Javier Puyol, magistrado en excedencia del Tribunal Constitucional, sobre el caso de Anabel Pantoja: "Es urgente que se resuelva. La menor podría estar en una situación de riesgo"

Ante el ruido mediático y social desatado a raíz del comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hemos pedido a Javier Puyol Montero, una voz autorizada, que aclare algunos de los puntos que más controversia están generando en torno a este proceso que, es importante recordar, está en manos de la Justicia. Puyol Montero es abogado, magistrado en excedencia y letrado del Tribunal Constitucional.

En primer lugar, ante la discusión sobre si se está procediendo o no correctamente, no tiene ninguna duda. "Se está haciendo lo correcto y lo lógico en base a cómo han ocurrido los hechos. Y ha sido así desde el momento en que los padres acudieron al centro hospitalario y los médicos advirtieron que había lesiones que podían ser o bien fortuitas o bien producto de unos malos tratos. La obligación del equipo médico es dar parte inmediatamente tanto a la policía como al juzgado para que se instruya el caso".

Este modo de proceder es igual, según explica en conversación con LA RAZÓN, tanto si se apellida Pantoja como si es un ciudadano anónimo. Considera significativo que la causa no se haya archivado. "La posibilidad de que la menor haya sufrido malos tratos impide que se archive la causa mientras no se tenga absoluta certeza del origen de las lesiones que presenta la menor. Esto misma falta de certeza absoluta de malos tratos explica también que no se haya tomado aún una medida contra los progenitores, como su detención o la entrega de la tutela a los servicios sociales".

Entiende que tratándose de una recién nacida, que no puede expresarse ni mostrar otra señal que ayude a clarificar cómo ocurrió, la investigación se vuelve más complicada. "La petición de las cámaras de videovigilancia para ayudar en la investigación y aporta un dato más, que refuerza la posibilidad de que el daño causado no fuera fortuito sino por una actuación constitutiva de delito", añade.

Por otra parte, Puyol Montero repara en el hecho de que la niña, de dos meses, sea un bebé lactante y con necesidades de apego materno filial muy importantes en el desarrollo temprano. "Esto puede influir en la decisión de no tomar ningún tipo de medida contra los padres. Pero la situación es de una gravedad extrema, porque, en el caso de que finalmente fuesen culpables de un delito de lesiones a la menor, la niña estaría en un entorno poco propicio. Aunque, insisto, no se pueden tomar medidas de detención ni de otro tipo mientras no se tenga la certeza absoluta de los hechos verdaderamente sucedidos con relación a dicha menor. Ni siquiera por prevención, puesto que la niña sufriría un doble perjuicio al ser desprendida de la madre. Indudablemente, la etapa de lactancia se habrá tenido en cuenta. Es algo muy razonable”.