Las semanas "horribilis" de la ministra Mónica García: sola y en sus horas más bajas

El 2025 no ha empezado bien para la ministra de Sanidad, Mónica García. Las decisiones que ha tomado en las últimas semanas, sus declaraciones públicas y la impulsividad inherente a su perfil de activista le han llevado a cometer errores graves que difícilmente serán pasados por alto por los agentes del sector sanitario.

Su primer patinazo se produjo a mediados de enero cuando, en una rueda de prensa a la que convocó a los medios para hablar de las medidas contra la gripe, anunció orgullosa que su ministerio ya tenía listos los puntos clave de la reforma del Estatuto marco de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

Su intento por apuntase la medalla de ser recordada como la ministra-médico que salvó a los suyos de los anacronismos y las injusticias de un texto obsoleto –el actual en vigor data de 2003– le ha explotado en la cara.

El borrador del texto, que García acusó a los sindicatos de filtrar a los medios, acumula tantas incongruencias y carencias que ha conseguido algo histórico: unir al conjunto de la profesión médica en su contra. Sin fisuras; no se recordaba tal unidad desde las protestas multitudinarias contra Ángeles Amador en 1995.

Hasta el sindicato madrileño Amyts, ideológicamente muy cercano a sus postulados, se manifestó frente al Congreso de los Diputados para dejar claro quesus protestas no eran contra el Servicio Madrileño de Salud, sino contra Sanidad.

Al grito de "Mónica, dimite, el médico no te admite" miles de profesionales han pedido su cabeza dejando claro que cuando la traición viene de quién se ha vanagloriado de tener la misión de dignificar al médico y devolverle el papel que merece en el sistema, es doble.

El escándalo del fármaco no financiado

En el ínterin de esta crisis, este periódico sacó a la luz el escándalo del rechazo –por tercera vez, el pasado 23 de enero– por parte de la Comisión de Precios de los Medicamentos (CIPM), dependiente de Sanidad, a financiar al anticuerpo monoclonal blinatumomab, un fármaco esencial para tratar a determinados pacientes con leucemia linfoblástica aguda (LLA), el tipo de cáncer infantil más frecuente. El fármaco, autorizado por Europa desde 2015 para adultos, se administró de forma gratuita hasta 2017, cuando se denegó su financiación por primera vez.

Pese a la evidencia científica acumulada en su favor, la CIPM lo denegó atendiendo "criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario en el SNS".

Pues bien, para incredulidad de los especialistas implicados en el abordaje de este cáncer y de las asociaciones de pacientes y familiares, la ministra se defendió de esta información como mejor sabe: atacando.

No solo tachó de "bulo" la información difundida por LA RAZÓN, con la consiguiente falta de respeto a los hematólogos y los afectados, sino que, a través de un video en su canal de comunicación favorito, la red social "X", acusó al PP de ser el que tomó la decisión de no financiarlo en 2017, cuando gobernaba, dado que "la empresa farmacéutica pedía un precio desorbitado sin justificarlo". "Los hospitales lo compran y lo administran a los pacientes que lo necesitan, especialmente a niños. No ha habido ningún problema para que lo reciban quienes lo necesitan", explicó.

Una afirmación que desmintieron los especialistas y los pacientes en las páginas de este periódico, explicando que el acceso al medicamento es "una lotería" que depende de "los criterios de cada hospital que, junto a sus servicios de farmacia hospitalaria, es autónomo para decidir si lo compra o no».

Una situación que no es única ni nueva, ya que el retraso en el acceso a la innovación farmacéutica o las restricciones para los pacientes españoles a tratamientos que salvan vidas o mejorar sustancialmente su calidad es una losa que cae sobre nuestro país desde 2018.

Por mucho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se afane en "salir en la foto" con los CEOs de las compañías farmacéuticas para mostrarles su apoyo, los 661 días de espera media en España para que los pacientes accedan a los medicamentos innovadores no tienen contestación ni foto con la que taparlos.

El descrédito con Muface

A los últimos "patinazos" de la ministra hay que añadir la desautorización a su departamento por parte del Gobierno en la crisis de Muface.

Recordemos que Sanidad presentó un informe para demostrar que el SNS tenía capacidad para asumir el traspaso del millón y medio de mutualistas a la Sanidad pública, obviamente, con la financiación adecuada. García y su segundo, Javier Padilla, no cejaron en su empeño de tratar de desacreditar el modelo Muface como una "anomalía" del sistema.

Sin embargo, bastó el rechazo por parte de las aseguradoras a las dos licitaciones iniciales que lanzó el Ejecutivo y la amenaza de huelga en la Administración por parte de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para que el ministro de Función Pública, Óscar López, con el total apoyo del presidente, diera su brazo a torcer e incrementara la última oferta en más de 300 millones.

Por último, hay que recordar el fallido estreno público del Comisionado de Salud Mental, cuyo gran proyecto- el Plan de Salud Mental 2025-27- fue rechazado el viernes por la mayoría de las autonomías (13 frente a 4) en el pleno del CISNS. Entre los motivos, "errores de bulto"- como proponer como indicadores objetivos sobradamente superados en España, o incluso de decrecimiento – y la retirada del aval de psiquíatras y psicólogos al documento. La actuación del ministerio dejó en evidencia a lo lejos que está de la realidad clínica y asistencial en nuestro país.

La comisionada, Belén González, con menos de un año en el cargo y una exposición pública de perfil bajo, ya se ha ganado la animadversión de gran parte de los profesionales de salud mental. Su cruzada "antipsiquiatría" es un callejón sin salida. Toca reflexionar y enmendar, si es que están a tiempo.