El giro de la Fiscalía, un “palo en la rueda” en la investigación contra los exjefes de ETA

Las investigaciones abiertas en los últimos meses en la Audiencia Nacional a más de la mitad de los antiguos integrantes de la cúpula de ETA por los asesinatos, entre otros, de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez, tendrán que salvar un obstáculo imprevisto. La consideración por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que las posibles responsabilidades penales de los exdirigentes etarras están prescritas al haber pasado más de veinte años desde que se cometió el atentado hace tambalear el rumbo de esa media docena de instrucciones (en el caso de Gregorio Ordóñez, no obstante, no hay riesgo de prescripción dado que el auto de reapertura del sumario contra los exjefes de ETA se dictó unos días antes de cumplirse el vigésimo aniversario del asesinato).

El exponente de ese cambio de rumbo se evidenció ayer en la comparecencia de los exjefes de ETA Mikel Albisu, “Mikel Antza”, y Soledad Iparraguirre, “Anboto” (esta última por videoconferencia desde prisión), cuando el fiscal del caso, Vicente González Mota, fue sustituido por su compañero Pedro Rubira, quien anticipó que los hechos estarían probablemente prescritos y desinfló los indicios recogidos por la Guardia Civil en su informe de inteligencia. Una intervención que ha causado “estupor y sorpresa” en las víctimas.

González Mota había defendido en sus escritos que el plazo de la prescripción comienza a contar desde que los exintegrantes del comité ejecutivo de ETA fueron detenidos y puestos por tanto a disposición judicial. Con ese criterio, tanto “Mikel Antza” como “Anboto” deberían responder ante la Justicia, pues fueron arrestados en 2004. Pero si, como defiende el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso -respaldado por el todavía jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y fiscal general in pectore, Álvaro García Ortiz, a quien Alonso planteó la discrepancia, tal y como ha adelantado El Mundo y ha confirmado este periódico, ratificando su posición-, esos veinte años deben contabilizarse desde el momento del secuestro y asesinato del edil de Ermua, en 1997, ni Albisu ni Iparraguirre podrían ser perseguidos penalmente.

“La intervención fue vergonzosa”

“La intervención fue vergonzosa -aseguran fuentes presentes en la comparecencia respecto al posicionamiento del fiscal Rubia-. Parecía el abogado defensor”. “En mi vida había visto algo semejante”, señalan mientras recuerdan que los abogados de los dos etarras “no hacían más que asentir a sus palabras”. “Me produjo estupefacción. Era el mundo al revés”, apuntan.

El representante del Ministerio Público llegó a referirse al “caso Lasa y Zabala”, el primer crimen de los GAL en 1983, para poner en valor la actuación del Ministerio Fiscal como garante de la legalidad y congratularse de que el resto de acusaciones -Dignidad y Justicia, AVT y PP- no hubiesen solicitado la prisión provisional para “Mikel Antza” (pidieron que se le retirara el pasaporte, se le prohibiera salir de España y se le obligase a comparecer en el juzgado cada 15 días, como acordó el instructor, el magistrado Manuel García Castellón).

El fiscal puso de manifiesto el derecho de las víctimas a conocer la verdad, por lo que la Fiscalía estaba dispuesta a apoyar la investigación a la espera de pronunciarse sobre la prescripción en el momento procesal oportuno (al decidir sobre su procesamiento). No obstante, dejó claro que los informes de inteligencia no son suficientes para sentar en el banquillo a los tres investigados (el otro es el también ex jefe de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, “Kantauri”).

“Hay que investigar más”, dijo según las fuentes consultadas, pues en su opinión “no basta con decir que formaban parte del comité ejecutivo de ETA”, haciendo hincapié asimismo en que la Guardia Civil no aclara dónde se encontraban en esas 48 horas cruciales entre el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco.

“Me llamó la atención que justificara que no había absolutamente nada para seguir adelante con el procedimiento -apunta otra fuente consultada-. En una comparecencia para decidir la situación personal de los investigados y con unas medidas cautelares como las solicitadas no me parece adecuado”.

“Estaba predeterminando la futura actuación de la Fiscalía en el procedimiento”, interpreta lo sucedido esta misma fuente presente en la comparecencia. “Restó relevancia a los informes esgrimiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo, argumentando que las cúpulas eran cambiantes y es necesario determinar que eran miembro de la cúpula en esos momentos; daba la sensación de que les exoneraba un poco de responsabilidad. Mi sensación es que él no cree que esto tenga mucho recorrido”.

El fiscal jefe: “Esté o no prescrito hay que investigar”

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, niega a este periódico que la Fiscalía haya cambiado el rumbo y asegura que “al margen de que esté prescrito o no, hay que investigar porque ahora no toca pronunciarse sobre la prescripción y las víctimas tienen en todo caso el derecho a saber la verdad”.

“Hemos apoyado la apertura de los procedimientos, ¿Cómo vamos ahora a decir que está prescrito?”, se defiende. Alonso -que mantiene que el fiscal sí pidió la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España para “Mikel Antza”- niega que se haya producido relevo alguno en el caso. “Esté uno u otro la posición es la de la Fiscalía. Aquí no hay relevos”.

Y en cuanto a considerar que el plazo de prescripción comienza a contar desde la detención, hace hincapié en que “la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo dicen lo contrario, que el plazo es desde la comisión de los hechos”. Pero precisa que, en todo caso, respecto a “Kantauri” no habría prescripción “porque en 2016 se pidió una orden de entrega” (que interrumpe el plazo).

“Si hubiéramos querido taparlo -enfatiza- no habríamos recurrido el archivo de Iñaki de Rentería” (un recurso que firmó González Mota).

Portero: “La Fiscalía no tiene que poner palos en las ruedas”

Pero esas explicaciones no parecen convencer a Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, la asociación que ha impulsado la reapertura de varias causas contra exjefes de ETA por su supuesta autoría mediata.

“Estoy absolutamente contrariado con la posición de la Fiscalía y lo que reclamo es una posición clara del Ministerio Fiscal. Que se decida ya para saber si viajamos con ellos o no en esta causa”.

“No tiene que ser la Fiscalía la que nos ponga los palos en las ruedas reclamando la prescripción”, se queja Portero, que defiende los informes policiales puestos en duda por el fiscal: “Son espectaculares y hacen un análisis minucioso de la autoría mediata y la comisión por omisión”. El presidente de DyJ ya anticipa que van a pedir “una reunión con el nuevo fiscal general”, a quien trasladarán su “estupor y sorpresa” por la posición de la Fiscalía. “Necesitamos saber cuál es la línea de la Fiscalía lo más pronto posible”.