Colapso en los consulados por los nuevos españoles de la Ley de Memoria

El Gobierno ha avalado la instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre cómo se debe gestionar la obtención de la nacionalidad española por parte de descendientes de exiliados prevista en la Ley de Memoria Democrática (LMD), un mecanismo que está denunciado en los tribunales y que está colapsando la actividad de los consulados españoles en Iberoamérica. Y ello pese a que el Gobierno diera la orden de reforzar sus delegaciones en el exterior en previsión de la avalancha de peticiones, en una maniobra con una lectura electoral: los miles de votos que pueden llegar –en un caladero proclive a la izquierda– a tiempo para la cita con las urnas este año.

El Ejecutivo, en una respuesta remitida a varios diputados del PP que se interesaron por la instrucción, aseguró que esta es «acorde» a la disposición adicional octava de la LMD, así como «a la jurisprudencia de la Audiencia Nacional».

Sin embargo, la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica interpuso un recurso contencioso administrativo contra esta instrucción de 25 de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia, en base a que contemplaba más supuestos de hecho para las nacionalizaciones de los incluidos en la propia norma, «desbordando los cauces legales previstos y apostando por un otorgamiento masivo y generalizado de la nacionalidad española que alcanza a un colectivo muy amplio y ajeno al exilio político que provocó el final de la Guerra Civil».

En el PP consideraban que no era la mejor redacción e iba más allá de los temas de memoria, al tratarse de una instrucción que hace una interpretación «por encima de lo que dice la ley» y amplía a los beneficiarios. «Se está abriendo claramente a los descendientes de las personas que salieron, pero no van a poder acreditar que fueron exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual», según explicó a Europa Press la diputada María Jesús Moro. Y eso, denunció, «no se puede hacer con una instrucción de un órgano administrativo, sino que tendría que hacerse por una modificación legal». En opinión de la diputada del PP, la Dirección General de Seguridad Jurídica «está haciendo de legislador».

En este escenario, y mediante un auto de fecha 7 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió que no ha lugar a las medidas cautelares de suspensión solicitadas por la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica, en base a que su otorgamiento supondría entrar en el fondo del pleito, algo que no es posible en la fase de pieza de cautelares.

La entidad ha recurrido contra este auto de denegación mediante un recurso judicial presentado ayer, en el que se añaden nuevos hechos que justificarían la necesidad «imperiosa y urgente» de poner freno a la instrucción. El objetivo sería «evitar los daños que causarían miles y miles de nacionalizaciones otorgadas que posiblemente luego serían declaradas nulas por basarse en una instrucción a su vez nula de pleno derecho», señalan fuentes de la asociación, «lo que supondría un gravísimo coste para el erario público y a nuestra propia imagen como nación ante semejante chapuza normativa, y todo ello en un constante marco de inseguridades y rectificaciones [de la propia instrucción] por parte del Ministerio de Justicia, lo que ya está alcanzando un nivel de importante alarma social, no solo dentro de España».

En cualquier caso, a juicio de los juristas consultados, el ritmo que está llevando el tribunal «es bastante acelerado, pues en apenas unas semanas ya hay una primera resolución en cuanto a las medidas cautelares, resolución que ya está impugnada, y la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica ya ha formalizado la oportuna demanda en el procedimiento».

Asimismo, y como resultado del emplazamiento que efectuó por edicto en el BOE el propio Ministerio de Justicia para que se sumaran al pleito todos los interesados, de momento se han personado como codemandados la Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (ADEM) y un colectivo de ciudadanos de carácter no asociativo.

Para el PP, la instrucción gubernamental hace «una trampa» con el objetivo de «meter por la vía rápida nacionalidades de un montón de gente» de forma «arbitraria» y sin «ningún control», según Moro. «Eso puede condicionar en un momento determinado un vuelco electoral y que disfruten de todos los derechos, incluidos los que acarrea pertenecer a la Unión Europea, personas aunque no vivan en España y tengan muy poca vinculación con el país», añade la diputada, que fue una de las ponentes de la Ley de Memoria Democrática.

Desde la asociación por la Reconciliación aseguran que «en breve explorarán nuevas y complementarias vías administrativas y judiciales conducentes a evidenciar el caos que está aplicando este Gobierno en el ámbito de las nacionalizaciones exprés e ideológicas vía «memoria democrática».