Un tercio de los barceloneses destina la mitad de su sueldo al alquiler

La situación de la vivienda en Barcelona pone de manifiesto una grave problemática para una gran parte de su población, especialmente en el mercado del alquiler. Según el informe Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley (IDRA, 2024), cerca de un tercio de los barceloneses destina más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler, un porcentaje que supera ampliamente las recomendaciones internacionales, que sitúan el límite de esfuerzo en el 30%. Este dato refleja la magnitud de un problema que afecta a la estabilidad económica y social de miles de familias.

La escalada de precios del alquiler en la ciudad ha sido constante durante la última década, impulsada por factores como la especulación inmobiliaria y la insuficiencia de políticas públicas que prioricen la vivienda asequible. Según el mismo informe, los precios en Barcelona aumentaron un 30,35% entre 2014 y 2023, mientras que los ingresos de las familias no crecieron en proporción. Este desacople económico ha colocado a muchas personas en una situación de sobreesfuerzo financiero. Además, los portales inmobiliarios inflan los precios de oferta, situándolos hasta un 33,83% por encima de los precios reales de los contratos firmados, lo que genera una percepción distorsionada de los valores del mercado.

La inseguridad residencial es otro factor crítico. Más del 80% de los inquilinos en Barcelona han cambiado de vivienda en los últimos cinco años, y el 40% lo ha hecho dos o más veces en ese periodo. Estas cifras son un reflejo de la alta rotación y de la precariedad en el acceso a una vivienda estable. Un porcentaje significativo de estas mudanzas, el 30,8%, son forzosas, derivadas de situaciones como la no renovación de contratos, subidas de precios inasumibles o acoso por parte de los propietarios. Estas dinámicas afectan gravemente a la estabilidad de las familias, especialmente aquellas con menores a cargo, y limitan su capacidad de arraigo en la comunidad y planificación a largo plazo.

La legislación actual no ofrece suficiente protección para los inquilinos. Según el informe, nueve de cada diez contratos en Barcelona son temporales y están sujetos a las fluctuaciones del mercado, lo que deja a los arrendatarios en una posición vulnerable frente a los caseros y las inmobiliarias. Solo un 7,65% de los contratos brindan algún tipo de protección, como los de renta antigua o de alquiler social. En este contexto, la población inquilina queda expuesta a subidas abusivas y desahucios invisibles, que no se registran oficialmente porque se producen antes de llegar a un proceso judicial.

La desigualdad económica también se manifiesta en el impacto diferenciado por tipos de hogar. Los hogares unipersonales son los más afectados, con la mitad de sus integrantes destinando más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler. Las familias con menores a cargo también enfrentan un esfuerzo desproporcionado, destinando en muchos casos más del 40% de sus ingresos a este concepto. Esta presión económica se traduce en una situación de pobreza severa para el 48,1% de los inquilinos en Barcelona, quienes, tras pagar la vivienda, disponen de menos de 561 euros al mes para cubrir otros gastos básicos.

Frente a esta realidad, el informe plantea recomendaciones para abordar la crisis de vivienda en Barcelona. Entre ellas, destaca la necesidad de implantar contratos de alquiler indefinidos, como sucede en países como Alemania o Francia, donde los inquilinos cuentan con mayor estabilidad. También se propone una regulación efectiva de los precios del alquiler, ajustándolos a los ingresos reales de los hogares para garantizar su asequibilidad. Además, se sugiere limitar los usos especulativos de la vivienda, como el alquiler turístico o de temporada, que desvían parte de la oferta residencial hacia fines más lucrativos pero menos sostenibles.