El Defensor del Pueblo confirma el inicio de los trabajos para la jubilación digna de policías nacionales y guardias civiles

En junio de 2023, la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, informaba a través de un escrito de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, había iniciado los trámites para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación de los policías nacionales en el sistema de la Seguridad Social. Hay que recordar en apenas seis años, un policía nacional retirado pierde hasta 70.000 euros respecto a un mosso o un ertzaina. Por este motivo, exigen una jubilación digna anticipada, a los 59 años y con el 100% de su aportación económica.

En ese escrito, remitido al sindicato policial JUPOL, apuntaban que el proceso estaba "en fase de tramitación de conformidad con lo indicado en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social". Asimismo, subrayaba que el ministerio había iniciado los "estudios sobre siniestralidad, penosidad, peligrosidad toxicidad de las condiciones de trabajo del colectivo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad, como requisito previo a la aplicación de los motivos que incluyan la jubilación anticipada para este colectivo".

Pues bien, esta misma semana, la Institución que dirige Ángel Gabilondo ha enviado otro escrito a los agentes para confirmar que ya han comenzado, "con retraso" eso sí, los trabajos en el seno de las correspondientes mesas técnicas para establecer los parámetros de la jubilación anticipada de policías nacionales y guardias civiles. Un documento en el que especifica que el ámbito de negociación, según la legislación vigente, corresponde a las Mesas de Negociación referidas en los artículos 34 y 36 del Estatuto Básico del Empleado Público, "no siendo posible canalizar las propuestas de negociación fuera de estas mesas, todo ello sin perjuicio de las limitaciones que respecto a las materias objeto de negociación impone la norma y los acuerdos vigentes".

El Defensor del Pueblo indica en este nuevo escrito remitido a JUPOL que la actividad de la mesa de negociación de la que forma parte la Administración y las organizaciones sindicales se materializa en unas fases o trámites, que incluyen propuestas, deliberación y discusión y, llegado el caso, acuerdo o desacuerdo total o parcial. En definitiva, explica que ya existen unos cauces preestablecidos a través de los cuales deberán tratarse todas esas cuestiones. Así, una vez se han iniciado los trabajos pertinentes en las correspondientes mesas técnicas, tal y como exigían desde este sindicato, la Institución da por finalizada su intervención.

Agravio comparativo con mossos y policías locales

El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha mostrado su "profunda satisfacción" por el inicio de estos trabajos, que dan respuesta a una "demanda justa de equiparación de las condiciones de jubilación", con el resto de Policías de España. A su juicio, la equiparación de los efectos del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales y autonómicos, "es perfectamente aplicable a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

De este modo, Rivera insiste en que los motivos que recoge el Real Decreto, que permite la jubilación de policías locales y autonómicos a los 59 años con el 100% de sus retribuciones, son perfectamente extrapolables a los funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, por lo que debe aplicarse "la máxima jurídica de que, a igual situación, igual tratamiento jurídico".

En la actualidad, mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación por jubilación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra. En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y en el mejor de los casos terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico.