Tribunales
Ábalos amplía su denuncia contra la UCO en la Fiscalía en plena cuenta atrás para su investigación formal en el Supremo
El exministro aporta un oficio de la Guardia Civil y reitera que fue objeto de seguimientos pese a que su condición de aforado se lo impide
José Luis Ábalos ha vuelto a pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue la actuación de la Guardia Civil en el caso Koldo. El exministro socialista, a quien el Congreso de los Diputados acaba de retirarle la inmunidad, ha ampliado su denuncia ante el Ministerio Público para que se esclarezca si la Unidad Central Operativa (UCO) le investigó en 2023, pese a estar aforado.
Aunque ahora mismo el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la petición del Tribunal Supremo para que pueda imputarle formalmente, el exsecretario de organización del PSOE sostiene que fue víctima de seguimientos por parte de la UCO en 2023. Se trata de una denuncia que interpuso en diciembre y que este mes de enero ha ampliado, aportando además un oficio de esta unidad policial, según se desprende de la documental a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Ábalos insta a la Fiscalía en su nuevo escrito a que abra diligencias "por vulneración de un derecho fundamental" y también por vulnerar el derecho de un aforado. Al respecto, adjunta un oficio de la UCO del 4 de diciembre de 2023 que da cuenta de los seguimientos a los cabecillas de la trama Koldo. El exministro socialista defiende que, como consecuencia del operativo impulsado de seguimientos a su exasesor, Koldo García, y el hermano de éste, Joseba, tuvieron conocimiento de la entrega que éstos le hicieron en Valencia de un sobre, cuyo contenido analizaron y fotografiaron.
Seguimientos en Valencia
El exministro expuso en su denuncia inicial que, como consecuencia de los pinchazos telefónicos a los líderes de esta presunta organización criminal, los agentes tuvieron conocimiento de que le iba a hacer entrega, a través de su hermano Joseba, de una documental del Ministerio de Transportes que él dirigía. En concreto, de una documentación proveniente del que fuera subsecretario de Transportes y también investigado en estas diligencias, Jesús Manuel Gómez García.
En el trayecto de Alicante a Valencia, ciudad natal de Ábalos y donde tenía que recoger los papeles, la Guardia Civil efectuó un control sobre el vehículo de Joseba García y localizó el sobre que, según defendió, estaba cerrado y dirigido a su persona. El documento contenía una resolución del Consejo de Transparencia en respuesta a la reclamación realizada por el abogado denunciante del caso, Ramiro Grau, con relación a los contratos de mascarillas que se investigan en esta macrocausa.
Un segundo documento emitido por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de estos contratos covid y la respuesta del Ministerio de Transportes a la petición de Transparencia. Según denuncia Ábalos, los agentes de la Guardia Civil siguieron a Joseba García hasta que llegó a su domicilio de Valencia, donde, una vez allí, fotografiaron la casa y su vehículo. Según expuso, esta actuación tenía por objeto, averiguar tanto de las bases de datos de la Guardia Civil como de la Dirección General de Tráfico, información sobre la titularidad de su coche.
El abogado de Ábalos, el prestigioso penalista José Aníbal, llevó estas pruebas ante la Fiscalía General del Estado en diciembre del año pasado y pidió que se abrieran diligencias para esclarecer si su cliente fue víctima de una investigación encubierta cuando la causa todavía no se dirigía hacia él. Además, recordó que se podían haber vulnerado sus derechos fundamentales puesto que al estar aforado no se le puede investigar a menos que se activen los mecanismos para ello, como ahora ha ocurrido.
Los papeles de Ábalos
La falta de respuesta de la institución que dirige Álvaro García, le ha llevado a recordar de nuevo su petición y a ampliarla, aportando además un informe policial de 2023. El mismo recoge, precisamente, el resultado de la investigación denunciada por el exdirigente socialista. En concreto, los agentes se hacen eco de lo ocurrido en Valencia. "Esta unidad interpretó -como posteriormente se corroboró- que Joseba había quedado con Ábalos el 4 de noviembre en Valencia", expuso la Guardia Civil.
Es más, el oficio aportó datos como la dirección del domicilio del exdirigente socialista y todo lo relativo al cometido de Joseba con la entrega de los papeles del Ministerio. Sin embargo, y a diferencia de lo defendido por el denunciante, la UCO expuso en su informe que el sobre en cuestión estaba "abierto" y "en blanco". Del mismo modo, incluyó fotografías del exministro y aportó información sobre el vehículo "de su titularidad" que conducía.
Aval del Congreso para imputarle
A la espera de que la Fiscalía dé respuesta a su reclamo, el Congreso de los Diputados ha despejado el camino para su imputación formal en el Tribunal Supremo. Cabe recordar que el alto tribunal abrió una derivada del caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional para investigar todo lo relacionado con el diputado cuya investigación, por su condición de aforado, es competencia del alto tribunal.
Tras declarar de manera voluntaria en diciembre, el magistrado Leopoldo Puente activó los mecanismos para poder investigar formalmente al exministro del PSOE. En concreto, elevó el suplicatorio a la Cámara Baja ante los "bastantes indicios" que implican a Ábalos en esta presunta trama de corrupción con la venta de mascarillas en pandemia.
El Congreso votó este miércoles la solicitud, que avaló por unanimidad. De esta manera, el magistrado instructor ya puede proceder a investigarle formalmente, por lo que podría adoptar medidas tales como investigaciones patrimoniales, requerimientos o incautaciones telefónicas que, hasta el momento, no podía llevar a cabo.
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