Los contactos al máximo nivel del socio de Aldama: “Reunión urgente con el Ministerio”

Víctor de Aldama consiguió la licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel gracias a sus contactos con miembros del Ejecutivo. Sin embargo, el trámite fue un proceso complicado que llegó a encallarse a finales de 2021. La primera negativa a la solicitud provocó que su socio y dueño de la petrolera, Claudio Rivas, reaccionara pidiendo audiencia urgente con el Ejecutivo, avisando de que esto iba a "traer problemas".

Así se desprende de los mensajes intercambiados entre ambos cabecillas de la trama el 9 de diciembre de 2021 y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. El empresario petrolero contactó con su socio el día 9 de aquel mes para advertirle de que el Ministerio de Transición Ecológica que entonces lideraba Teresa Ribera les había declinado la solicitud. "Denegado el título de Villafuel de operador. Esto va a traer problemas. Y muy serios", le advirtió.

Aldama, que según la UCO tiró de sus vínculos con el Ejecutivo para conseguir un trato de favor, se mostró sorprendido con lo ocurrido. "¿Pero no habían dicho que todo estaba perfecto a tu propia gente de la consultoría? No entiendo nada", dijo. Rivas le reiteró que la respuesta había sido negativa y que su hermana, también imputada en las diligencias, se movilizó rápido para obtener una respuesta.

Las gestiones de Koldo

"Hay lío, está mi hermana pidiendo una reunión urgente en el Ministerio", advirtió, dando a entender que tenían línea directa con la Administración y que iban a pedir explicaciones de lo ocurrido; en concreto con el Ministerio de Industria, que fue donde se llevaron a cabo las negociaciones. Los mensajes que siguieron demuestran que ambos tenían idea de lo que podía haber pasado. "Pues nada, una más", expuso Aldama, a lo que su interlocutor respondió que ya sabía "de dónde" venía la negativa. "Ya lo verás", sentenció.

El sumario de la trama del fuel arroja luz a este episodio y confirma que, efectivamente, aquel 9 de diciembre el Ministerio de Transición Ecológica denegó a Villafuel su petición para operar en el sector. Una semana después, la mercantil informó de que iba a iniciar la distribución desde el 1 de enero de 2022. Entre ambos episodios se produjeron los mensajes de Aldama y Rivas en los que éste último llegó a anticipar disputas. "Vienen líos de verdad", dijo.

La UCO se incautó de estos mensajes tras las detenciones del caso Koldo, en febrero del año pasado. El teléfono de Aldama destapó toda la red de contactos en el Ministerio de Transportes, que le abrió la puerta a los millonarios contratos de mascarillas. Pero, más allá de eso, los agentes detectaron que Aldama se traía entre manos un negocio de compra venta venta de fuel con Rivas; quien ya estaba en el radar de la Guardia Civil por su implicación en otros fraudes del IVA con el fuel.

Una licencia bajo sospecha

De esta forma, tiraron del hilo hasta destapar una presunta organización criminal que habría defraudado más de 200 millones de euros a Hacienda. Ello propició la detención de ambos en octubre y su ingreso en prisión. El sumario desvela que Aldama y Rivas fueron los cabecillas de esta red, nutrida de una decena de testaferros y que habría desviado más de 73 millones al extranjero para su posterior blanqueo.

Tras estudiar los mensajes incautados, los agentes concluyeron que ambos trazaron un plan para conseguir que Villafuel obtuviera la licencia. La idea la habrían ideado a finales de 2020; meses después de las adjudicaciones de emergencia con las que Aldama cobró más de 5,5 millones en comisiones. Para ello, Rivas recurrió a Aldama y éste, a su vez, a Koldo García. El asesor de Ábalos tenía influencia directa en el Gobierno, hasta el punto de que fraguó una reunión con Rivas y Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.La misma se celebró en enero de 2021.

A cambio, la red se ofreció a comprar una vivienda vacacional en La Alcaidesa (Cádiz) para el entonces ministro y 'número tres' del PSOE, José Luis Ábalos. De hecho, la UCO sospecha que este fue el peaje que tuvieron que pagar para poder agilizar los trámites. Para ello utilizaron una de las mercantiles implicada en la trama de la que es administradora la hija de la empresaria que llevó 90.000 euros en sobres a Ferraz.

El enfado de Aldama

Días después de la reunión en Industria la empresa solicitó formalmente la licencia para operar. Sin embargo, los meses pasaron y el aval no llegaba. El primer traspiés se lo llevaron en julio de 2021, cuando Pedro Sánchez fulminó a Ábalos del Ministerio de Transportes. Una vez despojado de su influencia, la trama cerró esa puerta y le mandaron un escrito de resolución del contrato al exministro para que abandonara la vivienda ante el impago del alquiler.

Es más, de los mensajes intercambiados el 9 de diciembre de 2021 se desprende que Claudio Rivas activó la maquinaria para echar al exministro del chalet de Cádiz, tras denegarles el Gobierno la licencia. "Por cierto, al burofax no lo contestan. Hay que empezar a tramitar el desahucio, antes de que vengan los líos", apostilló. Aldama le pidió cautela a la espera de hablar con sus contactos en Moncloa: "Espera, no la vayamos a liar más", respondió.

Durante los siguientes meses Villafuel presentó todos los documentos necesarios y, en septiembre de 2022, obtuvo finalmente la licencia. Sin embargo, Anticorrupción sospecha que el Ministerio de Ribera le dio el visto bueno, pese a no cumplir los requisitos necesarios. Es más, en su querella, expuso que el aval del Gobierno fue el que permitió la dinámica defraudatoria. Se trata de extremos que no solo constatan los investigadores, sino que han corroborado ante la Guardia Civil Carmen Pano, la empresaria que estuvo presente en las reuniones en Industria y que llevó el presunto dinero negro a la sede del PSOE.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica niegan a este medio cualquier trato de favor a la empresa Villafuel en la tramitación de su expediente y precisan que la denegación inicial fue recurrida sin éxito. Según indican, la empres tuvo que iniciar un segundo expediente en julio de 2022, en el que, entonces sí, acreditaron los requisitos técnicos y financieros que les permitió obtener la licencia. Al hilo recuerdan que este departamento "no otorga ninguna licencia/autorización para operar dentro del sector" tras la entrada en vigor de la Ley 8/2015.