A 102 implicados en el "procés" ya se les ha aplicado la amnistía

Dos meses después de que la amnistía al "procés" impulsada por el PSOE entrase en vigor tras recibir el visto bueno del Congreso, el número de personas que se han visto beneficiadas por la medida asciende ya a, al menos, 102, según los datos ofrecidos por EP, entre condenados que han sido exonerados y aquellos que han sido absueltos y han visto cancelados sus antecedentes penales, incluidos los de carácter policial.

De entre los encausados por su implicación en el desafío soberanista, uno de los más reconocidos que ya se ha acogido a la Ley de perdón está el jefe de gabinete del propio líder del "procés", Josep Lluís Alay.

La Sección 5 de la Audiencia de Barcelona le amnistió los presuntos delitos de prevaricación y malversación por los que estaba pendiente de juicio al haber usado dinero público de la administración catalana para un viaje a Nueva Caledonia, una isla francesa del Pacífico Sur.

Los hechos pendientes de enjuiciamiento se remiten a cuando Alay, siendo responsable de la oficina del expresident Puigdemont, se desplazó al lugar como observador del referéndum de autodeterminación que allí se celebró.

El tribunal entiende que "entre las funciones del acusado destacaba la de dar apoyo al expresidente en los asuntos y materias que éste dispusiera y otras funciones que se le encargara", y, por tanto, quedó perdonado.

También recibieron la amnistía, después de que así lo dictase el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el que fuera conseller de Interior de la Generalitat de Puigdemont y Junqueras destituida por el 1-O y la DUI, Miquel Buch, y el mosso que ejerció de escolta de Puigdemont, Lluís Escolà, en su huida de la Justicia hace casi siete años y posterior asentamiento en la localidad belga de Waterloo.

Buch nombró a Escolà en julio de 2018 asesor eventual en materia de sistemas de seguridad de la conselleria de Interior que dirigía para poder, tal y como recoge la sentencia, "dar cobertura remuneratoria a la función de protección personal y de seguridad"que le brindó al expresident.

El exconseller había sido sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión; nueve de inhabilitación para ocupar otro cargo público, y otros diez de inhabilitación absoluta por haber malversado fondos públicos de la administración catalana para este fin y prevaricado por su responsabilidad directa en el encargo.

Al antiguo sargento de los Mossos por realizar estas "funciones ajenas" a su cargo formal hasta marzo de 2019 y cobrar por ellas del erario público catalán se le impuso una pena a cuatro años de cárcel por haber malversado con caudales públicos y nueve años de inhabilitación para empleo público como cooperador necesario en el delito de prevaricación. Acabó exonerado gracias a la Ley de Amnistía.

También la que fuera alcaldesa del extinto PDeCAT en Figueras Marta Felip ha sido ya amnistiada por el Juzgado Penal número 2 de la localidad geronesa. Fue procesada en su momento como presunta autora de un delito de desobediencia y le perdonó el juez cuando aún se encontraba a la espera de ser juzgada por su participación en la preparación del referéndum independentista del 1-O en esta ciudad.

En la sentencia se recogió que la mandataria local en el ejercicio de sus funciones "emitió y suscribió un documento a modo de carta" en el que manifestaba públicamente su apoyo a la celebración de la consulta ilegal convocada por la Generalitat de Puigdemont y Junqueras.

Pese a que Felip recibió una carta de la Delegación del Gobierno en Cataluña en la que se le señalaba su deber como cargo público de que impedir o paralizar la consulta, "consintió la apertura" de una quincena de locales, que era, además, de titularidad municipal, para que fuesen utilizados como centros de votación.

El juez consideró que los actos realizados por la exalcaldesa quedaron amparados por la medida de gracia, por lo que acordó el sobreseimiento libre y el archivo de las presentes actuaciones, así como la consiguiente extinción de su responsabilidad criminal.

Pero lo mismo ocurrió con los exconcejales del PSC Carme Aragonès y Jordi Masnou. A ellos se les declaró extinguidas sus cargas legales, cuando en enero de 2023 habían aceptado un año de cárcel por coaccionar a una cadena hotelera de la localidad barcelonesa de Pineda de Mar para expulsar a un contingente de 500 policías nacionales que estaban allí alojados durante el dispositivo desplegado, por mandato judicial, para evitar el 1-O.

La Audiencia de Barcelona señaló en el auto que les confirmó como beneficiarios de la Ley de Amnistía que el delito de coacciones queda amparado por la norma por la razón de que se cometió el día siguiente del referéndum y la ley contempla la medida de gracias para actos de esta clase si se enmarcan en el movimiento independentista.

Todas las amnistías concedidas hasta ahora han sido dictaminarás por diferentes tribunales y juzgados con sede en Cataluña. Las personas a las que se les ha concedido el olvido de sus responsabilidades penales por aquellos días de 2017 estaban encausadas por diferentes delitos, de la malversación y prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, pertenencia a grupo criminal a la tenencia de artefactos explosivos, los delitos contra la seguridad vial, el atentado contra la autoridad, o los delitos contra la integridad moral y lesiones.

Así, más de 60 días después de que los jueces comenzasen a ejecutar la medida de gracia en sentencias, el número de beneficiados que habían trasladado que calculaban que habría desde la Fiscalía, alrededor de 486 personas, todavía está lejos de la realidad.

Bien es cierto que el Ministerio Público también matizó que es posible que no se pueda llegar a aplicar la amnistía en todas las causas porque hay algunas en que entran en juego delitos que no se incluyen en el texto de la Ley, como pueden ser, a modo de ejemplo, los de odio, en conjunto con otros que sí son amnistiables.