El Supremo ordena al fiscal general que nombre un abogado en cinco días al no defenderle la Abogacía del Estado

El Tribunal Supremo (TS) ha incoado ya diligencias previas en la causa abierta contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Requiere a Álvaro García Ortiz para que al no constar "representación alguna" designe con un margen máximo de cinco días tanto un abogado como un procurador asuma su defensa legal, a fin de evitar su indefensión.

En el procedimiento se investiga si difundió públicamente datos reservados y privados del empresario Alberto González Amador sobre una negociación que su defensa estaba llevando a cabo con la propia Fiscalía de cara a lograr un acuerdo de conformidad en un caso de fraude fiscal. El TS le imputó el pasado 16 de octubre al apreciar indicios de que con esa actuación habría podido ocasionar un "perjuicio al derecho de defensa" del novio de Ayuso.

En el caso de la otra investigada, la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, el Supremo confirma, a diferencia de García Ortiz, que "está representada por la Abogacía del Estado".

Esta fiscal no está aforada en este alto tribunal y ha sido imputada por presuntamente ser quien facilitó la información de la negociación del Ministerio Público con el empresario para que, admitiendo este haber defraudado 350.000 en dos años a través del Impuesto de Sociedades, evitase una pena de cárcel.

El comunicado que informó públicamente de las conversaciones entre un abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos Julián Salto salió, precisamente, de la Fiscalía de Madrid, aunque, posteriormente, García Ortiz asumió toda la "responsabilidad última" de su publicación.

El magistrado de la Sala Penal Ángel Luis Hurtado da traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, el sindicato Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que en el plazo común de cinco días se pronuncien sobre su posible agrupamiento en una acusación popular unificada.

Por otro lado, el instructor deja pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar la pareja de la presidenta madrileña, que ejerce la acusación particular.

Tampoco resuelve de momento la solicitud presentada por el sindicato de Miguel Bernad para que se procediese a suspender cautelarmente en sus funciones al fiscal general mientras dure la investigación penal en su contra.