Policías y guardias destacan que la división política del Gobierno y sus socios ha favorecido la seguridad de todos los españoles

La división parlamentaria entre los socios que sostienen al Gobierno ha terminado siendo el principal aliado de los policías nacionales a la hora de tumbar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, según destaca la Confederación Española de Policía (CEP).

Subraya que todo esto ha ocurrido “después de año y medio de polémicas por una iniciativa que se ha desarrollado de espaldas a los profesionales de la seguridad pública. La puntilla a este proyecto de modificación normativo mantiene el escenario actual, en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán seguir recurriendo a la principal herramienta que vertebra las intervenciones policiales frente a actuaciones incívicas y/o violentas”.

“Esa garantía, que CEP ha venido reclamando durante todo este proceso, es clave para el mantenimiento de un modelo policial que descansa en la responsabilidad de los agentes y en la aplicación de los recursos legales a nuestro alcance bajo principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad y no, como falsamente se ha sostenido para construir un relato que permitiera el recorte de la mal llamada “ley mordaza”, desde la arbitrariedad”.

“La forma en la que se ha impulsado esta iniciativa parlamentaria –agrega-- ha llevado a CEP a posicionarse en contra de ella en reiteradas ocasiones. Y el principal motivo ha sido que las propuestas que planteaban diferentes grupos parlamentarios afectaban nuclearmente al trabajo policial, a la seguridad personal de los policías y a la calidad del trabajo que desarrollamos en toda España frente al repunte de la delincuencia violenta, contra el que el peor mensaje que se puede lanzar es que la conveniencia política puede abrir la puerta a la impunidad”.

“Como siempre defendemos que la seguridad ciudadana es una parcela que necesita mantenerse alejada de la disputa política y de intereses partidistas. Sólo desde ese respeto puede entenderse que la convivencia descansa en la aplicación equilibrada de la protección de los derechos y libertades y la firmeza democrática frente a la violencia y al delito. Esa y no otra debe ser la principal lección a extraer de todo este proyecto de reforma legal, que ha sacado a las calles a miles de profesionales de la seguridad pública”, concluye.

Por su parte, Mónica Gracia, secretaria general del SUP, ha señalado que "la sensatez ha imperado en esta comisión de interior. Si está ley se aprobase estaríamos hablamos de un retroceso para ejercer la labor policial y sobre todo afectaría especialmente a la ciudadanía dando más privilegios a los que alteran el orden público que a los que velan por la seguridad de los ciudadanos. Por lo menos tenemos algo que celebrar en estos tiempos tan difíciles para las Fuerzas de Seguridad”.

“Desde AUGC vemos favorable que esta Ley no salga adelante ya que según veníamos denunciando esta modificación resultaba perjudicial para el conjunto de la ciudadanía, así como para el trabajo que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que a nuestro parecer una Ley Orgánica que ha venido utilizándose con total normalidad desde su aprobación, ahora se pretendía acometer una reforma que la llenaba de inseguridad jurídica tanto para los integrantes de los cuerpos policiales, como para la ciudadanía. Era también una decisión que resultaba altamente inoportuna en un momento en el que, como hemos denunciado reiteradamente, sigue creciendo el número de agresiones a los agentes”, ha señalado un portavoz de la asociación..