Los olvidados

Más de 600 funcionarios agredidos en 2024, el año más violento en las prisiones catalanas

Las agresiones sexuales a funcionarias también han aumentado por la falta de seguridad en las cárceles. En marzo, Núria López fue asesinada a manos de un interno

Protesta de los funcionarios de prisiones por el asesinato de la cocinera Núria, en Mas d'Enric
Protesta de los funcionarios de prisiones por el asesinato de la cocinera Núria López en la cárcel de Mas d'EnricEuropa Press

La violencia en los centros penitenciarios de Cataluña se ha convertido en un grave problema de seguridad sin vías de solución, ya que Interior ha hecho caso omiso de las reiteradas denuncias de los funcionarios de prisiones. Sólo durante el año pasado, 607 trabajadores fueron agredidos, un 4,3% más que en 2023. Pero sin duda, este terrible año estuvo marcado por el asesinato en marzo de Núria López, una cocinera de 48 años que trabajaba desde 2015 en la cárcel de Mas d'Enric, en Tarragona. El asesino cumplía sentencia por otro homicidio y residía en el módulo para presos más violentos.

"Este brutal asesinato conmocionó a todo el Estado y especialmente al colectivo de los trabajadores penitenciarios", denuncian desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Los mismos que denuncian que el año 2024 se ha convertido en el "más violento" en la historia reciente de las cárceles catalanas. A saber: 945 incidentes violentos, con un total de 607 funcionarios agredidos (528 leves y 79 graves).

Por otra parte, las agresiones sexuales a funcionarias también han aumentado, pasando de 22 en 2023 a 27 en 2024. De ellos, el 59,26% (16 casos) fueron protagonizados por internos extranjeros, mientras que el 40,74% (11 casos) fueron llevados a cabo por internos de nacionalidad española.

Reconocimiento como agentes de la autoridad

A juicio de este sindicato, esta trágica situación que atraviesan los centros penitenciarios se debe a la "nefasta gestión" de la Generalitat: "No nos equivocaríamos al afirmar que el dúo formado por Gemma Ubasart (consellera de Justicia) y Amand Calderó (secretario de Medidas Penales) ha sido el peor de la historia". Sin embargo, aquí también entra el juego el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retienen en un cajón del Congreso la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que permitiría reconocer a estos funcionarios como "agentes de la autoridad".

Desde CSIF alertan una vez más del "preocupante" aumento de incidentes en el Centro Penitenciario Jóvenes, ya que los internos "muestran una clara resistencia a la convivencia pacífica y al cumplimiento de las normas". Sin embargo, siguen siendo las de Brians 1 y Brians 2 las que lideran la lista con mayor número de incidentes violentos. Les siguen Quatre Camins, Jóvenes y Puig de les Basses.

Por todo ello, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios exigen que se amplíe las plantillas para "hacer frente al envejecimiento del colectivo penitenciario", así como que se les reconozca como agentes de la autoridad. Frente a la falta de seguridad, solicitan la renovación de las infraestructuras obsoletas, así como el acceso restringido a los centros de asociaciones que fomenten la violencia contra los funcionarios. También exigen que la "separación efectiva de los internos violentos", que en muchas cárceles no se realiza.

Finalmente, piden el uso de aerosoles como medio coercitivo, tal y como está contemplado en el Reglamento Penitenciario que fue eliminado por el anterior Secretario de Servicios Penitenciarios, así como la administración de medicación diluida para evitar "el uso indebido de fármacos" por parte de los internos conflictivos.