Chaves, Griñán y Álvarez condenados : “Eran conscientes del fraude”

José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por el “caso ERE”, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial y un delito continuado de malversación. La Fiscalía pedía 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En su día, el Supremo quitó a Griñán el delito de malversación por el que ahora debe ir a prisión, a la espera de los presumibles recursos. Manuel Chaves ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial. A Chaves se le condena por un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía pedía 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público. De los 22 procesados, sólo quedan absueltos de todos los cargos el ex interventor Manuel Gómez y el ex jefe del gabinete jurídico Francisco del Río. La sentencia considera a dos décadas de ejecutivos socialistas como responsables del despilfarro de cerca de 700 millones de euros. El fallo apunta al descontrol “absoluto de los fondos” para los ERE.

El fallo señala un “denominador común de todas las ayudas sociolaborales y ayudas empresas, debido al uso de las transferencias de financiación, fue la falta de fiscalización, tanto la debida, realizada con carácter previo por la intervención delegada de la Consejería de Empleo, como la de control financiero, realizada por la intervención delegada de control financiero de IFA/IDEA”. El resultado del método usado por la Junta fue que “una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, al omitirse la fiscalización previa en la Consejería de Empleo”. “El uso indebido de las transferencias de financiación fue reiteradamente denunciado en los informes de la Intervención”, recuerda la sentencia.

De Griñán, se señala que “siendo Consejero de Economía y Hacienda, se siguió haciendo este uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron, incrementando el programa 31L, en lo relativo a las transferencias de financiación al IFA”. Y subraya: “el encausado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó, relatados en los hechos probados. Asumiendo la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”. Sobre el ex consejero Zarrías, el auto señala que “el encausado era plenamente consciente de la patente ilegalidad de los actos en los que participó, conforme a lo anteriormente expuesto”. Manuel Chaves queda en la cúspide: “La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto”. “Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía”, concluye.

De Francisco Javier Guerrero, el director de Empleo durante una década, el tribunal señala que “el encausado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó. Disponiendo de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”. Del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, dice: “Era conocedor de que el Director General no era competente para dar las ayudas. Por consiguiente, el encausado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó, relatados en los hechos probados. Disponiendo, y permitiendo que el Director General de Trabajo dispusiera, de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”. En parecidos términos se refiere el fallo al ex consejero José Antonio Viera.

Del ex consejero Vallejo, se apunta que “como titular de la Consejería, era destinatario de los informes de control financiero permanente del IFA, en los que se deja claro que la financiación de IDEA para hacer estos pagos no debía realizarse mediante transferencia de financiación, y que tampoco cabía la utilización de IDEA como entidad colaboradora”.

Sobre Magdalena Álvarez, se recoge que “era la Consejera de Hacienda cuando se produjo el cambio mediante la modificación presupuestaria de 18 de abril de 2000”.

“Era igualmente conocido por la Consejería de Hacienda, que una vez que el Interventor de la Consejería de Empleo había fiscalizado el expediente de Transferencia de Financiación, era materialmente imposible la fiscalización previa de la concesión de subvenciones”, se apunta en relación a Carmen Martínez Aguayo, ex vicenconsejera de Hacienda y posteriormente consejera. Además, “fue destinataria de los informes de control financiero permanente del IFA. Por lo que tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas en los mismos”.

EL RESTO DE PENAS

El ex consejero Gaspar Zarrías ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. El ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por prevaricación en concurso medial y un delito continuado de malversación.

Por su parte, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo es condenado a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. La misma pena tiene José Antonio Viera.

Magdalena Álvarez es condenada a 9 años de inhabilitación especial. La ex consejera Carmen Martínez Aguayo, 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días.

El ex viceconsejero Agustín Barberá, 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. El ex vicenconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días. José Salgueiro, 9 años de inhabilitación especial. Antonio Vicente Lozano, 9 años de inhabilitación especial.

El ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los epicentros de la trama, es condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día. Su sucesor, Juan Márquez, a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.

El exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado es abuelto de malversación pero condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación.

La ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina es condenada a 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial y es absuelta de malversación.

El ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez debe afrontar 9 años de inhabilitación especial por prevaricación y es absuleto de malversación.

Miguel Angel Serrano,ex director general de IFA/IDEA es condenado a 6 años y 6 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 17 años y un día.

El ex director de IDEA Jacinto Cañete debe afrontar 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial, aunque es absuelto de malvesación.

Sólo quedan libres de todos los cargos el ex interventor Manuel Gómez y el ex jefe del gabinete jurídico Francisco del Río.