El Gobierno no informa del acuerdo migratorio con Biden

El mismo día que arrancaba la campaña electoral de funesto resultado para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se hacía una foto en un encuentro en el Despacho Oval con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El precio de la foto de ese 12 de mayo tenía un coste concreto: el envío a España de miles de inmigrantes que los norteamericanos no desean en su territorio, según un acuerdo que surge de la disposición mostrada por Sánchez hace un año en la Cumbre de las Américas, cuando aceptó echar una mano a la Casa Blanca. Esa mano tendida se ha materializado en un convenio por el que España –y también Canadá– aceptan acoger de manera temporal a inmigrantes que solicitan su entrada en EE UU mientras se tramita su solicitud.

Conocedor de este plan, el abogado y activista Guillermo Rocafort, haciéndose eco de las informaciones publicadas en la prensa estadounidense, formuló el 28 de abril una petición de información al Ministerio de Asuntos Exteriores en base a la Ley de Transparencia, con preguntas concretas. Mediante una resolución sin fecha, el director del Gabinete del ministro José Manuel Albares ha inadmitido esta solicitud alegando que corresponde a «otros departamentos», que no son mencionados, en base al artículo 18.1.d) de la norma, que establece la inadmisión de una petición de información cuando va «dirigida a un órgano en cuyo poder no obre la información y se desconozca el competente».

Sin embargo, el titular de la cartera de Exteriores, que precedió a Pedro Sánchez en el viaje a Estados Unidos, se reunió en Washington con su homólogo Antony Blinken para perfilar los detalles del acuerdo migratorio –además de abordar la dilatada descontaminación de los residuos radiactivos de Palomares–, aunque ninguno de los dos aportó datos sobre el número de inmigrantes afectados, ni desde qué centros se procesarían las peticiones o sobre el estatus migratorio una vez llegados a España, en nuestro caso.

Por este motivo, al letrado solicitante le llama «mucho la atención» que Exteriores «no sepa cuáles son esos otros departamentos competentes, al entrar este asunto dentro del ámbito de las relaciones internacionales de España», y asimismo «que no se haya efectuado un esfuerzo de transparencia aclaratorio en este sentido, para actuar como obligaría el artículo 19.1 de la Ley de Transparencia», que dispone que «si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, este la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante».

Alude a «otros departamentos» sin citar al ministerio de Escrivá, que derivará a los migrantes

Según Rocafort es «obvio que la información existe, pero se denota de la respuesta un afán ocultista para hurtar esos datos a la opinión pública española», que, en su opinión, «no va a comprender por qué España se tiene que hacer cargo de los problemas migratorios de la nación más importante del mundo, cuando nuestro país tiene los suyos propios ante los cuales, por lo visto, Estados Unidos no va a aplicar el principio de la reciprocidad».

Uno de los «departamentos» implicados y afectados por el acuerdo sellado es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cargo de José Luis Escrivá, encargado de abrir las denominadas Oficinas Regionales de Gestión de la Migración en Colombia y Guatemala, donde funcionarios de la ACNUR y la Organización Mundial de las Migraciones tienen que seleccionar a los candidatos para ser trasladados a España y Canadá. Dado ese paso, los interesados podrán conseguir protección internacional o su reasentamiento en estos países, por ejemplo con algún permiso de trabajo.

El acuerdo de Estados Unidos con España y Canadá pretende fomentar las vías legales de migración ante la expiración de la normativa migratoria y la vuelta al llamado Título 8, por el que aquellos migrantes que lleguen a sus fronteras de forma ilegal serán devueltos y no podrán volver a intentarlo en 5 años. Desde la Administración Biden han explicado que la intención es «abrir finalmente unos 100 centros regionales de tramitación en lugares clave del Hemisferio Occidental».

«Estamos agradecidos por el compromiso de España de trabajar con nosotros en estos centros regionales de procesamiento que vamos a establecer«, le dijo Blinken a Albares, destacando además la «innovativa vía» creada por el Gobierno español de los programas de migración circular, a través de los que el sector privado puede cubrir sus necesidades laborales contratando temporeros en otros países.

Pero, de momento, se desconocen los detalles que Rocafort reclamaba a través del Portal de Transparencia, empezando por el texto completo del acuerdo, aparte de puntos cruciales como las ventajas que pueda suponer para España; los recursos públicos que se destinarán para llevarlo a cabo; la previsión de personas que van a ser desplazadas y en qué localidades y comunidades autónomas se va a fijar su ubicación.

El letrado insiste en que se trata de «un acuerdo internacional del que Exteriores tendría que estar informado», porque «entran en juego peticiones de asilo cuya gestión es de los consulados y la Embajada de España que corresponda, aparte de la infraestructura necesaria para el envío de todas esas personas que deben pasar por las legaciones consulares y diplomáticas españolas. Hablamos de fronteras, visados, documentación administrativa...".