Transparencia obliga al Gobierno a responder de las nacionalizaciones por la Ley de Memoria

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación recibió, al amparo de la Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una solicitud relativa a las nacionalizaciones a través de la Ley de Memoria Histórica, de la que concedió «acceso parcial». Pero el Consejo de Transparencia ha instado a la cartera de José Manuel Albares a dar traslado de la petición a los ministerios de Memoria Democrática y de Justicia.

El origen de esta resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se remonta al 18 de octubre de 2022, cuando el peticionario, un cuidadano particular, pidió saber el «número estimado de personas extranjeras que en base a la norma se les va a otorgar la nacionalidad española, con el detalle de los países de procedencia; los recursos adicionales materiales y humanos que va a aportar ese ministerio a los consulados españoles en el extranjero; una aclaración de los requisitos adicionales que se les va a pedir a los interesados (como antecedentes penales) y el plazo estimado medio de concesión de la nacionalidad por esta vía desde la solicitud».

El 16 de noviembre, Exteriores dijo ser «competente para responder al punto número 2», relativo a los «recursos adicionales materiales y humanos», en el sentido de que había «solicitado a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones un refuerzo temporal significativo para un elevado número de oficinas consulares en el exterior, sobre todo personal laboral auxiliar. Este refuerzo [...] será canalizado a aquellas oficinas en las que este ministerio estima que habrá una mayor demanda de solicitudes [...], con el objetivo tanto de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Ley como de mantener el nivel de servicio a los españoles en el exterior», aclaraba.

Para el resto de interrogantes, Exteriores apelaba al artículo 18 de la Ley de Transparencia, que establece que se inadmitirán a trámite las solicitudes «dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente».

Cuatro días después, el reclamante interpuso una reclamación al «no estar de acuerdo con la contestación» y afirmaba que el ministerio «sí tiene datos sobre el número estimado de personas que se van a nacionalizar españoles por la Ley de Memoria Democrática, pero no los quiere dar». Esgrimía como ejemplo una noticia en prensa que aseguraba que «cien mil venezolanos pueden ser españoles gracias a Sánchez», según estimaciones del consulado en Caracas, con una previsión de peticiones «entre 20.000 y 30.000 al mes». Por lo tanto, defendía el peticionario, «ese ministerio tiene esos datos, porque los consulados ya los están señalando». Y apuntaba que, «en cualquier caso, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática tiene infinidad de estudios subvencionados sobre el exilio español por la Guerra Civil, por lo que tampoco procede decir que no sabe el Ministerio de Asuntos Exteriores quien pueda ofrecer el dato solicitado».

Alegaba asimismo este ciudadano, sobre el plazo medio de concesión de la nacionalidad, «las prisas que se ha dado el Gobierno en la tramitación de la Ley porque quiere ir a los siguientes procesos electorales con un torrente de votos a su favor», y «tal como ha reconocido ese ministerio, va a haber un refuerzo en los recursos de los consulados, por lo que sin duda tiene que haber una estimación del plazo medio de concesión y si no se aporta es simplemente para ocultar dicha realidad».

Por todo ello, pedía que se admitiera su reclamación y se requiriera a Exteriores que contestara a los puntos 1, 3 y 4 o derivara a quien correspondiera su respuesta, «no admitiéndose que diga que no sabe quién puede tener esa información, pues aquí es evidente que hay datos que oculta deliberadamente».

Exteriores presentó sus alegaciones el 16 de diciembre, asegurando tener, «por si fueran de utilidad», los datos «relativos al número de solicitudes de adquisición de nacionalidad española presentadas en los registros civiles consulares al amparo de la Ley de Memoria Histórica». Además, señalaba los dos ministerios que «podrían tener en su poder la restante información»: el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y el Ministerio de Justicia.

El Consejo de Transparencia estima por ello que «corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores remitir la solicitud de información a los citados ministerios», a los que pide se dirija «a fin de que faciliten la información de la que dispongan sobre los puntos de su competencia».

A juicio del reclamante, «es evidente que este Gobierno merece un suspenso en el área de Transparencia», y que cada cartera «practica una especie de autismo burocrático» para «dejar todos los asuntos comprometedores en un limbo de desidias, opacidades e inactuaciones».