La degradación de las instituciones y el Estado de Derecho

A estas alturas caben pocas dudas, incluso entre los más fervorosos defensores de la deriva autoritaria del Gobierno, de que estamos asistiendo a una peligrosa degradación de las instituciones con ataques directos a la separación de poderes y el Estado de Derecho. En una época en que se afrontan graves crisis institucionales en los países europeos y se pone de manifiesto una falta de liderazgo en la propia Unión Europea, la situación de España se encuentra entre las más preocupantes. El declive de los grandes partidos europeos, la irrupción de formaciones nuevas y el crecimiento de los extremismos hacen tambalear la democracia en un momento, además, que afrontamos una peligrosa guerra en Ucrania frente al renacido despotismo e imperialismo ruso encabezado por un autócrata como Putin. Es cierto que la resistencia del Partido Popular Europeo contrasta con el declive de la socialdemocracia, pero esto último no es una buena noticia. En el caso español, además, Sánchez ha abandonado la socialdemocracia para abrazar acuerdos con unas formaciones radicales que cuestionan la Transición y quieren destruir el Estado diseñado por la Constitución.

Sánchez logró el poder gracias a una moción de censura construida sobre la base de dos párrafos de una sentencia de la Audiencia Nacional que fueron declarados nulos por el Supremo. Con la llegada de la pandemia y como consecuencia, también, de los condicionantes de un gobierno en minoría parlamentaria emergió un modelo basado en el uso abusivo de los reales decretos ley, así como de otras prácticas autoritarias que conducen a una peligrosa deriva de lo que se conoce como una democracia iliberal. La Administración Pública no está para servir a un gobierno o un partido, sino para aplicar sus políticas con transparencia y buen gobierno. En lugar de esto último, se ha optado por un descarado asalto a las instituciones obviando los criterios de mérito y capacidad a unos niveles que superan cualquier precedente. En política exterior se ha optado por una dirección errática condicionada por los socios y aliados que comporta que España sea contemplada como un socio poco fiable.

En política interior, la actuación se basa en el cortoplacismo. Las decisiones se sustentan en la necesidad de mantenerse en el poder haciendo cesiones que son muy lesivas para la separación de poderes y el Estado de Derecho. Esto se hace sin transparencia y un evidente oscurantismo soslayando informes o dictámenes jurídicos. Se ha optado por una política personalísima y arbitraria en los asuntos de Estado. Es algo que se puede contrastar con la amnistía, la inmigración o la financiación autonómica. A esto hay que añadir el incumplimiento del precepto constitucional de la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales tal como establece el artículo 134. En los siete años que lleva de presidente del Gobierno solo se han aprobado los correspondientes a 2021, 2022 y 2023.

Este Gobierno se formó con un pacto de investidura, a cambio de cesiones como la amnistía o el uso de los idiomas cooficiales en el Congreso, pero no de legislatura. Es una situación insólita, ya que nunca había sucedido. Por ello, no cuenta con una mayoría parlamentaria y se suceden las derrotas en las votaciones en el Congreso. A la falta de patriotismo de Sánchez, como se comprueba con las cesiones a los independentistas o los abusos en su forma de gobierno, se une que esos aliados buscan acabar con el modelo constitucional y debilitar progresivamente el Estado. La Constitución es el origen de la gran estabilidad que ha tenido nuestro país y ha sido la base de su progreso permitiendo que se sucedieran gobiernos de distinto signo y aplicaran sus programas sin otro problema que conseguir los votos necesarios en las Cortes. Por tanto, no tiene ningún sentido cuestionar nuestra Carta Magna o el proceso de la Transición que permitió su aprobación por una abrumadora mayoría del pueblo español. El Congreso se ha convertido en un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo, abusándose del uso de las proposiciones de ley para sortear los requerimientos que comportan los proyectos de ley o cometiendo graves irregularidades como la decisión de la Mesa de eliminar cuatro enmiendas del Senado sin someterlas al Pleno con la posición contraria del secretario general del Congreso.

La política gubernamental se caracteriza por una búsqueda de la confrontación y el radicalismo basada en la idea del Frente Popular, así como los ataques frontales a los medios de comunicación desafectos y al Poder Judicial. Es un contexto de polarización que beneficia a los extremismos en unas sociedades fragmentadas. No es algo que suceda solo en España, sino que se repite en otros países de la Unión Europea. No importan los proyectos o los programas, la ética o el servicio público, sino la supervivencia en el poder a cualquier precio. Los compromisos electorales o políticos son irrelevantes, ya que se abandonan cuando se necesitan apoyos para gobernar. La mentira se ha convertido en un instrumento legítimo de la acción política.

Otra muestra de la deriva autoritaria es que el Gobierno pretende aprobar una ley que suspendería los procesos judiciales que afectan a los familiares del presidente del Gobierno. Es algo que no ha sucedido en ninguna democracia. A los ataques a los jueces se une una reforma del acceso a la carrera judicial que sustituiría el mérito y la capacidad por la arbitrariedad bajo la falacia de democratizar la Justicia, algo que nos retrotrae a las épocas o modelos más oscuros de control del Poder Judicial. Los intentos de controlar a las empresas privadas de medios de comunicación, como sucede con Prisa, crear un nuevo canal de televisión para darlos a amigos del Gobierno o las medidas legales para restringir la libertad de expresión son otros elementos de esta deriva iliberal que afecta a la democracia española.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).