Trabajadores de centros de menores exigen un plus de peligrosidad

El personal funcionario que trabaja en los centros de protección de menores de Andalucía teme que se pueda repetir un caso como el de Badajoz. La muerte de la trabajadora social Belén Cortés en un piso tutelado a manos de tres menores ha puesto sobre la mesa la precariedad de estos trabajadores, la falta de personal en el sector y la falta de reconocimiento a la peligrosidad de su labor.

El caso de Belén desató una ola de solidaridad por toda España, con concentraciones de profesionales que trabajan en la inclusión socioeducativa de la infancia y la adolescencia para expresar no solo indignación por lo sucedido, sino también para visibilizar su hartazgo por la precariedad en la que realizan su labor.

En esta línea, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) publicó un comunicado para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con «el compromiso adquirido con el Defensor del Pueblo hace 10 años», el cual establecía un complemento específico por peligrosidad.

Entonces, el Defensor del Pueblo concluyó en la Queja 15/6893 del 15 de julio de 2015 que se «promueva una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de forma tal que el personal funcionario implicado en tareas que conlleven la posible retirada de menores de sus familias, en las que pudiera precisarse incluso el auxilio de efectivos policiales, tenga reflejado en su complemento específico la correspondiente dotación económica por la peligrosidad en el ejercicio de su labor».

El SAF recuerda que desde entonces llevan pidiendo a la Administración el reconocimiento de la peligrosidad que lleva aparejado su puesto, la última vez en 2022 mediante el Defensor del Pueblo, sin que «desde la Consejería de Inclusión Social no se haga más que poner excusas».

Según el sindicato de funcionarios, desde Igualdad respondieron con «una larga cambiada» diciendo que «en el plazo de un año elaboraría un plan de ordenación del sistema de protección a la infancia y adolescencia en Andalucía y que se modificaría la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en consecuencia y que el Plan incidiría en la modificación de sus recursos personales».

«Desde entonces no sabemos nada», critican desde el SAF, que exige a la consejera Loles López que «no espere a que ocurra una desgracia en Andalucía». «Debe actuar ya para acabar con la precariedad en los sistemas de protección de menores y reforma juvenil y cumplir de una vez por todas con los compromisos adquiridos», concluyen.

Según los últimos datos disponibles del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, hay 5.091 niños en el Sistema de Protección, el 55,2% niños y el 44,8% niñas. Del total de 5.091 menores en protección, 2.458 crecen en centros tutelados por la Administración y otros 2.240 en el seno de una familia de acogida. Ese es, precisamente, el objetivo que se ha impuesto la Consejería dirigida por Loles López: que ningún niño menor de seis años crezca en este tipo de centros de menores, una máxima que además está recogida en la ley. Andalucía es, después de Cataluña, la que cuenta con mas niños de 0 a 6 años en centros tutelados: hay 87 bebés de 0 a 3 años y 118 menores de 4 a 6 años.