Tribunales

El eterno retorno de los ERE: fin del juicio del «caso Fertiberia»

La Audiencia de Sevilla completa las comparecencias de los peritos y del exsindicalista de CC OO acusado en la causa

Daniel Alberto Rivera
Daniel Alberto Rivera Europa Press

Más de un lustro después de la condena primigenia del «caso ERE», el juicio busca sentencia y siguen causas abiertas del entramado. El considerado hasta la fecha como uno de los mayores escándalos de la democracia sigue abierto en un eterno retorno, más allá de la revisión de la sentencia de la causa original del procedimiento específico que ha ordenado el Tribunal Constitucional (TC). La Audiencia de Sevilla comienza este 2025 a emitir las nuevas sentencias requeridas por el TC con relación a las ayudas arbitrarias y prosiguen los juicios de piezas separadas de dicha macrocausa como las de Fertiberia o Cenforpre.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla prevé finalizar previsiblemente hoy el juicio emprendido el pasado mes de noviembre contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y un ex sindicalista de CC OO por presuntos delitos de prevaricación y malversación en los más de 9,76 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía al margen del «procedimiento legal», para pólizas de seguro de rentas de trabajadores andaluces de la empresa Fertiberia incluidos en los expedientes de regulación de empleo acometidos por tal entidad, informó Europa Press. Hoy están previstas las conclusiones definitivas de las partes y los informes finales de las mismas, después de que ayer declararan los últimos peritos convocados y haya comparecido como acusado J.A.F.G., otrora secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias, Textil, Químicas y Afines de CC OO, ya que el inculpado Daniel Alberto Rivera ya prestó declaración al comienzo de la vista.

Daniel Alberto Rivera, para el que piden cinco años de prisión y doce de inhabilitación, era la persona elegida por la Junta para poner orden en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Hombre de confianza del ex consejero de Empleo Manuel Recio, estaba en el cargo cuando trascendió el escándalo de los ERE. Fue nombrado en abril de 2010 y estuvo en su puesto hasta el 12 de junio de 2012. Rivera, según la Administración andaluza socialista, era el ejemplo de «colaboración» con la justicia. Rivera explicó en el juicio que cuando desembarcó en 2010 en la Dirección General de Trabajo, era María José Rofa, asesora en el departamento, quien le «ponía los documentos a firmar». Rivera defendió que cuando firmaba las órdenes de pago «pensaba que las ayudas estaban avaladas» y que no comprobó la documentación de las pólizas de seguro de rentas que sufragaba porque «daba por supuesto» que todo era correcto. Según su defensa, no tenía «ninguna sospecha» de que en tales procedimientos pesasen «irregularidades ni intrusos», lo que conoció meses después «por la prensa».

En su escrito de acusación, la Fiscalía pormenoriza el ERE promovido en 2003 por Fertiberia para extinguir 166 puestos de empleo, exponiendo que aunque la empresa «no solicitó ningún tipo de ayuda directa o sociolaboral, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social» de la Junta y la entonces Agencia IDEA, le otorgaron una ayuda sociolaboral por valor de más de 2,26 millones de euros con relación a 14 extrabajadores prejubilados «por la extinción de su relación laboral».

La Fiscalía señala el caso de doce trabajadores de Fertiberia que gracias a la negociación del ERE aceptaron su traslado a otros centros y, «apenas unos días después, por asesoramiento de sus representantes sindicales, solicitaron la baja incentivada finalizando así su relación laboral con la empresa entre marzo y mayo de 2004, cobrando un incentivo por traslado y posteriormente otro adicional por la baja incentivada». Estos doce trabajadores, señala la Fiscalía, «remitieron una misiva colectiva e individualmente» al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 y condenado por prevaricación y malversación en el fallo del «procedimiento específico» de financiación de los ERE incentivados con fondos autonómicos y las ayudas arbitrarias y sin publicidad.