Dependencia y menores extranjeros: los otros agravios a Andalucía

Más de 32.000 andaluces esperaban, al cierre de 2024, recibir una prestación por dependencia. El tiempo medio de resolución estaba en 602 días, es decir unos dos años, por lo que no extrañan los datos del Imserso: cada dos horas muere una persona en Andalucía aguardando esta ayuda. «Que el sistema no funciona lo sabemos todos», llegó a reconocer la consejera de Inclusión Social, Loles López, que apunta al déficit de financiación por parte del Estado y a la herencia recibida por los socialistas en la Junta como los principales motivos.

El acuerdo de gobierno entre Sumar y PSOE estipulaba que la financiación a la dependencia debía ser asumida en un 50% por el Estado y en un 50% por las comunidades. Pero quedó en papel mojado y nunca ha llegado a cumplirse. A ello se suma que la falta de Presupuestos, prorrogados desde 2023, hace difícil aumentar la aportación estatal.

La distribución de la financiación a la dependencia en Andalucía ha ido subiendo desde 2021, pero ni de lejos llega al 50%. Desde 2023 se distribuye así: el 62,3% de la factura es asumida por la Junta de Andalucía y el 37,7% por la Administración General. Además, según la Consejería de Inclusión, en los dos últimos años la prórroga de los Presupuestos ha hecho perder al sistema de dependencia andaluz unos 400 millones.

La consejera Loles López ha mostrado en repetidas ocasiones su enfado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por este asunto. No asistió al último Consejo Interterritorial de Atención a la Dependencia con el ministro Pablo Bustinduy, al que achacó no haber incrementado ni un euro su aportación en los años 2024 y 2025. Y la única solución que ven desde el Ejecutivo central es invitar a Andalucía a acogerse a la quita de la deuda porque «mejoraría sustancialmente los servicios públicos», en palabras del delegado del Gobierno, Pedro Fernández.

Otro de los motivos del enfado de la consejera andaluza tiene que ver, una vez más, con el desigual reparto de los fondos entre comunidades autónomas. Para conseguir ser investido presidente, Pedro Sánchez firmó con los nacionalistas vascos y gallegos (PNV y BNG) un acuerdo de investidura, que recogía, entre otros puntos, la financiación 50-50 de sus sistemas de dependencia, generando de nuevo un agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas.

Así lo hizo saber ayer de nuevo Loles López en comisión parlamentaria cuando el diputado socialista José Luis Ruiz Espejo dudó de la gestión de su consejería en la implementación de los proyectos de dependencia. López afeó al socialista hablar de financiación «sin reclamar al Gobierno un convenio similar en dependencia al que tiene el País Vasco».

Los agravios de Sánchez con Andalucía no se limitan solo a este asunto. Además de la infrafinanciación que sufre Andalucía debido a un sistema autonómico desequilibrado –por lo que está dejando de percibir en torno a 1.522 millones al año–, otro de los aspectos que más preocupa al Ejecutivo de Juanma Moreno son las diferencias de trato entre gobiernos autonómicos en lo referente a inmigración.

López criticó la cesión de competencias migratorias a los independentistas catalanes y apuntó que el Gobierno está ocultando información sobre los cupos de menores migrantes que está recibiendo la comunidad catalana. Además, acusó al Gobierno de mentir con el número de inmigrantes que ha acogido Andalucía, al asegurar que el Ejecutivo central «ha ocultado la existencia de 8.142 plazas para la acogida de migrantes en Andalucía». Según los datos aportados por el Gobierno, en enero de 2025, en Andalucía había 4.927 plazas de emergencia para la acogida de migrantes procedentes de Canarias, incluyendo a los solicitantes de asilo, con un 91,3% de ocupación. Tras solicitar la cifra de personas que realmente se han trasladado desde Canarias a Andalucía siendo solicitantes de asilo, «los datos aportados un mes más tarde por el Gobierno arrojan que existen realmente en la comunidad andaluza 13.069 plazas con una ocupación del 86,54%», señaló Loles López en la comisión parlamentaria.

«El Gobierno no sólo ha estado ocultando plazas», continuó la consejera, «sino que al pedirle esta misma información sobre el resto de comunidades, nos ha lanzado un no rotundo, por lo que desconocemos la situación real de otros territorios, como Cataluña», teniendo en cuenta, concluyó, que «servicios sociales como la sanidad o la educación los prestan las comunidades autónomas».

A todo ello se suma que el Gobierno prometió a Andalucía 50 millones para la gestión de menores migrantes y solo ha recibido 1,6, millones, según la Junta.