El concierto andaluz «condena» a los centros de atención temprana hasta 2031

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Consumo, ya ha sacado a licitación el concierto social de Atención Temprana sin elevar el coste de la sesión/hora como reclamaban los centros especializados. Una decisión que el sector considera que «condena» no solo a muchas de las empresas que ofrecen el servicio, sino que supondrá un perjuicio en la prestación de muchos de los más de 40.000 menores con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos que actualmente reciben terapia en la comunidad andaluza.

La clave del entuerto radica en que Salud sólo contempla una subida del salario de los profesionales –psicólogos, logopedas y fisioterapeutas- del 3,75% a partir de enero de 2025, pero la mediación en la negociación del «XVI Convenio colectivo de Discapacidad» ya ha alcanzado un preacuerdo para actualizar los sueldos con una subida del 10% el próximo año, un 1,5% más en 2026 y otro 1,5% en 2027. Por tanto, se produce un desfase inicial del 6,25% en el presupuesto del servicio.

En esas condiciones, las empresas consideran que es «inasumible» la prestación del servicio y, por tanto, muchos centros de atención infantil temprana (CAIT) ni siquiera optarán a los lotes en los que se divide un macrocontrato de 97 millones de euros para los dos próximos años y que, para más inri, plantea una prórroga que se alargaría incluso a 2031. Si la licitación queda desierta, como los empresarios mantienen que va a suceder, habrá menores que tarde o temprano pueden quedar desatendidos, al menos temporalmente. Razones más que suficientes para que ya se hayan dado las primeros pasos para movilizar a profesionales y familias y para avanzar la impugnación del concierto social.

El pliego consultado por este diario estipula que «dado que las tablas salariales son para el ejercicio 2024 y que el inicio de los primeros contratos formulados bajo el amparo del presente concierto social está previsto para el 2025, se ha considerado una subida anual acumulativa del incremento mínimo del IPC recogido en el artículo 32 del convenio, fijado en el 3,75 % sobre el salario base, como se indica en el convenio. El salario de referencia se calcula a partir del salario base más los dos complementos que resultan como un porcentaje del salario base (9,2 % y 7,2 %). Asimismo, se han tenido en cuenta los posibles años de prórroga (hasta 3 años adicionales), con lo que se alcanzaría el año 2031 para algunos contratos, dado que el inicio de los últimos contratos está previsto para abril de 2026».

La Junta detalla que «a partir del precio unitario de la sesión por año se calcula una media ponderada en función de las sesiones estimadas en cada uno de los años incluyendo las posibles prórrogas». La distribución por anualidades de las sesiones a lo largo del período de ejecución del contrato «incluye el peso relativo de cada anualidad respecto del total en función del número de sesiones, porcentaje a partir del cuál, aplicado al precio unitario anual, se obtiene el precio medio ponderado que redondeado al alza, resulta de 28 euros la sesión».

La patronal Apaat ya ha advertido que con esa financiación las pérdidas por sesión serán de 4 euros. En otras comunidades, como Baleares, el coste de la sesión se fija en 43,16 euros.

Sin embargo, la Junta considera que con 28 euros quedan cubiertos «todos los costes repercutidos en el servicio» con el desglose siguientes: costes directos: 81,30% (incluye gastos de personal: 79,08; gastos por inmueble: 2,12%; y gastos de material: 1,06 %); costes indirectos, 13,82 %; y beneficio industrial: 4,88 %.

El cuadro resumen, de hecho, parte de un precio unitario de sesión de 25,19 euros para 2025, cifra que va creciendo hasta 31,54 en 2031, de forma que fija una media ponderada de 27,99 euros y que dice «redondear al alza».

La Junta de Andalucía, con Juanma Moreno como presidente, apostó por la creación de la Ley de Atención Temprana de Andalucía y ampliar el presupuesto, pero el impulso ahora se queda a medio camino. El aumento del número de sesiones por menor, uno de los grandes logros, puede verse frenado. La licitación por provincias de los múltiples lotes permanecerá abierta hasta el 5 de noviembre. La Consejería está a tiempo de corregir la situación y evitar que los pasos adelante dados en los últimos años se vuelvan en contra de los más vulnerables, que son en este caso los menores en terapia.