Enfermos de Crohn y de cáncer excluidos del «medicamentazo»

Madrid- El Ministerio de Sanidad hizo pública ayer en su página web las excepciones al «medicamentazo» y el listado de los 426 fármacos que saldrán de la financiación pública «en los primeros días del próximo mes de agosto», según dijo la ministra Ana Mato el pasado miércoles.

En un documento de la secretaría general de Sanidad y Consumo, firmado por el subdirector general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios, Carlos Lens, establece siete subgrupos que no tendrán que abonar los fármacos que salen del sistema nacional de salud y que se utilicen exclusivamente para tratar las siguientes patologías: enfermedad de Crohn, colon irritable y diverticulosis, encelopatía portosistémica y paraplejia, pacientes oncológicos, claudicación intermitente, carcinoma basocelular superficial y condiloma acuminado, pacientes neoplásicos con tos persistente y síndrome Sjögren.

El documento enumera uno por uno los fármacos que dejarán de financiarse, sobre todo medicamentos sintomáticos como los de resfriados y catarros, los antiinflamatorios o los protectores estomacales. En la lista también hay productos pediátricos como Acetuber, Tuscalman supositorios, Taguinol Sol gotas y Tiorfan.

El ministerio hace oficial el nombre de los 426 medicamentos afectados dos días después del Consejo Interterritorial de Salud, en el que Ana Mato, trasladó a los consejeros autonómicos la lista definitiva de 19 tratamientos y los principios activos que quedaban excluidos y que fue avalado por el 85 por ciento de los asistentes, según confirmó el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, en su comparecencia ante los medios.

La ministra explicó que la medida afecta a los fármacos de baja utilidad terapéutica y síndromes menores. De hecho, el 95 por ciento de los mismos no recibe financiación pública en ningún país de la Unión Europea. «El Nomenclátor llevaba 15 años sin cambiar y hay que actualizarlo para retirar los que tengan poca utilidad, lo que va a suponer un ahorro de 458 millones de euros», aseguró.

Algunas comunidades, como la andaluza, criticaron la medida y dijeron que sólo habían recibido el listado de los tratamientos afectados y pidieron tiempo para examinar la lista antes de su exclusión definitiva de la financiación publica.