Bruselas respalda que España no pague 101 millones a Antin por las primas a las renovables

La Comisión Europea ha ordenado este lunes que España no abone «ninguna indemnización» a Antin, el fondo luxemburgués, por los cambios en las primas a las renovables. Bruselas considera que este pago supone una ayuda de Estado ilegal que discrimina a los inversores españoles quienes no pueden recurrir a los laudos de arbitraje internacionales en este tipo de situaciones.

España introdujo un sistema de ayudas a las energía en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que posteriormente fue modificado en 2013 con Mariano Rajoy. Antin decidió recurrir ante un laudo de arbitraje internacional que concluyó que España había infringido el Tratado de la Carta de la Energía con esta modificación y que, por lo tanto, debía pagar al fondo luxemburgués 101 millones de euros más intereses.

Bruselas considera que «el laudo arbitral a pagar por España a favor de Antin o de cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir el laudo o cualquier derecho en virtud del mismo es una ayuda incompatible bajo las normas de Ayudas de Estado de la UE». Según explica la Comisión Europea, este tipo de laudos arbitrales entre países dentro de la UE para resolver conflictos con inversores «violan las reglas fundamentales europeas», ya que socavan el «principio de confianza mutua entre Estados» dentro del club comunitario. En este caso, no hay dudas de que se trate de una disputa entre países europeos, ya que este conflicto ha tenido lugar entre inversores de Luxemburgo y Países Bajos contra España.

Según recalca el Gobierno comunitario, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que tiene la última palabra para resolver este tipo de conflictos. De hecho, una sentencia del año 2019 ya sentenció que el mecanismo de resolución de la Carta Europea de la Energía no puede aplicarse a este tipo de disputas.

Esto le lleva a concluir que España no debe pagar «ninguna indemnización» y que nuestro país «debe asegurarse de que no se produzca ningún pago, ejecución o ejecución de laudo arbitral». De hecho, Bruselas apela a los jueces nacionales para que «ayuden a garantizar el cumplimiento», e incluso que tomen las «medidas oportunas» para evitar que se reconozca el laudo en terceros países. Como no se ha realizado ningún pago, no es necesario recuperar ninguna suma. Por eso, el Ejecutivo comunitario insiste en que «España debe seguir resistiendo los intentos de aplicar el laudo, además de no pagarlo voluntariamente».

Más de 25 inversores internacionales han ganado arbitrajes contra España hasta sumar un total de 1.560 millones de euros en indemnizaciones. La decisión conocida ayer puede aplicarse a otros casos, al menos si estos laudos se han celebrado para terminar con disputas entre inversores y Estados europeos.

A pesar del respaldo de Bruselas, la situación se complica cuando hablamos de terceros países. En octubre de 2024, el Tribunal de Apelación de Reino Unido rechazó el recurso presentado por el Estado español y ratificó el fallo judicial de 2023, que obliga a España a indemnizar a Antin. La corte británica descartó que España tuviera «inmunidad soberana» en este caso y rechazó que la jurisprudencia de la UE descartara el mecanismo previsto dentro de la Carta de la Energía.