Puigdemont se juega la baza europea para intentar recuperar su inmunidad

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, recurrió ayer in extremis la sentencia del Tribunal General de Justicia de la UE (TJUE) que le denegó el mantenimiento de su inmunidad parlamentaria. Tras conocerse este fallo el propio Puigdemont anunció sus intenciones de recurrir esta sentencia ante el Tribunal de Justicia de la UE, la máxima autoridad en la interpretación del derecho comunitario, pero sus abogados han esperado hasta el último día de plazo para presentar este recurso, acompañado de la petición de medidas cautelares, en el que exige que se le devuelva de forma cautelar la inmunidad mientras el alto tribunal europeo analiza el fondo de la cuestión. De esta forma, Puigdemont volvería a gozar de inmunidad parlamentaria, aunque sea de manera provisional.

Este paso no resulta demasiado sorprendente, ya que el propio magistrado Pablo Llarenadesoyó las peticiones de la Fiscalía para reactivar las euroórdenes de entrega contra Puigdemont y los exconsejeros huidos Toni Comín y Clara Ponsatí y justificó su decisión en la necesidad de esperar a conocer el veredicto definitivo de la Justicia europea.

El Tribunal General de la Unión Europea se pronunció el pasado julio en contra del mantenimiento de la inmunidad parlamentaria del ex president Carles Puigdemont y en respaldo de la decisión de la Eurocámara de proceder a su levantamiento y así allanar la entrega del político independentista a la Justicia española.

Los líderes independentistas interpusieron en 2021 un recurso ante la Eurocámara cuando el hemiciclo europeo aceptó retirarles la protección parlamentaria, tras la solicitud de suplicatorio realizada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés».

Los políticos independentistas fugados sustentaron su denuncia ante el TGUE en que el Supremo no es competente para juzgarles, pues defienden que esta tarea debe recaer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, también se quejaron de que el proceso no fue imparcial, porque el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos fue Adrián Vázquez, perteneciente a Ciudadanos, formación a la que achacan «hostilidad» hacia el independentismo. Asimismo, dudaron de la imparcialidad del ponente de esta comisión por su pertenencia al grupo de los conservadores y reformistas europeos, al que pertenece Vox.

Según la sentencia conocida en el mes de julio, el TGUE desestimó «todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados». El tribunal consideró que el Parlamento Europeo cumplió escrupulosamente sus funciones al valorar que «los hechos imputados se habían cometido en 2017, mientras que los diputados adquirieron la condición de miembros del Parlamento el 13 de junio de 2019, así como que, por un lado, fueron procesados el 21 de marzo de 2018, es decir, en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética». Además, recordó que ese procesamiento «afectaba también a otras personas que no eran miembros del Parlamento». Por eso, concluyó que «al examinar un suplicatorio de suspensión de la inmunidad no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, pues esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales».

En cuanto al ponente, para la corte europea su pertenencia a este grupo político resulta «irrelevante para la apreciación de su imparcialidad», pues el hecho de que Vox (que ejerce la acusación en la causa del «procés») forme parte del mismo» concierne a los diputados que son miembros de dicho partido, pero no puede ampliarse, como regla, al conjunto de los miembros del grupo político CRE por el único motivo de que compartan afinidades políticas».