Polémica por el envío de guardias civiles a la frontera de Gaza: "No son profesión de riesgo"

El pasado lunes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ofrecía el envío de efectivos de la Guardia Civil para la misión europea en el paso fronterizo de Rafah, que conecta Palestina con Egipto. En concreto, se trata de diez agentes de los Grupos de Acción Rápida (GAR), una unidad de élite curtida en la lucha contra el terrorismo de ETA y el narcotráfico y que ya ha sido desplegada en otras misiones bélicas internacionales como Afganistán, Irak o el Sahel.

Sin embargo, no es su experiencia o profesionalidad en este tipo de intervenciones lo que ha generado polémica sino el hecho de que el Gobierno no tenga reparo alguno en enviar a estos guardias civiles a zonas en conflicto, mientras se niega a reconocerles como profesionales de riesgo. Porque hay que recordar que el PSOE ha bloqueado hasta en 18 ocasiones la proposición de ley que permitiría la jubilación anticipada para policías nacionales y guardias civiles, así como su reconocimiento como profesión de riesgo. Semana a semana, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ido solicitando ampliar el plazo de enmiendas a esta norma para bloquear y retrasar su aprobación.

De ahí la indignación de los agentes, al enterarse de que el Gobierno iba a enviar a diez efectivos de los GAR a una zona en guerra, sin estar reconocidos como profesión de riesgo. Pero este férreo rechazo se entiende mejor al ojear el último informe que el Ejecutivo de Sánchez envió al Senado sobre esta cuestión. En él, deja claro que "el concepto de profesión de riesgo no existe como tal ni en la regulación del régimen de la Seguridad Social ni en la propia del régimen de Clases Pasivas. Tiene su origen en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé la posibilidad de rebajar la edad mínima de jubilación por real decreto y mediante coeficiente reductores para aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acuse elevados índices de morbilidad o mortalidad".

Agravio con mossos, ertzainas y policías locales

En este punto hay que destacar el concepto de "trabajos que sean de naturaleza excepcionalmente peligrosa", ya que resulta complicado explicar que participar en una misión en Gaza, en pleno conflicto, no lo sea. Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "cada vez se le complica más justificar esta doble vara de medir", según denuncian los distintos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. Y es que la lista de colectivos que pertenecen a esa lista de profesiones de riesgo, incide aún más en la herida. A saber: trabajadores incluidos en Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas –cantantes, bailarines y trapecistas–, profesionales taurinos, bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, policías locales, miembros de la Ertzaintza, de los Mossos y de la Policía Foral de Navarra.

Listado en el que tampoco están incluidos los propios militares, pese a participara en múltiples misiones en el Exterior. Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) han reclamado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que inicie los trámites para que las Fuerzas Armadas también sean reconocidas como profesión de riesgo, ya que se "juegan la vida a diario".

Durante años, ese agravio comparativo con otras Policías del Estado ha sido denunciado reiteradamente, ante la dejadez del Gobierno y su ministro del Interior, que incluso ocultó que había recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que le obligaba a cumplir con el Acuerdo de Equiparación Salarial y renegociar con los sindicatos y asociaciones profesionales. En concreto las cláusulas tercera y octava de ese acuerdo, que hacían referencia a la dotación de presupuesto para incentivar la creación de puestos de trabajo para personal en segunda actividad y reserva, así como tramitar una ley de igualdad retributiva que asegure acabar con las desigualdades salariales entre cuerpos policiales.

Rechazo del Gobierno por motivos económicos

Esta situación genera "frustración" e "indignación" entre los agentes, que se agrava con decisiones como la tomada por el Gobierno ahora. Pero quizá esa negativa del Ejecutivo venga motivada más por el factor económico, ya que su reconocimiento como profesión de riesgo incidiría de forma directa en su jubilación, en concreto, en la anticipada. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la "jubilación anticipada" cobrando el 100% de la prestación, como ocurre en el caso de los Mossos d'Esquadra que sí figuran en esta lista.

Hay que recordar que la Ertzaintza cuenta con la jubilación anticipada desde el año 2008, las policías locales desde el 2019 y, más recientemente, los Mossos d`Esquadra y la Policía Foral de Navarra que la consiguieron en 2022. De este modo, todos los colectivos policiales verían reconocido ya este derecho, excepto Policía Nacional y Guardia Civil.

Para hacerse una idea, desde marzo de 2018, año en que se firmó el mal llamado acuerdo de equiparación salarial, un policía nacional jubilado o un guardia civil habrían perdido hasta 70.000 euros respecto a un mosso d'esquadra.