Un "pack" de regularización completa para argelinos por 10.000 euros: contrato, empadronamiento y cursos

Empadronamientos, contratos de trabajo o uniones civiles ficticias. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional que ofrecía todo tipo de servicios para facilitar la regularización ilícita de migrantes argelinos que llegaban a España en pateras. El "pack" completo tenía un precio de más de 10.000 euros. Sin embargo, los "clientes" de la red eran alojados en un zulo de nueve metros cuadrados donde vivían en condiciones infrahumanas.

La base de este entramado se encontraba en la provincia de Zaragoza aunque también se ha producido un arresto en Huesca y otro en San Sebastián. La "Operación Atlax" ha permitido la detención de una treintena de personas que presentaban empadronamientos, contratos de trabajo o cursos de formación fraudulentos con los que solicitaban permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

Entre sus servicios también se encontraba permisos de residencia de familiar comunitario mediante uniones civiles ficticias. Los migrantes llegaban a España en patera desde Argelia y eran alojados en un zulo ubicado en la ciudad de Zaragoza en el que vivían en condiciones infrahumanas. El entramado les facilitaba un “pack” de regularización completa que tenía un coste que oscilaba entre los 10.000 y 15.000 euros.

Los agentes de la Policía Nacional comenzaron la investigación de esta trama tras detectar que se había producido un "incremento inusual de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales" de ciudadanos argelinos. De la misma forma conocieron que para ello se habían presentado diferentes documentos falsos.

Así, la organización criminal contaba con miembros perfectamente coordinados en diferentes escalones de jerarquía. Estaban especializados en la captación de nacionales de Argelia. Los líderes de la misma estaban en la provincia de Zaragoza pero tenían ramificaciones a nivel nacional en otras provincias tales como Alicante, Murcia, Huesca y Guipúzcoa.

También contaban con una amplia red de colaboradores e intermediarios cuya labor era facilitar la realización de empadronamientos fraudulentos en los domicilios y formalizar contratos de trabajo falsos en empresas. El objetivo era que sus "clientes" consiguieran reunir los requisitos exigidos para la presentación de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales en sus diferentes variantes.

No se quedaba solo ahí su cartera de prestaciones. Y es que tenían colaboradores en Francia que también les captaban personas para arreglar su situación administrativa en España. Se les facilitaba la posibilidad de gestionar la solicitud de permisos de residencia españoles sin necesidad de moverse del territorio francés, mediante el envío de fotocopias de sus pasaportes, empadronamientos a distancia, apertura de cuentas bancarias y justificantes médicos, entre otros.

Los precios de sus servicios

La "profesionalización" de estos delincuentes era tal que fijaba los precios por sus servicios. Las cantidades variaban entre los 600 y 900 euros por realizar un empadronamiento, entre 3.000 y 10.000 euros por un contrato fraudulento, entre 2.000 y 6.000 euros por una unión civil ficticia o 200 euros por el transporte de documentación.

Una de las características principales que ha detectado la Policía Nacional es que para la elaboración de los empadronamientos fraudulentos utilizaban el método de "look-alike". Esta técnica consiste en conseguir individuos que se parecían físicamente a las personas a empadronar.

Un "nexo directo" con las pateras

Otra de las "patas" de esta organización criminal es que tenía nexos de unión directos con la llegada de pateras a las costas españolas desde Argelia, siendo una fuente directa de "clientes-migrantes", a los que se les facilitaba un "pack" de regularización completa.

Los migrantes eran plenos conocedores de que a su llegada se iniciarían los trámites para su regularización, motivo por el cual facilitaban sus pasaportes originales de Argelia para que el entramado delictivo, a través de sus colaboradores, realizaran el traslado de esos pasaportes hasta territorio nacional.

Una vez en España, los inmigrantes eran alojados en condiciones infrahumanas en un zulo de apenas nueve metros cuadrados habilitado dentro de uno de los locales gestionados por la organización criminal en la ciudad de Zaragoza, y en el que vivían a la espera del inicio de los trámites de su regularización.

Las investigaciones han conseguido que seis de los detenidos hayan ingresado en prisión provisional. Entre ellos, los cabecillas de la organización criminal. Se han llevado a cabo siete entradas y registros en la provincia de Zaragoza, donde se incautó diversa documentación falsa y varios pasaportes argelinos.