La izquierda recupera la renta antigua de Franco frente a otra rebaja fiscal de Ayuso

La semana en la que Isabel Díaz Ayuso despliega otro paquete de rebajas fiscales y anuncia que defenderá a propietarios frente a inquiokupas, la izquierda rescata a Franco. Más Madrid pretende recuperar el modelo de alquiler franquista y el Gobierno de Pedro Sánchez vincular la sede de la Comunidad con el dictador.

El fantasma del Franco ha vuelto a sobrevolar el debate político. Esta vez, a costa de la vivienda, que encabeza el primer problema de los españoles. La izquierda madrileña, liderada por Más Madrid, ha propuesto recuperar el contrato de alquiler indefinido, un modelo similar al de renta antigua del franquismo que encorsetó el mercado del alquiler durante décadas.

En la región reconocida como referente de libertad económica, con medidas que han favorecido la inversión, el ahorro y la propiedad privada, no parece que vayan a calar las propuestas del partido de Mónica García. La presidenta de la Comunidad ha anunciado, además, menos impuestos y más seguridad jurídica. Tampoco el PSOE está a favor de la propuesta de Más Madrid. Pese al intervencionismo recogido en su Ley de Vivienda estatal, los socialistas en Madrid han dejado claro esta semana que la iniciativa es “ineficaz” e “ineficiente”.

La Asamblea rechazó la toma en consideración de la iniciativa, que Más Madrid ha llevado también al Congreso de los Diputados. Su portavoz en la Cámara regional, Manuela Bergerot, defendió la propuesta, que recuerda a la renta antigua del franquismo. Recuperar el contrato de alquiler indefinido implicaría que los inquilinos pudieran permanecer en una vivienda sin límite de tiempo y con una actualización mínima de la renta, lo que limitaría la capacidad de los propietarios.

El modelo que colapsó el mercado de alquiler a finales del siglo pasado es ahora un ejemplo a seguir para el partido de Mónica García. Entonces, los propietarios dejaron de arrendar sus viviendas por miedo a no poder recuperarlas. Miles de pisos quedaron vacíos, reduciendo durante décadas la oferta de alquiler y encareciendo los precios.

La presentación de la iniciativa, que guarda muchas semejanzas con la vieja ley de la dictadura, ha coincidido con el anuncio de la presidenta de la Comunidad de poner coto a la inquiokupación. Ayuso enviará una carta al Defensor del Pueblo para trasladarle casos de personas que sufren este problema en la región: inquilinos que no pagan la renta de alquiler, una medida que ha recordado en el pleno de la Asamblea y que forma parte del paquete de medidas para proteger a los propietarios en un momento en el que la okupación y los impagos son una preocupación.

Madrid ha implementado bonificaciones fiscales para incentivar el alquiler, apostando por la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada. Frente a las políticas intervencionistas aplicadas en otras regiones, que han ahogado el mercado, Ayuso ha apostado por la libertad de mercado y la seguridad para los propietarios.

El grupo municipal de Vox también ha anunciado que presentará en el pleno del Ayuntamiento una propuesta para implementar un “plan de choque” contra la inquiokupación. Los de Abascal critican que los inquilinos que dejan de pagar el alquiler no puedan ser desalojados porque informes de vulnerabilidad paralizan los desahucios. Vox propone revisar estos informes para evitar posibles abusos y garantizar la protección de los propietarios. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha lanzado contra la iniciativa ya que, en su opinión, insinúa que los servicios sociales del Ayuntamiento no realizan su trabajo y eso es “inaceptable”. “No voy a permitir que se ponga en duda la labor de los trabajadores municipales”, ha señalado.

Mientras los de Abascal tratan de visibilizar en Cibeles la bandera de la defensa de la propiedad, la líder popular anunciaba esta semana el comienzo del trámite de la Ley para nuevas rebajas fiscales en Sucesiones y Donaciones, un estímulo también para la transmisión de inmuebles que no ha pasado inadvertido en la oposición.

El nuevo paquete de rebajas fiscales en la Comunidad fue avanzado por Ayuso en la Cámara y ahora ha sido ratificado para su aplicación. Se trata de la bonificación de hasta el 50 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. La medida amplía las ventajas fiscales ya existentes en la región, donde las herencias entre padres e hijos o entre cónyuges ya disfrutan de bonificaciones del 99 por ciento.

La iniciativa evita que las familias tengan que desprenderse de su patrimonio por no poder hacer frente a una carga fiscal desproporcionada, como ha ocurrido en Comunidades con una fiscalidad alta. Muchas familias se han visto obligadas a renunciar a herencias por la imposibilidad de afrontar el pago de impuestos. Madrid, en cambio, ha apostado por reducir impuestos desde que Esperanza Aguirre fue presidenta de la Comunidad. Con Ayuso, los madrileños han disfrutado de la mayor rebaja del IRPF y la supresión de todos los impuestos propios. La política fiscal aplicada desde 2019 ha tenido un beneficio sobre las familias y también sobre la inversión y el dinamismo económico.

La semana en la que la izquierda mira al pasado y propone medidas intervencionistas, el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirma que la región registró en 2024 un 10 por ciento más de hipotecas que el año anterior, un dato que constata el dinamismo económico frente al modelo del Gobierno, señalan en el Ejecutivo madrileño. De hecho, la presidenta de la Comunidad lo ha dejado claro en el último pleno en la Asamblea. La socialista Mar Espinar le espetó que no aplicaba la ley de Vivienda estatal y Ayuso reconoció: “no pienso cometer los errores que han arruinado a Cataluña, que han expulsado a la empresa, que han fomentado la okupación”. Reconoció que “sus leyes no funcionan y no voy a decirle a un vecino de Fuenlabrada lo que tiene que hacer con su vivienda porque es suya y la propiedad es sagrada”, respondió a la diputada antes de que su portavoz instara al presidente del Gobierno a “sacar sus manos” de la sede de la Comunidad de Madrid.

El enésimo choque entre Ayuso y Sánchez se ha producido a cuenta de la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Histórica, lo que vincularía a la Comunidad de Madrid con el franquismo, entienden en Sol. La presidenta ha rechazado un acuerdo para poner una placa en el emblemático edificio después de que su Gabinete aprobara en diciembre una ley para evitar que la sede de la Comunidad, donde tiene su despacho, se identifique con Franco.