Maduro convoca una Asamblea Constituyente para liquidar a la oposición

Acorralado por las protestas, convoca una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna. El nuevo texto, inspirado en Cuba, refuerza el poder del régimen chavista. Tras conocerse el anuncio, centenares de opositores en Caracas y otras ciudades de Venezuela cortaron calles y avenidas.

Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Constituyente «popular y no de los partidos políticos» para redactar una nueva Carta Magna, cuyos integrantes serán 500. Algunos serán elegidos por circunscripciones y otros propuestos por sectores productivos, empresariales y educación, entre otros.

Un sistema basado en las falsas elecciones cubanas donde todo está escalonado y monitoreadas desde el principio. El confuso sistema hace que algunos sean elegidos por el voto directo y otros no. No habrá sufragio universal. «Convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita el país, para derrotar el golpe fascista, una Constituyente ciudadana, no de partidos políticos. Una Constituyente del pueblo», dijo Maduro ante miles de seguidores congregados en el centro de Caracas por el 1 de mayo.

«He pensado mucho con el alto mando militar y político las opciones estratégicas. Me he encomendado a Dios y a los espíritus protectores de esta patria sagrada, y hoy 1 de mayo anuncio que, en uso de mis atribuciones presidenciales constitucionales y de acuerdo con el artículo 347 de la Constitución, convocó al poder constituyente», aseguró. Anoche, desde el Consejo de Ministros, el jefe de Estado firmó el decreto de convocatoria al proceso.

Tras conocerse el anuncio del régimen de Maduro, centenares de opositores en Caracas y varias ciudades de Venezuela cortaron hoy calles y avenidas. La iniciativa convocada por la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para cerrar las principales vías de circulación del país, apodada el “trancazo", se llevó a cabo en decenas de lugares de toda la capital venezolana y del interior del país.

El este de Caracas, feudo de la oposición venezolana, fue uno de los lugares más afectados por el “trancazo"con el cierre de la avenida Francisco de Miranda, principal vía que comunica esa zona de la capital.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara, aseguró que la respuesta de la convocatoria “superó"sus expectativas pese a que se hizo con menos de 24 horas de antelación.

Todos mañana a trancar las calles en señal de desobediencia contra el golpe del régimen #VzlaContraLaDictadura pic.twitter.com/TP9Ll617Ju

La convocatoria, que se suma a más de un mes de protestas opositoras, fue realizada en rechazo al anuncio del jefe de Estado venezolano de que se forme una Asamblea Nacional Constituyente cojn el fin de lograr la paz del país.

Los opositores alzan pancartas en las que insisten en pedir la renuncia del líder chavista, al que acusan de dictador y de violar la carta magna creada hace 16 años por iniciativa de su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, en un proceso similar.

La iniciativa presidencial fue calificada por los líderes de la oposición como un nuevo “golpe de estado" y una estrategia para demorar las elecciones presidenciales que están previstas según la Constitución para 2018, pero que los opositores han intentado presionar para que se celebren este año.

El proceso implica la elección de unos 500 representantes de la comunidad, a través del voto popular, para conformar un cuerpo legislados que se encargará de redactar o modificar la nueva carta magna.

Esta transformación podría implicar la refundación de todos los poderes públicos, incluso los de elección popular.

Para el Diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad en el estado de Monagas, José Antonio Mendoza, «esta nueva amenaza, atenta en contra un pueblo que eligió a sus diputados de manera democrática y ahora pretenden implementar una constituyente comunal al mejor estilo cubano. Ésta es una nueva acción muy grave». El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se refirió a la posibilidad de que el chavismo convocara a un «proceso popular constituyente». Al respecto, aseguró que es la «decisión final de un golpe de Estado contra la democracia y contra la Constitución».

El régimen de Maduro volvió ayer a reprimir las protestas opositoras con balas de goma y bombas lacrimógenas en Caracas y otros puntos del país. «Un escaparate bochornoso» que no parece importarle al presidente venezolano. La oposición seguirá en las calles con el reto de mantenerlas calientes. Desgraciadamente para que la gente siga marchando y los medios internacionales no miren para otro lado, parece necesaria una revolución que bien podría acabar en derramamiento de sangre. Decenas ya han caído y centenares están presos. La situación económica es insostenible. Son los antecedentes de un «estallido social». Como se ha demostrado en abril, por las buenas nada cambia en Venezuela.

Con la Asamblea Nacional prácticamente inhabilitada –los diputados tan solo pueden aprobar algunos tratados menores pero no leyes ni creaciones de empresas–, el Supremo y el Consejo Nacional de han convertido en los dos arietes fundamentales de la guerra del régimen contra la oposición.

Los magistrados han absorbido «de facto» los poderes del Parlamento aprobando leyes –mediante sentencias maquilladas e incluso el último presupuesto general, además de procesar a líderes y estudiantes sin cargos suficientes, algo que ya ha denunciado la Fiscalía General. En una «caza de brujas» legalizada por la corte chavista. Muchos de estos presos políticos acaban compareciendo ante tribunales militares, algo completamente ilegal. Otros son recluidos en cárceles de alta peligrosidad, verdaderos «mataderos» donde todas las semanas mueren decenas de reclusos por motines o disputadas internas. En estos infiernos tienen que aguardar sentencia los antichavistas.

Por su parte, el Consejo Nacional ilegaliza partidos y pone trabas para que otros junten las firmas necesarias en un nuevo proceso de legitimación que los funcionarios han abierto en un tiempo récord. La intención es desmembrar a la MUD. Pero sin duda el pecado más grave del CNE. Todavía no ha convocado elecciones regionales, que deberían de tener fecha desde 2016.

En las calles, el Gobierno utiliza a los motorizados, a la Policía y a la milicia popular para mantener a raya a las manifestantes, aunque la situación está cambiando y la gente está perdiendo el miedo.