«Todo sigue igual. Los narcos han perdido el miedo a la Guardia Civil»

«Los guardias civiles siguen igual de vendidos». Esta frase, de la madre de Miguel Ángel González Gómez, guardia civil asesinado hace un año en el puerto de Barbate tras la brutal embestida de una narcolancha, retrata el sentir generalizado de que, pese a lo sucedido aquel 9 de febrero de 2024, poco o nada ha cambiado en torno a las condiciones de quienes, día tras día, mantienen una desigual lucha contra las mafias del narcotráfico en la costa gaditana.

Aquel día, tras uno de los episodios más dolorosos que le ha tocado encajar a la Guardia Civil en estas aguas, hubo el firme convencimiento de que este suceso era la gota que colmaba el vaso, la «puesta en escena» final de la pérdida del principio de autoridad. Lo que era un secreto a voces, que los narcos actuaban con total impunidad, sin miedo alguno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quedó evidenciado aquella dramática noche. Percepción que mantienen asociaciones de guardias civiles, coordinadoras antidrogas y representantes políticos 365 días después.

Doce meses en los que, como se ha comprobado muy a menudo, las narcolanchas y los petaqueros han seguido actuando sin el menor de los complejos frente a unos efectivos que siguen siendo insuficientes para plantarles cara. «El principio de autoridad está en el mismo punto que se dejó aquel 9 de febrero. Es más, ya no hablamos ni siquiera de eso», señala José Antonio Belizón, representante de la AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles).

«La cosa –explica– va más allá, ya que el principio de autoridad se pierde cuanto te enfrentas directamente con el problema, con los marcos; ahí es cuando se pierde. Lo grave es que ellos ven que, desde hace tiempo, ni tan siquiera se tienen que enfrentar a nosotros. Eso es lo que les da confianza».

Tiene claro que esto ocurre por una razón «muy simple»: «Por la tecnología y los medios que manejan. Ellos ya no necesitan enfrentarse a nosotros. Nos tienen totalmente controlados, saben que somos muy pocos».

La pérdida de ese principio de autoridad «también se refleja en que antes abandonaban la mercancía y ahora no; ahora, la pelean. Está en juego mucho dinero y la propia confianza de los narcos, así que hacen todo lo posible por no perderla, ya que se podrían arruinar». «Este mundo no es la Seguridad Social, y si tú no me pagas lo que me debes, me lo voy a cobrar», destaca.

«En definitiva, desde aquel 9 de febrero no ha cambiado nada y, como ocurre desde hace tiempo, las mejores herramientas de las que disponemos en esta lucha desigual son la intuición y la experiencia, que nos llevan a saber interpretar determinadas circunstancias y actuar de forma eficaz».

En la misma línea, Paqui Guerrero Carrillo, presidenta de REDES (Federación Andaluza de Drogodependencias, Sida y Patología Dual), que vivió muy de cerca lo sucedido en Barbate, también lamenta que, un año después, la situación en el litoral «sea la misma e, incluso, peor».

«Cuando suceden hechos tan graves como el del puerto de Barbate, con la pérdida de vidas humanas, piensas que, cuando menos, va a existir una reacción y que, como venimos demandando de la mano de las distintas asociaciones de guardias civiles y colectivos, se van a reforzar los efectivos y los medios».

Pero, «desgraciadamente, esto no ha sido así y, pese a la profesionalidad y entrega de los agentes, los narcos siguen a lo suyo, con un notable incremento de acciones en puntos de nuestro litoral más allá de la zona del Campo de Gibraltar, como es el caso del Caño de Sancti Petri, en Chiclana, o el río Guadalete». «Han perdido el miedo y, tanto a los petaqueros como a las narcolanchas, se las puede ver navegando a cualquier hora del día».

Realidad que, «además de poner sobre la mesa la desigual lucha que mantienen narcos y Cuerpos de Seguridad del Estado, se traduce en una mayor entrada de droga en el territorio. Fenómeno que, de forma muy especial, está afectando a nuestros jóvenes, cuya edad de contacto con estas sustancias es cada vez menor».

Y junto a asociaciones y colectivos, los ayuntamientos de la zona litoral gaditana, conscientes de que hace falta más para que se revierta la situación, siguen reclamando al Gobierno más medios.

Es el caso de una de las poblaciones más afectadas a lo largo de las últimas décadas por el fenómeno de la droga y en la que tuvo lugar el dramático suceso en el que los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez perdieron la vida: Barbate.

«No podemos tolerar que quienes nos protegen carezcan de los recursos adecuados para enfrentarse a amenazas cada vez más organizadas y violentas». «La seguridad de nuestros agentes», señala Miguel Molina, alcalde la localidad. «Es la seguridad de todos los ciudadanos, y desde este municipio exigimos con firmeza más medios, más protección y más respaldo para quienes nos cuidan con tanto esfuerzo y compromiso», sentencia tajante un año después.