguna del contenido.

La Fiscalía General, consultada sobre este asunto, argumenta que dicho requerimiento se formuló tras incorporarse a la causa un informe de la UCO en el que se recogía su dirección personal de correo. Al respecto aclaran que el fiscal general pidió pautas a seguir ante la filtración de sus datos puesto que dicho oficio incluyó su DNI y otros datos personales cuya difusión supuso una brecha de seguridad.

Modificación de la alerta

La solicitud se produjo en pleno cerco del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, a quien investiga desde octubre por un delito de revelación de secretos. Tres días antes de que se formalizara esta petición de "asesoramiento", el magistrado instructor, Ángel Hurtado, reclamó a las operadoras de Telefónica Movistar y Vodafone los tráficos de llamadas emitidas y salientes entre los días 8 y 14 de marzo del año pasado.

En esas fechas se produjo la filtración en prensa de un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el que se reconocía la comisión de dos delitos fiscales. El alto tribunal abrió causa contra el fiscal general en octubre para esclarecer su responsabilidad con la filtración en prensa de este documento reservado que él recibió en su cuenta de correo personal la noche del 13 de marzo y que, una hora después, se publicó en un medio de comunicación.

El magistrado instructor abrió la vía para recuperar todo el contenido del teléfono del fiscal general tras constatar que tenía "cero mensajes" en el mismo. La Guardia Civil esclareció que García Ortiz borró los mensajes de su terminal móvil hasta en dos ocasiones el 16 de octubre, esto es, el mismo día que el Tribunal Supremo estimó la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y le abrió causa.

La exjefa de Seguridad de Moncloa

La UCO informó al magistrado en febrero que no se habían encontrado mensajes previos al día 16 de octubre, esto es, que no había ni rastro de todas las comunicaciones mantenidas en los días clave de marzo que ahora se investigan. Ello llevó al juez a pedir la información requerida a las compañías telefónicas tres días antes de que la Fiscalía General formulara la solicitud a la Unidad Central de Investigación Tecnológica.

Las fuentes consultadas por este medio implican en la gestión de la solicitud a la comisaria principal y entonces jefa de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, María Piedad Álvarez de Arriba. Se da la circunstancia de que antes de aterrizar en esta unidad, entre 2019 y 2022, fue jefa de seguridad de Presidencia de Gobierno en Moncloa.

Con todo, Álvarez de Arriba ya no está al frente de esta unidad policial. Apenas semanas después de que se produjera la petición de "asesoramiento" de la Fiscalía General, fue designada directora de Seguridad Global de Telefónica. Precisamente, este es uno de los entes a los que se dirigió el magistrado del Supremo para recabar información de los terminales de García Ortiz, toda vez que se constató que se habían borrado "intencionadamente".

Incidencia en el sistema interno policial

El diario El Debate informó de que el entorno del fiscal general del Estado habría tratado de recuperar información de su teléfono móvil. Para ello, una persona de su máxima confianza se puso en contacto con la cúpula de Telefónica –misma entidad cuya seguridad dirigirá ahora Álvarez de Arriba- para que le remitiese dicha información. Esta noticia se publicó el 9 de enero; dos días después de que el magistrado Hurtado se dirigiera a las operadoras telefónicas y horas antes de que entrara en el buzón de correos de la Policía la petición de asesoramiento proveniente de la Fiscalía General.

Además, y según se desprende de los documentos que obran en poder de este medio, en aquellas fechas se produjo una incidencia en el sistema de registros de la Policía. "Con motivo de una sincronización urgente necesaria para la consolidación de registros, se encuentra fuera de servicio de forma temporal la aplicación Regpol", se determinó.

Este parón del sistema afectó no solo a esta plataforma, sino a otras dos aplicaciones más. Según se hizo constar en el mensaje, el servicio iba a quedar paralizado hasta el lunes 27 de enero. "Todo lo realizado el viernes día 24 de enero se tiene que volver a realizar", determinó la comunicación. Esas fechas coinciden con la entrada del correo de la Fiscalía pidiendo asesoramiento y su posterior modificación en el que se eliminó esta parte y se dejó, únicamente, el texto "escrito de la Fiscalía".

La queja del fiscal general

Cabe destacar que el propio fiscal, en su interrogatorio ante el magistrado confirmó que cambió de terminales. Preguntado por su defensa letrada dijo que su teléfono albergaba información "ultra sensible" que podía "afectar a la seguridad del país" y que, por ello, borra todo de "manera regular". Según dijo, no solo lo hace por su libre derecho a manejar su terminal como quiera, sino porque es una "imposición legal" en atención a lo expuesto en la Ley de Protección de Datos española. Se trata de un argumento que días después rebatió en sede judicial, la fiscasuperior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.

Precisamente, y en aras a proteger la confidencialidad de sus comunicaciones, el fiscal general ha pedido al Tribunal Supremo que adopte medidas para proteger sus datos personales, después de que la Guardia Civil aportara el tráfico de las llamadas desde diciembre de 2023 a octubre de 2024. De hecho, amplió su queja al Consejo General del poder Judicial (CGPJ).

Con todo, la UCO ha acreditado recientemente que García Ortiz no ha entregado ninguno de los móviles que recibió desde la Dirección General de Transformación Digital en mayo y diciembre del año pasado. En concreto, especificó que no ha aportado ningún dispositivo desde el 7 de marzo de 2024, por lo que conserva todos los terminales empleados desde que se produjo la filtración, aquel mismo mes, hasta la actualidad.