Los radares de tráfico provocaron más de 200.000 multas en 2024 en Barcelona

Los radares de velocidad en Barcelona se han consolidado como una de las principales fuentes de ingresos municipales. Con un promedio de más de 700 sanciones diarias, estos dispositivos captaron más de 200.000 infracciones a lo largo de 2024.

Según datos del Ayuntamiento, la Guardia Urbana emitió 239.000 denuncias entre enero y noviembre del año pasado gracias a los radares, lo que ha supuesto una importante recaudación para las arcas municipales. Sin embargo, al cierre de esta edición, el consistorio no ha precisado el importe total generado por estas sanciones.

En los últimos años, el número de radares en Barcelona ha aumentado significativamente, especialmente bajo el mandato de los comunes, cuando su presencia se multiplicó en todos los distritos. No obstante, el cambio de gobierno municipal ha modificado la estrategia, apostando por una vertiente más pedagógica.

A finales de 2023, el Ayuntamiento instaló 28 nuevos dispositivos que, en lugar de sancionar, muestran la velocidad a la que circulan los vehículos. Según la teniente de alcalde de Movilidad, Laia Bonet, estos radares permiten analizar el comportamiento de los conductores y facilitan la toma de decisiones en materia de movilidad, sin descartar su uso sancionador en el futuro.

Entre los radares operativos en la ciudad, uno destaca por encima del resto en número de sanciones. Ubicado en el número 563 de la avenida Meridiana, este dispositivo captó 30.567 infracciones entre enero y noviembre de 2024, lo que supone una media de más de 90 denuncias diarias.

El radar se encuentra en la entrada de Barcelona desde la C-33, en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 50 km/h tras el final de la vía rápida.

Además de los radares fijos, en 2024 Barcelona registró miles de multas a través de otros sistemas de vigilancia. Los vehículos camuflados de la Guardia Urbana, equipados con el Sistema de Captación Dinámica de Infracciones (SCDI), impusieron 4.829 sanciones.

Por su parte, los dispositivos foto-rojo, instalados en los semáforos para captar a los conductores que no respetan la señal, generaron 16.446 multas. No obstante, la legalidad de este sistema ha sido cuestionada en varias ocasiones. En 2019, un juzgado de Bilbao anuló una sanción de 400 euros y la retirada de cuatro puntos del carné tras considerar que este mecanismo no ofrecía suficientes garantías legales.