Una medida cosmética excesivamente cara

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba ayer, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que la medida por la que se establece las reducción de la jornada laboral, si es que pasa el filtro del Congreso, era fruto del «diálogo social», dando a entender que había sido acordada con todos los agentes sociales, lo que, simplemente, no es cierto.

Las principales organizaciones empresariales de España están en contra de una decisión que sólo va afectar marginalmente a algunos sectores de la producción, pero que, en cualquier caso, va a suponer un coste calculado en 20.000 millones de euros, que recaerá directamente sobre los hombros de unas pequeñas y medianas empresas que llevan tiempo dando muestras de agotamiento –como demuestran las cifras sin maquillar del mercado laboral–, sobrepasadas por una presión fiscal inaudita y los efectos de una inflación que incrementa los costes generales de producción.

Nos hallamos, sí, ante una medida ciertamente cosmética –en un país donde las horas medias de la jornada laboral son inferiores a la propuesta gubernamental– pero excesivamente costosa. Y lo que es peor, presentada a la mayor gloria de una dirigente política que representa a un partido, Sumar, en horas bajas, y que no se ha atrevido a llevar a buen término las únicas medidas que, realmente, pueden beneficiar a los trabajadores en un mercado laboral como el actual, con excesiva temporalidad y jornadas a tiempo parcial, como son el reforzamiento de los contratos por obra y servicio –sustituidos por los fijo-discontinuos, que enmascaran situaciones de paro temporal– y el retorno de los salarios de tramitación en los procedimientos judiciales de despido.

Pero es que, además, la reducción de la jornada laboral incide en la perpetuación de uno de los factores que lastran la economía española, como es la menor productividad en comparación con las economías de la UE, por no hablar de los llamados BRICS, que están operando con ventaja en los mercados internacionales. Se argüirá que muchos empresarios en España sólo compiten a base de rebajar salarios y jornadas, pero, incluso, admitiendo que pudiera ser cierto, lo es más que la presión fiscal sobre las cotizaciones sociales y sobre las inversiones empresariales, unida a un IRPF con el que la Hacienda pública no ha tenido empacho en beneficiarse del proceso inflacionario, dejan pocas alternativas a un tejido empresarial mayoritariamente integrado por Pymes, a las que se obliga desde el poder Ejecutivo a competir en el mercado en peores condiciones que la mayoría de sus contrapartes de la OCDE. Y todo ello, el día en que los datos de desempleo volvieron a bañar de realidad los triunfalistas discursos gubernamentales sobre el milagro económico español y otros cohetes.