Sanidad pública

Revés a la gestión sanitaria de la Junta: el tribunal tumba el contrato de atención temprana

Estima parcialmente el recurso presentado por la patronal Apaat y la Consejería de Salud tendrá que rehacer los pliegos ajustando los costes por sesión de las terapias

Los centros de atención temprana se encuentran inmersos en un proceso de adaptación de sus contratos que ha supuesto un recortes de sesiones a los menores con trastornos
Los centros de atención temprana se encuentran inmersos en un proceso de adaptación de sus contratos que ha supuesto un recortes de sesiones a los menores con trastornoslarazon

Varapalo a la gestión sanitaria de la Junta. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta ha tumbado la licitación del concierto social de atención temprana en la comunidad para el periodo 2025-2030, prórrogas incluidas. Dicho tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana (APAAT), que esgrimía que el cálculo del coste de la sesión (28 euros) a cada menor con trastornos no cubre los gastos de los centros especializados. La Consejería de Salud y Consumo tendrá que volver a licitar el macrocontrato en condiciones que no hipotequen tanto la calidad del servicio a los más de 35.000 niñas y niños que reciben las terapias.

El servicio de atención temprana se ofrece a través de sesiones, las cuales incluyen el espacio y tiempo dedicado al tratamiento, seguimiento y apoyo de los menores, así como los gastos administrativos asociados. Todo ello entiende la Junta que los centros deben hacerlo por 28 euros la sesión. La patronal valora «satisfactoriamente» la resolución porque el tribunal ha admitido «el 80% de los puntos» que reclamaba, anulando los pliegos e instando a la Consejería de Salud a diseñar unos nuevos pliegos. «Si bien es cierto que nos da la razón en cuestiones como el complemento de dirección y coordinación, el costo de 150 euros al año de los materiales, la cobertura de las vacaciones de los profesionales y en la bolsa de sesiones que el Tribunal considera desproporcionada, no lo es menos que los asuntos en cuanto al precio en los que no se nos da la razón son cuestión mayor».

El Tribunal entiende que no queda demostrado que haya acuerdo entre patronales y sindicatos para la renovación del convenio que supone una subida de los costes salariales para 2025, razón por la que desde Apaat reclama que «patronales y sindicatos nacionales cierren y publiquen el acuerdo cuanto antes», de forma que los nuevos pliegos recojan la subida. En cuanto al coste de los inmuebles, la resolución alude que está bien considerado en los pliegos puesto que la mayoría de los centros ofrecen otros servicios, algo en lo que discrepa la patronal aduciendo que «la prestación de servicios accesorios en los CAIT es residual y siempre queda supeditada a la prestación del servicio público».

La patronal apela una vez más a la «unión de la entidades del sector» y se pone a disposición de la Junta para «abrir un proceso de diálogo que nos lleve a la confección de unos Pliegos que realmente nos permitan realizar un trabajo de calidad en los centros y que no comprometa la subsistencia de las entidades».

Apaat no descarta, como última vía, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para “impugnar los puntos que no han sido estimados e incluso para solicitar la fijación de un precio consecuente con la valoración del informe pericial que se presentó”.

El servicio de Atención Temprana se ofrece a través de sesiones, las cuales incluyen el espacio y tiempo dedicado al tratamiento, seguimiento y apoyo de los menores, así como los gastos administrativos asociados. Todo ello entiende la Junta que los centros deben hacerlo por 28 euros la sesión. Se prevé una media de ocho sesiones mensuales por cada menor. El contrato inicial tendrá una duración de 24 meses, con la posibilidad de prorrogarse por un máximo de 36 meses adicionales, lo que podría extender su ejecución hasta cinco años.

La Atención Temprana en Andalucía está regulada por la Ley 1/2023, de 16 de febrero, que establece los derechos y las condiciones del servicio para los menores con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos. Los CAIT juegan un papel crucial en la atención a estos menores, garantizando un enfoque integral que involucra tanto a los menores como a sus familias y entorno.