Brexit
Boris Johnson desdice a su Gobierno y matiza que no pedirá prórroga
El primer ministro baraja fórmulas para esquivar la ley que le obliga a extender los plazos del Brexit si no hay acuerdo el 31 de octubre
El primer ministro baraja fórmulas para esquivar la ley que le obliga a extender los plazos del Brexit si no hay acuerdo el 31 de octubre
En el mundo de Boris Johnson todo viene con letra pequeña o doble lectura. El político siempre camina entre la fina línea de la verdad y mentira, lo legal e ilegal, como ya se demostró con su polémica derogación de Westminster. Por lo tanto, cuando el Gobierno señala ahora que pedirá formalmente una nueva prórroga del Brexit si no hay acuerdo para el 19 de octubre, las palabras hay que cogerlas con pinzas porque eso no significa que Downing Street haya abandonado sus planes de ejecutar un divorcio caótico para Halloween.
El Ejecutivo presentó este viernes unos documentos oficiales al Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que evalúa si el primer ministro podría ser multado o incluso condenado a prisión en caso de forzar una salida sin pacto el próximo 31 de octubre. La llamada Ley Benn -que fue aprobada en Westminster a principios de septiembre gracias al apoyo de la oposición y tories rebeldes pro UE- obliga al Gobierno a pedir una nueva extensión de plazos a los Veintisiete si para el 19 de octubre no se hubiera ratificado ningún pacto.
Según los documentos entregados al tribunal, el primer ministro se compromete ahora a cumplir la normativa. Sin embargo, horas más tarde, el propio Johnson matizó la postura de su Gobierno y dijo que no habrá extensión de plazos: «Nuevo acuerdo o sin acuerdo, pero ningún retraso», proclamó.
Una fuente oficial de Downing Street había explicado a la BBC que la ley no prohíbe al Ejecutivo buscar otras alternativas para que no sea necesario una nueva ampliación. “El Gobierno cumplirá la ley, que solo impone una tarea muy específica que consiste en entregar la carta del Parlamento pidiendo una extensión (...) que puede ser interpretada de maneras diferente”, recalcó. “Pero la ley no impide al Gobierno hacer otras cosas que impidan un retraso, incluidas otras comunicaciones, tanto públicas como privadas. La gente tendrá que esperar a ver cómo se soluciona. El Gobierno está haciendo saber en Europa de forma privada cuál es su posición oficial sobre el retraso y la hará pública pronto”, matizó.
En definitiva, una jugada más del oscuro “modus operandi” que está llevando a cabo el Número 10 desde que el controvertido político se mudara el pasado mes de julio. Johnson insiste en que su primer objetivo es negociar un pacto de retirada. Esta semana finalmente entregó a Bruselas su esperada propuesta para evitar frontera dura en Irlanda. Plantea dejar a Irlanda del Norte en el mercado único para bienes, pero al mismo tiempo sacar a todo el Reino Unido de la unión aduanera. Y Bruselas no ha dicho aún un no rotundo, pero no está nada convencida. Por lo que el pacto se antoja complicado.
En circunstancias normales, nadie se plantearía que un Gobierno no cumpliera una normativa aprobada en Westminster. Pero con Johnson y el Brexit no se viven circunstancias normales, por lo que existe alta preocupación entre la oposición sobre las posibles triquiñuelas que el excéntrico político podría llevar ahora a cabo.
El ex premier John Major, uno de los grandes críticos de Johnson, teme que el Ejecutivo pueda recurrir al “Privy Council”, un mecanismo arcaico por el que los ministros -sin necesidad de involucrar a la reina como Jefa de Estado o el Parlamento- podrían suspender la normativa hasta después de 31 de octubre.
Por otra parte, Johnson podría sugerir a puerta cerrada a los líderes comunitarios que él no está por la labor de seguir prorrogando esta crisis, y aconsejarles que no concedan la prórroga.
Hay quienes también advierten que el premier podría incluso utilizar, irónicamente, el fallo del Supremo que declaró ilegal la derogación del Parlamento. En el párrafo 55 de la sentencia, los magistrados señalan que “la tarea de gobernar pertenece al Ejecutivo y no al Parlamento o los Tribunales” por lo que Johnson podría decir que la Ley Benn contradice este fallo al decir al Gobierno cómo debe llevar a cabo unas negociaciones con un organismo extranjero. (
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