Veinte meses sin noticias de un informe del Gobierno que demostraría que los policías nacionales son profesión de riesgo

En junio de 2023, la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, informaba a través de un escrito de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, había iniciado los trámites para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación de los policías nacionales. Un anuncio que no fue más allá, ya que 20 meses después nada se sabe de ese informe ni de sus posibles conclusiones.

En ese escrito, señalaban que el proceso estaba "en fase de tramitación de conformidad con lo indicado en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social". Asimismo, subrayaba que el ministerio había iniciado los "estudios sobre siniestralidad, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo del colectivo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad, como requisito previo a la aplicación de los motivos que incluyan la jubilación anticipada para este colectivo".

Finalmente se comprometía a "averiguar" por qué no había todavía una respuesta. Y esa sigue siendo la situación a día de hoy, porque más de un año y medio después de ese comunicado, los agentes siguen sin obtener respuesta alguna. Así lo han denunciado desde el sindicato policial Equiparación Ya (EYA), en un escrito remitido al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, en el que recuerdan lo que establecía el artículo 11 del citado Real Decreto: "La Secretaría de Estado de Empleo llevará a cabo un estudio preceptivo y pondrá en conocimiento de las organizaciones sindicales los resultados a fin de que formulen alegaciones".

Jubilación a los 59 años, con el 100% de pensión

En este punto, ante la falta de información, el sindicato, presidido por Natan Espinosa, solicita saber "si se han iniciado los estudios sobre la siniestralidad, penosidad, peligrosidad y toxicidad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y en el caso de que se hubieran iniciado, en qué estado se encuentran para reconocer las pensiones de los policías nacionales como el resto de colectivos ya considerados como profesión de riesgo".

Y por qué es importante este informe, porque el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social contempla la posibilidad de rebajar la edad mínima de jubilación por real decreto y mediante coeficientes reductores para aquellos grupos o actividades profesionales "cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acuse elevados índices de morbilidad o mortalidad". Una encrucijada en la que los agentes llevan años enzarzados con el Ejecutivo, que se niega a reconocer a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, mientras mossos, ertzainas y policías locales sí forman parte de ese catálogo.

El Gobierno juega al despiste con los agentes y bloquea al extremo cualquier iniciativa política. Tanto es así que este miércoles el PSOE volvía a bloquear y solicitar otro aplazamiento para la presentación de enmiendas a "la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el objeto de incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y a los funcionarios de Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo". Y con este aplazamiento son ya 21 las ocasiones en las que el Ejecutivo ha demorado este trámite, lo que genera "frustración" e "indignación" entre los agentes.