Los nuevos españoles de la «ley de Nietos»: 374.000

La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, ha dado la nacionalidad española a 373.616 personas que lo han solicitado hasta el 31 de diciembre de 2022. En total, durante ese mismo periodo de tiempo, se han tramitado 491.177 solicitudes, pero 97.671 han obtenido resoluciones denegatorias.

Así queda constancia en los datos a los que ha tenido acceso este diario, revelados por el Gobierno a una pregunta parlamentaria del PP firmada por el diputado José Antonio Bermúdez de Castro. La Habana, con 186.830, es con mucha diferencia la ciudad en la que mayor número de nacionalidades se ha concedido hasta ahora. Buenos Aires (56.489), México (35.570) o Miami (20.459) siguen de lejos la estela de la capital cubana en el objetivo de beneficiarse de la conocida como «ley de Nietos».

Todos los interesados han podido solicitar la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Histórica, que tuvo vigente esta opción durante dos años –la norma actual establece un año de prórroga–. Aquella ley recogía una disposición adicional que permitía la adquisición de la nacionalidad de origen a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español, así como los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio por la Guerra Civil y la Dictadura.

En cambio, el Gobierno no facilita los datos de nacionalizados gracias a la nueva Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor con su publicación en el BOE el pasado 19 de octubre. «En estos momentos se están terminando de recabar y consolidar los datos de expedientes recibidos y tramitados en los registros civiles consulares a 31 de diciembre de 2022», es la respuesta que da el Ejecutivo.

Sin embargo, el PP insiste en que el Gobierno tiene que tener esos datos y exige que aporten esa información en una nueva pregunta elevada a la Mesa del Congreso. «Entendemos que, ya incluso a fecha de la respuesta –23 de febrero– necesariamente el Gobierno ya debía contar con esos datos, en cumplimiento de la ley». Explican los populares que «teniendo en cuenta que la nacionalidad española conlleva el derecho al sufragio, y que los españoles que residan permanentemente en el extranjero, para ejercer el derecho al voto, deben estar inscritos como residentes en el Registro de Matrícula Consular e inscritos correctamente en el censo vigente para cada convocatoria electoral, en este caso el Censo Electoral deResidentes Ausentes (CERA)», los plazos estipulados determinan que «el censo vigente será el cerrado a 1 de febrero de 2023, [...] y tanto el pasado 23 de febrero como a fecha actual, necesariamente ya se deben tener los datos que se solicitan».

En la normativa que fue aprobada en 2022, la posibilidad de optar a la nacionalidad española la fija la disposición adicional octava, pero el Ministerio de Justicia hizo el 25 de octubre de 2022 una reinterpretación para abrir las nacionalizaciones a todos los hijos, nietos y bisnietos de emigrantes españoles, y no solo a los descendientes de exiliados, como establecía en su primer criterio del día 20 de octubre.

En el actual proceso de nacionalizaciones, fuentes consulares cifran en más de 425.000 las peticiones solo en Cuba, Argentina, Venezuela, Brasil y México, mientras que los colectivos de descendientes calculan en 400.000 los nuevos españoles.

Los populares preguntaban además a través del Registro del Congreso por la lista de partidos, entidades o sindicatos que están capacitados para expedir certificados o documentos para «acreditar la condición de exiliado de los ascendentes para obtener la nacionalidad española». Sin embargo, el Gobierno no especifica: «Dichas certificaciones o informes podrán ser expedidos por todos los partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, siempre que estén debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados».

En este sentido, el PP consulta al Gobierno si considera que la «presunción de veracidad de los documentos» emitidos por entidades privadas «indeterminadas» se pueden equiparar a administraciones públicas y Moncloa responde que «corresponde al Encargado de la Oficina del Registro Civil competente la calificación de los hechos».

En paralelo, ha venido desarrollándose un proceso legal tras una denuncia por la vía seguida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para llevar a cabo las nacionalizaciones. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica interpuso un recurso contencioso- administrativo contra la instrucción del 25 de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia, en base a que contemplaba más supuestos de hecho para las nacionalizaciones de los incluidos en la propia norma, «desbordando los cauces legales previstos y apostando por un otorgamiento masivo y generalizado de la nacionalidad española que alcanza a un colectivo muy amplio y ajeno al exilio político que provocó el final de la Guerra Civil». El pleito está en fase de alegaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Más de 490.000 solicitudes de 174 ubicaciones

El anexo que facilita el Gobierno recoge, en tres folios, el listado de ubicaciones en las que se ha concedido la nacionalidad: en la relación que abre La Habana (186.830) figuran Sao Paulo (19.527); Córdoba (13.204); Caracas (12.799; Santiago de Chile (12.730; Montevideo (11.780); Rosario (9.688); Mendoza (8.845); Santo Domingo (5.503); Bahía Blanca (4.276) y Monterrey (3.475), entre otras.