Los costes ocultos del plan LGTBI de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz ha pactado con sindicatos y patronal el nuevo plan de igualdad LGTBI dentro de las empresas. Así, las compañías con una plantilla de más de 50 trabajadores (y esto es clave para lo que luego pretendo exponer) deberán planificar medidas y destinar recursos a alcanzar la igualdad efectiva de las personas LGTBI en el ámbito laboral: por ejemplo, prestar cursos de formación para los trabajadores o diseñar protocolos de actuación en casos de acoso o violencia. Además, con tal de garantizar que estas normas se cumplen, se reforzará la inspección de trabajo y se impondrán sanciones a las empresas incumplidoras.

Los habrá que ingenuamente vean este tipo de medidas como netamente positivas: beneficios para las personas afectadas sin perjuicios para el resto de los trabajadores y para la empresa. Pero, por desgracia (y no sólo con este caso específico del plan de igualdad LGTBI), esto no es así. Todas estos planes, medidas y regulaciones que el gobierno les impone a las empresas (éste es sólo el último de los ejemplos) suponen costes que, acumulativamente, resultan muy onerosos para las empresas. Y precisamente porque son muy onerosos, sólo se lo imponen a las empresas con un cierto tamaño: a saber, y por ejemplo, a las que cuentan con más de 50 trabajadores. Con ello se pretende «proteger» a las pymes de menor tamaño aunque, en el fondo, se las termina condenando a que no escapen de ese diminuto tamaño. A la postre, esta regulación (y muchas otras con este mismo o similares umbrales de aplicabilidad) les dice a las empresas: «si tienes 49 trabajadores, no habrás de cumplir con el nuevo plan de igualdad LGTBI, pero si contratas a un trabajador más, sí deberás hacerlo». ¿Cuál es, pues, el incentivo que se institucionaliza? A que las empresas no crezcan por encima de 49 trabajadores: de hecho, si miramos la densidad empresarial española por tamaño de plantilla, veremos en el paso de 49 a 50 trabajadores una caída que no está presente en ningún otro umbral. La hiperregulación estatal de la organización interna de las empresas termina atrofiando su tamaño, socavando la mejoría de la productividad de los trabajadores y, en suma, estancando el aumento de sus salarios.