El Gobierno desacredita a Mónica García con Muface

La crisis de Muface ha destapado lo que todo el mundo ya intuía pero pocos se atrevían abiertamente a afirmar: que Mónica García no tiene peso alguno en el Gobierno de Pedro Sánchez. Han bastado los rechazos a las dos licitaciones iniciales que lanzó el Ejecutivo por parte de las tres aseguradoras que operan dentro de este modelo –Adeslas, Asisa y DKV– y la amenaza de huelga en la Administración por parte de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para que el ministro de Función Pública, Óscar López, con el total apoyo del presidente, diera su brazo a torcer e incrementara la última oferta en más de 300 millones. Lo suficiente en principio para que Muface siga prestando sus servicios durante otros tres años a los funcionarios, desacreditando así públicamente a la ministra de Sumar, que a lo largo de este periplo sufrido por la mutualidad no ha dudado en mostrar su rechazo a la continuidad del modelo en aras de una supuesta defensa de la sanidad pública que sólo ella parecía entender.

Mónica García ha quedado así presa de su propia inconsistencia y en una posición muy comprometida. Si tan mala le parece la renovación del concierto y el Gobierno al que pertenece hace lo posible por lograrla, ¿por qué no presenta entonces la dimisión? ¿Con qué credibilidad va a defender ahora la ministra el sistema público cuando traga que el Ejecutivo al que pertenece se apoye en el pérfido sector asegurador para mantener la asistencia sanitaria privada de los funcionarios? En lugar de lanzar proclamas vacuas de cara a contentar a sus menguantes electores, García podría emplear sus energías en batallar con Hacienda por más fondos para la sanidad pública del país, aunque parece claro que su opinión no sería tampoco tenida muy en cuenta.