La Audiencia Nacional investigará por estafa al empresario que patrocinó la campaña electoral de Alvise

La Audiencia Nacional investigará por estafa al empresario que financió con 100.000 euros la campaña electoral de Luis Alvise Pérez, pero no remitirá la causa al Tribunal Supremo (TS) para que sea este quien investigue al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta. Así lo ha acordado el magistrado José Luis Calama, que ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest Club y varios de sus administradores, entre ellos el donante de Alvise, el empresario Álvaro Romillo, por una supuesta estafa piramidal.

En la resolución en la que acuerda la medida, solicitada por la Fiscalía, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 acumula en un mismo procedimiento las denuncias de la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (Ances), la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.

El instructor aprecia con "meridiana claridad" indicios de una posible defraudación que podrían ser constitutivos de un delito de estafa, que sería competencia de la Audiencia Nacional por el elevado número de perjudicados (hasta ahora se han personado 102 en la Audiencia Nacional) y la cuantía del dinero supuestamente defraudado, que estima hasta ahora en más de once millones de euros a tenor de los perjudicados representados por las asociaciones denunciantes.

No obstante, según el magistrado los documentos incorporados a las denuncias señalan que la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio ocasionados podría superar los 300 millones de euros.

Calama anticipa una compleja instrucción para desenmarañar un supuesto entramado delictivo tejido a través de múltiples sociedades instrumentales y con conexiones internacionales en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania. Todo ello, argumenta, hará necesario recurrir a los mecanismos de cooperación jurídica internacional para "determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que en ellos hayan participado, así como para la localización de activos financieros".

En cuanto a la petición de imputación de Alvise, solicitada por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, el juez rechaza inhibirse ahora en favor del Tribunal Supremo y recuerda que no puede dar ese paso sin apreciar indicios delictivos suficientes y sin elevar una exposición razonada al alto tribunal motivando las razones para solicitar su imputación formal, algo que por su condición de aforado solo puede hacer el Supremo.

"La exposición razonada que ha de ser remitida para la investigación de cualquier aforado sólo será procedente cuando aparezcan indicios de responsabilidad", recalca en alusión a la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto. Y esa atribución delictiva, insiste, "ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos".

Calama sí precisa que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a poner en conocimiento de un aforado la admisión de una denuncia y cualquier actuación de la que derive la imputación de un delito, teniendo aquel "la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella", así como la posibilidad de "declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias".

Financiación para adquirir bienes de lujo

En una de las denuncias, la Asociación de Afectados por Inversores en Criptomonedas refiere que Madeira Invest Club "ofrecía la posibilidad de financiar activos de lujo" como coches de alta gama, embarcaciones e inmuebles. La asociación denunciante señala a Romillo como "principal cabecilla de la trama" y recuerda que durante la pandemia se hizo conocido en redes sociales, a través del pseudónimo "Cryptospain", "por sus consejos" para burlar a Hacienda. Para formar parte de ese exclusivo club financiero creado por Romillo en 2023, detallaba la asociación, había que desembolsar 2.000 euros como "tasa de membresía", una cantidad que se debía abonar anualmente "para mantener el estatus" y poder adquirir viviendas de lujo para su reforma, vehículos de lujo, alquilar embarcaciones, obras de arte o colecciones de relojes, unas inversiones que se podían recuperar con altísimos intereses superiores al 20%. Pero desde el club, aseguran en esa denuncia los letrados de la asociación, Francisco Jiménez y Emilia Zaballos, se "incitaba" a sus miembros a reinvertir los beneficios con la adquisición de nuevas obras, "lo que ha provocado que la mayoría de ello jamás hayan percibido beneficio alguno".

Con esos beneficios, se creó SentinelBQ, sociedad dedicada al almacenamiento de criptomonedas, oro y efectivo que cerró el pasado agosto "sin verificación de identidad" que permitía obtener préstamos sin que computase como incremento patrimonial a efectos fiscales. La asociación cree que "puede haberse procedido al vaciado de las cajas fuertes". Un mes después, el pasado día 17, "cesó repentinamente y sin motivo aparente" la actividad del MIC y de "Cryptospain", dejando bloqueadas sus páginas web y sin contenido sus perfiles en redes sociales. Desde entonces no se tuvo noticia de los denunciados (hasta que Romillo presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado admitiendo que donó 100.000 euros a Alvise para su campaña de las europeas).

La asociación considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, publicidad engañosa y blanqueo de capitales.