El PP sigue en su lucha contra la tasa de basuras: Leganés no la aplicará

Ya es 2025 y los alcaldes lo saben. Es el año que marca la fecha límite para la implantación de la tasa de basuras. Esta obligación legal impone a todos los ayuntamientos del territorio español la creación de una tasa que refleje el coste real de la gestión de los residuos. Este 2 de enero, en el primer día laboral del nuevo año, el alcalde popular de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, anunció en su cuenta de X (antes Twitter): «No vamos a aplicar para este año 2025 la tasa de basuras de Pedro Sánchez». Esto supone desmarcarse de la línea general de los regidores del PP en la Comunidad de Madrid, los cuales han mostrado su rechazo a la ley pero han declarado su disposición a cumplirla a pesar de estar en desacuerdo. Por ejemplo, Tres Cantos aprobó su tasa en el último pleno del 2024: «Como alcalde soy leal a mi gobierno y no tengo más remedio que acatar la ley. Aunque estamos totalmente en contra», explica por teléfono Jesús Moreno, el regidor del municipio. Sin embargo, Recuenco lo ve de otra manera, tal y como cuenta en conversación telefónica: «Como mejor entiendo que defiendo a mis vecinos es no aplicándoles la tasa».

Recuenco afirma que no la va aplicar, ya que «la Directiva de la Unión Europea en la que se fundamenta la ley, en la que Pedro Sánchez obliga a los ayuntamientos a poner la tasa de basuras, en ningún momento te dice que hay que poner una tasa. Lo que te dice es que hay que aplicar medidas que incentiven una menor contaminación, una menor generación de residuos».

La tasa de basuras se recoge en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta tiene su origen en la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo. El impuesto lo fija la ley española en su artículo 11, que contempla que la tasa debe reflejar el «coste real» de la gestión de los residuos. La directiva lo que establece es el principio de «quien contamina paga»: «Los costes de la gestión de residuos deben ser sufragados por el productor inicial de los residuos, por el poseedor actual o el anterior poseedor».

Los alcaldes populares han bautizado la ley como «tasazo o basurazo» de Sánchez. La directiva fue aprobada en el Parlamento Europeo con los votos a favor del PP. En el Congreso, en la votación de la ley 7/2022, los populares se abstuvieron.

Moreno afirma que votaron a favor de la ley europea porque habla de economía circular. Pero están en contra de la exigencia de la tasa de la ley española. En este sentido, Moreno pidió en una misiva a las ministras de Hacienda y de Transición Ecológica que eliminaran esa obligatoriedad, a lo que obtuvo la respuesta negativa del Secretario de Estado de Transición Ecológica, Hugo Morán. Según Moreno, «fue muy ilustrativa: demuestra que había 8 opciones, y que el gobierno se ha decantado por una única que es la de establecer la obligatoriedad de una tasa de basuras». Además, el regidor de Tres Cantos, donde antes había tasa de basuras pero estaba 100% bonificada, considera que es una «invasión de las competencias municipales».

Recuenco considera que es una «ley mala» y que por eso «tiene sus ventajas». «No pone ningún tipo de sanción a los ayuntamientos que incumplan. Y nos aprovechamos no porque me quiera aprovechar como alcalde, sino para que mis vecinos no paguen impuestos».

Francisco Peula, presidente de Rethinking y consultor de economía circular, prevé que, frente a los incumplimientos, «van a venir sanciones de Europa por no cumplir los objetivos. El Ministerio dirá ¿quién tiene competencias en medio ambiente? Las CCAA. Pues esta sanción a repartirla por las comunidades en función de si se cumplen los objetivos o no. Y las CCAA van a decir, ¿quién tiene competencia en recoger los residuos? Los Ayuntamientos».

Moreno también considera en esta línea: «Independientemente del partido que seas, estamos obligados, sino van a venir penalizaciones». Manifiesta su «lealtad» al gobierno pero su disconformidad con la ley.

Peula, que lleva 30 años trabajando en esto y asesorando ayuntamientos sobre todo del sur de España, cree que el principio de quien contamina paga dice que «el que más basura produzca, más paga. Es tan simple como lo que nos pasa con el agua, con la luz».

Además, cuenta que «la tasa de basuras casi todos los ayuntamientos la están cobrando, pero lo que dice ahora la ley es que tienes que cobrar lo que cuesta». Se refiere al coste real del que habla la norma. «Que la gente sepa en la tasa cuánto cuesta realmente gestionar los residuos a los ayuntamientos», y añade que «si la gente no sabe lo que cuestan las cosas, ¿cómo van a valorarlas?». Peula cree que la tasa es una «herramienta» y que él siempre pregunta por una «alternativa» para cumplir los objetivos de la ley. Para Recuenco, «normalmente lo que te incentiva es que te paguen no que tengas que pagar tú».

En 2022 los ayuntamientos asumieron un 57,7% de los costes totales de la recogida de los residuos municipales, según el informe de la Fundación ENT «Tasas de residuos en España 2024», que además hace «una primera estimación para 2023» que «indica que el porcentaje es aun más bajo: 52,4%». La ley en este año 2025 exige el 100%.

En el mes de mayo de 2024, la tasa de basuras generó tensiones en la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Ahí la diferencia fue de criterio: los socialistas querían homogeneizar la tasa para todos los municipios y los populares no estaban de acuerdo. Muchos regidores locales han ido prorrogando su implantación hasta abril de 2025, ya que la ley se aprobó en ese mes de 2022 y fijaba un plazo de tres años. Sin embargo, la gestión de los residuos «es un coste del municipio que tiene que estar recogido en los presupuestos», dice Peula. «A niveles prácticos, el que no haya aprobado la tasa ahora para que entre en vigor este año lo va a tener un poco más difícil, porque eso trastoca los presupuestos que tengan aprobados».