Luisa Ortega Díaz, la Fscal que encarceló a López y desnudó a Maduro

Frente a las cámaras del canal oficialista, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, lanzó un peñonazo sobre dos décadas de hegemonía chavista. A todos sorprendió su inusitada declaración en plena exposición del balance anual de su gestión sobre las sentencias 155 y 156 que el Tribunal Supremo de Justicia había dictado 24 horas antes y que usurpaban los poderes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. “Se evidencian varias violaciones al orden constitucional y desconomcimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. No hubo pestañeo.

Hablar por primera vez de ruptura del hilo constitucional en Venezuela no fue el único bombazo de esta figura históricamente leal al chavismo: Ortega Díaz también reveló que el número de homicidios intencionales en 2016 alcanzó una tasa de 70,1 asesinatos por cada 100 mil habitantes, entre otras dramáticas cifras que retratan el nivel de criminalidad en el país, tema que el gobierno de Maduro ha preferido censurar desde hace más de un lustro.

La fiscal marca con esta intevención una fisura en el alineamento de los poderes en Venezuela que han sido tomados por el chavismo durante los últimos 18 años.

En nombre del deber institucional, Ortega provocó tal revuelo que llevó a que el propio Nicolás Maduro convocase al Consejo Nacional de Defensa con carácter de urgencia (al cual la Fiscal no asistió) para revisar las sentencias del TSJ que anulaban las competencias del parlamento. El autogolpe o ruptura del hilo constitucional en Venezuela ya era un diagnóstico de consenso global. El efecto se produjo de inmediato: El Tribunal revirtió la medida pocas horas después.

Otra muestra de independencia institucional fue haber presentado el Informe Anual de Gestión 2016 en la sede del Ministerio Público y no en el Tribunal Supremo de Justicia, como pretendía implantar el Gobierno luego de que el poder judicial sentenciara que la Asamblea Nacional –espacio designado por la Constitución para esos actos- entraba en “desacato”, por lo tanto todas sus acciones serían nulas.

No fue el primer gesto que la desmarca del discurso oficial. El año pasado, cuando rendía cuentas de su gestión en 2015, denunció la masacre de 21 mineros en el sur del Estado Bolívar, desmintiendo la insistente negación de esas muertes del gobernador de la entidad. También en noviembre de 2016, exhortó a revisar los procedimientos de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), uno de los planes de seguridad bandera lanzados por el gobierno que ha sido cuestionado por organizaciones por sus prácticas violatorias de derechos humanos.

La distancia que marca esta figura de la administración chavista ha producido un desconcierto generalizado, al punto de que muchos consideran que su declaración se trató de un señuelo del Gobierno para demostrar que en Venezuela si existe separación de poderes.

La desconfianza hacia la fiscal está fundamentada. A pesar de mantener un discurso institucional, la abogada graduada en la Universidad de Carabobo con especialización en Derecho Penal y Derecho Procesal, ha estado vinculada al chavismo desde sus comienzos. Como fiscal del Ministerio Público, trabajó junto con el exvicepresidente y exfiscal general Isaías Rodríguez, abiertamente indentificado con las políticas de Hugo Chávez. Fue una de las funcionarias pidió las penas más altas contempladas en la legislación venezolana contra los policías metropolitanos condenados por las muertes de la intentona golpista del 11 de abril de 2012, entre ellos Iván Simonovis.

Su gestión en el Ministerio Público, que asumió en 2007 por nombramiento de la anterior Asamblea Nacional, se ha caracterizado por polémicas acciones y omisiones. En 2010 solicitó la extradición y enjuiciamiento del expresidente Carlos Andres Pérez por la represión policial y militar durante las protestas y disturbios registradas el 27 y 28 de febrero, conocidas como El Caracazo. Mientras preside la Comisión por la Justicia y la Verdad que investiga violaciones de DDHH cometidas entre 1958 y 1998 (justo antes de la llegada del chavismo al poder), en su despacho reposan casos de denuncias, torturas y homicidios atribuidos a la fueza pública durante las protestas de 2014 contra Maduro. Es conocida su defensa al encarcelamiento del líder de la oposición Leopoldo López y otros presos políticos.

También, se le reconoce por la creación de la Escuela Nacional de Fiscales y la apertura de fiscalías especializadas en violencia de género.

Comienzos

Nacida en 1958 en Valle La Pascua, estado Guárico, está casada con German Ferrer, diputado a la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv (que también sería afectado por la medida del TSJ de suspender la inmunidad parlamentaria y dejar sin efecto a la AN). Sus primeros pasos en el chavismo los dio cuando se incorporó al extinto Movimiento MVR 200 (que derivó en el actual Psuv), para apoyar a Chávez durante la campaña electoral que culminó con la victoria de 1998. No están aislados de la tragedia de la violencia que vive el país: su hija fue secuestrada a mediados de febrero de 2017 en Caracas.

Mientras que su hermano, Humberto Ortega Díaz, participó junto a Chávez en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Años más tarde, ocupó varios cargos en el administración del fallecido presidente, entre ellos la dirección de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que administraba desde 2003 el control de cambio.

Su vestir elegante y talante discreto contrasta con el estilo de otras representantes de los organismos públicos. Las redes sociales no le perdonaron el desliz de haber sido pillada en una tienda en París, como contradicción de los principios revolucionarios de austeridad y sacrificio. Mantiene bajo perfil las verdaderas razones de su acto rebelde frente a los poderes del chavismo.