Fraude de los ERE: Conde-Pumpido plantea neutralizar la valoración del TJUE de la sentencia que desinfla las condenas

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido quiere impedir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la sentencia de la corte de garantías de anular las condenas por el fraude de los ERE, entre otros a los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves. A Conde-Pumpido no le ha sentado bien que la Audiencia de Sevilla haya abierto hace solo unos días el procedimiento para llevar al TJUE esa polémica resolución, que reinterpretó el fallo del Tribunal Supremo y obliga ahora a dictar una nueva sentencia que, de acatar los argumentos del TC sobre los delitos de prevaricación y malversación, reduciría drásticamente las condenas a los exresponsables políticos del fraude de las ayudas de empleo.

En particular, la Audiencia de Sevilla considera que la sentencia del TC puede ir en contra del derecho comunitario que persigue la malversación como estandarte de la lucha contra la corrupción política. Pero el presidente del TC considera que acudir a la Justicia Europea socava la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Algo que, según ha adelantado El Español y confirman a este periódico fuentes del TC, planteó ayer en la reunión de la Sala Primera del tribunal en relación a otro posicionamiento, este de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación a la aplicación de un laudo arbitral, un asunto en el que también se cuestiona una resolución del TC al respecto.

De hecho, según ha podido saber LA RAZÓN el asunto se está abordando, fuera del orden del día, en el Pleno que el TC está celebrando esta mañana. De momento, Conde-Pumpido ha acordado dictar sendas diligencias "pidiendo información" tanto a la Audiencia de Sevilla como al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Activa el mecanismo para hacer cumplir la sentencia

El presidente de la institución parece dispuesto a solicitar un informe a los letrados del TC que determine si un tribunal puede recurrir al TJUE para cuestionar una sentencia del Tribunal Constitucional, un dictamen que podría auspiciar una doctrina negando esa posibilidad. Pero ese informe, por ahora, no se ha solicitado.

Fuentes próximas al presidente del TC señalan que tras enterarse "por la prensa de que se ha suspendido la ejecución de varias sentencias firmes" del Tribunal Constitucional sobre los ERE "a través de una providencia de la que no se nos ha informado", se ha "solicitado la documentación para resolver lo que proceda". Pero precisan que Conde-Pumpido no ha encargado todavía ningún informe a los letrados del tribunal a este respecto.

Esas mismas fuentes hacen hincapié en que el artículo 92 de la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC resulta "muy instructivo" en relación a este asunto porque "nos impone la obligación de velar por la ejecución de nuestras sentencias, y nos otorga facultades para ello".

El citado artículo de la LOTC -modificado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 para dotar al tribunal de capacidad ejecutoria después de que la Generalitat eludiera su mandato de no celebrar la consulta soberanista del 9 de noviembre del año anterior- otorga al TC la capacidad de velar "por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones", dejando en sus manos "las incidencias de la ejecución" de las mismas. Del mismo modo, le faculta para declarar la nulidad "de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó".

Una vez solicitada información a la Audiencia de Sevilla, Conde-Pumpido parece encaminarse a promover un incidente de ejecución para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia de los ERE, pues según este mismo artículo si el TC constata que una de sus resoluciones está siendo incumplida, puede "-tras solicitar esas explicaciones- imponer una multa de 3.000 a 30.000 euros, suspender en sus funciones a "las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento", asumir la ejecución sustitutoria de la sentencia, recabando incluso "la colaboración del Gobierno" o deducir testimonio a los juzgados que correspondan "para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".

En esa misma línea, ponen sobre la mesa el artículo 4 de la LOTC, que dispone que "en ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional" y faculta al TC ac adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para preservar su jurisdicción, "incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben". Ese mismo artículo al que se acoge Conde-Pumpido determina que las resoluciones del Tribunal Constitucional "no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado" (aunque nada dice respecto a tribunales comunitarios).

Un "varapalo" a Conde-Pumpido

Fuentes del TC consideran "un varapalo" a Conde-Pumpido la decisión de la Audiencia de Sevilla de abrir la vía europea y señalan que en el asunto de los ERE el presidente del TC "dictó la sentencia que él habría dictado de estar en el Tribunal Supremo", donde causó perplejidad al entender que de esta forma el TC se está arrogando una posición jurisdiccional que no le corresponde, como última instancia por encima del propio Supremo.

El temor de Conde-Pumpido a que el TJUE determine que la sentencia del TC sobre los ERE vulnera el derecho de la Unión no es infundado: de prosperar la cuestión prejudicial que la Audiencia de Sevilla quiere plantear ante la Justicia europea, precisan fuentes del Constitucional, "aunque esa decisión no anularía nuestra sentencia, permitiría a la Audiencia de Sevilla repetir su sentencia original, acorde con el derecho de la UE, que el TC no podría ya tocar".

Un magistrado del TC lo advirtió

Un magistrado del TC ya advirtió de que la sentencia que desinfló las condenas por el fraude de los ERE iba en dirección contraria al derecho comunitario. En su voto particular, Enrique Arnaldo expuso que ese desvío de ayudas sociolaborales para fines distintos a los previstos sin control alguno vulneró los principios del derecho de la Unión Europea en materia de control del gasto público como "dique de contención en la lucha contra el fraude y la corrupción política".

Según puso de manifiesto el magistrado conservador, la sentencia del TC "contraviene los principios nucleares» del derecho de la UE" porque el control del gasto público es "la herramienta principal para luchar contra el fraude y la corrupción", imprescindible para evitar "un riesgo sistémico de impunidad".

Pese a que los fondos malversados -más de 680 millones de euros- no incluían fondos comunitarios, Arnaldo consideraba "muy relevante" tener en cuenta los principios del derecho de la UE sobre el control del gasto público para analizar la actuación de los gestores del dinero público.

Pero esas advertencias cayeron en saco roto. En el voto particular, el magistrado se quejaba de que la sentencia de los ERE se despachó "apresuramiento" tras deliberarse y votarse el asunto en el Pleno "en muy poco tiempo". Y en la resolución no se replicó a esos argumentos sobre la posible vulneración del derecho de la Unión. Ninguno, lamentaba, fue "rebatido o contestado".

Arnaldo señalaba el "elocuente contraste" entre la "protección reforzada" que la UE atribuye a la respuesta judicial al delito de malversación y la respuesta del Tribunal Constitucional "a uno de los casos más graves de corrupción política institucionalizada en España", que según entiende la decisión del TC ha dejado "impune".